Transparencia Venezuela, 13 de febrero de 2019.- El estado Mérida y particularmente su ciudad capital, no ha escapado de la problemática nacional de suministro de gas doméstico.

Ante la falta del servicio, los ciudadanos se ven obligados a realizar largas colas en las empresas distribuidoras y en las plantas de llenado, pagar altas sumas de dinero a los choferes de los camiones repartidores, tener que cocinar y bañarse en casa de amigos o familiares con mejor suerte o, simplemente, acudir a métodos más rudimentarios como cocinar con leña. En una ciudad en la que las recurrentes bajas temperaturas obligan a consumir los alimentos calientes o a tomar duchas con agua caliente,  este problema también significa una merma en la calidad de vida de los habitantes.

Para contextualizar la problemática ofrecemos las siguientes miradas: la cadena de prestación del servicio, las decisiones tomadas por el gobierno, la situación de las empresas privadas y, finalmente, la del usuario.

Comprender la cadena de suministro del servicio de gas doméstico

Existen eslabones que componen la cadena operativa que permite su distribución a los hogares merideños:

Distribución: Consiste en el transporte primario del producto desde la refinería de Puerto La Cruz, vía marítima desde el terminal Guaraguaoa  a los llenaderos en todo el país. Las embarcaciones que realizan estos traslados son contratadas a empresas foráneas, dado que la flota nacional no está en condiciones operativas para hacerlo. Para cubrir la demanda de la región occidental, operan actualmente dos plantas de llenado: Bajo Grande, ubicada en la vía Machiques y Ulé, ubicada en Cabimas, ambas en el estado Zulia. Según el gerente de Gas Comunal de Mérida estas dos plantas surten de gas a 12 estados.

Transporte: Desde las plantas de llenado distribuidoras de la zona occidental a las empresas distribuidoras de gas en el estado Mérida, actividad que está monopolizada por la empresa estatal PDV Gas Comunal. En el estado Mérida hay seis plantas de llenado, tres privadas y tres propiedad del Estado, y para atender la demanda en la capital funcionan dos plantas de llenado privadas (Arsugas y Busgas) y una pública PDV Gas Comunal, ubicadas en las afueras de la ciudad de Mérida. También el transporte desde las plantas a las empresas distribuidoras minoristas y los clientes.

Según explicó una fuente ligada al sector, los retrasos en el suministro de gas se deben a factores difíciles de controlar por el sector privado que sigue teniendo participación en la fase minorista: uno de estos factores, tiene que ver con el traslado marítimo desde Puerto La Cruz a los llenaderos, que es ejecutado por embarcaciones extranjeras. Para que se pueda vaciar el producto desde las embarcaciones, el servicio debe estar pagado en su totalidad. Si no se ha cancelado, no se procede al llenado. En vista de las implicaciones logísticas y económicas para realizar estos pagos a tiempo, como parte del contexto-país actual, algunas veces se producen retrasos que inciden en los tiempos de toda la cadena.

Otro factor es la emergencia eléctrica, especialmente en el estado Zulia donde se producen eventuales apagones en los llenaderos y, cuando esto ocurre, se necesitan al menos entre dos o tres días para reactivar las plantas.

El 23 de octubre de 2018 ocurrió un accidente en la planta de llenado Bajo Grande, que cobró la vida de tres trabajadores, obligó al cese de actividades durante un tiempo y concentró la demanda en la planta Ulé.

El gas en manos del Gobierno

Existen otros factores que inciden en la agudización de la problemática.En el año 2007, Pdvsa adquirió las empresas Vengas (empresa privada que funcionaba en la ciudad de Mérida) y Tropigas, y surge PDV Gas Comunal a finales de ese año. Según portales oficiales, estas empresas concentraban el 60% del suministro de gas a todo el territorio.

Con la creación de PDV Gas Comunal “se proyecta tener una sola empresa de distribución de GLP (Gas Licuado de Petróleo), con plantas de llenado administradas y controladas por las mismas comunidades”.

Según el portal de Pdvsa, PDV Gas Comunal tiene el control del 100% de la distribución de gas licuado, con un 56% de forma directa y otro 44% a través de empresas privadas regidas por contratos de servicio.

La crisis del suministro de gas ha tenido, como toda crisis, sus altos y bajos. Uno de los momentos más álgidos se vivió en Mérida en el año 2015. Cinco empresas distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Arsugas, Busgas y Gases de Tovar con sus respectivas plantas de llenado, y las distribuidoras de gas y cilindros, Mérida Gas y Mattera Gas, fueron ocupadas de manera temporal por un lapso de tres meses, por funcionarios del Gobierno nacional (pertenecientes al viceministerio de Gas, del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y a Gas Comunal), por orden de José Gregorio Prieto, viceministro de Gas, mediante Oficio/Código VMG-O-2015 189 dirigido Gustavo Ramos, presidente de Gas Comunal, S.A.. La intervención de la empresa Arsugas se extendió aproximadamente siete meses más

Los funcionarios señalaron que la medida fue ejecutada para tratar de solventar los problemas de distribución del gas doméstico en el estado, debido a que las empresas privadas presentaban problemas con su flota de vehículos primarios y en la fabricación de cilindros.

En septiembre de 2015, el equipo que realizó la toma de estas empresas afirmó que en dos meses de ocupación se elevó la cantidad de gas que se suministra a las plantas de llenado de Mérida hasta 126.170 litros por día, indicador que había caído a 37.640 litros por día. Igualmente detalló que con la ocupación, la cantidad de cargamentos de gas transportado hasta Mérida se elevó a 30 unidades semanales, luego de que la empresa privada dejara caer el flujo de transporte a menos de 15 unidades semanales.

Pero los anuncios son contradictorios: a pesar de que en el portal de Pdvsa se afirma que PDV Gas Comunal posee el 56% del control de mercado en forma directa, el equipo interventor señaló que “Gas Comunal atendía sólo al 29% del mercado, mientras que las empresas privadas se ocupaban de 71%”. 

En la actualidad, las deficiencias en la prestación del servicio han empeorado. En diciembre de 2018 fue conformado el Estado Mayor del Gas, con la participación de la Zona Operativa de Defensa Integral número 22, el “protector” del estado designado Jehyson Guzmán, los alcaldes oficialistas, los “protectores” municipales, el gerente general de Pdvsa Gas Comunal en la Región Occidente y representantes del sector privado, con la finalidad de buscarle una solución, trazando la meta para el 15 de diciembre de tener recuperado el servicio de gas. Esta meta no ha sido cumplida.

Los retos que enfrentan las empresas privadas

Entre las principales empresas privadas de distribución de gas doméstico con las que se contaba en la entidad andina, se encontraban Comercial Mattera, Busgas C.A, Mérida Gas, Arsugas, Sabaneta Gas, Tovar Gas, Beatriz Gas, Vigía Gas, Araujo Gas y Vengas, hoy en día PDV Gas Comunal, propiedad del Estado.

Actualmente operan cinco  empresas privadas: Busgas, Gases Tovar, Arsugas, Mérida Gas y Mattera Gas, todas empresas familiares de larga trayectoria en la ciudad.

Además de las amenazas de intervención (e incluso expropiación en algunos casos) bajo las que las empresas privadas de gas doméstico han tenido que operar, éstas se enfrentan con otros retos que las han llevado incluso a replantearse su permanencia en el mercado.

El Gobierno es el propietario de la mayor parte de las flotas de vehículos pesados, así que aunque existe participación privada en la distribución final, no tienen capacidad para abastecer todo el mercado. Como ya se mencionó, el segundo eslabón de distribución depende del PDV Gas Comunal que antes movilizaba unas 15 gandolas semanales para la empresa privada y actualmente solo llegan una o  dos semanales.

Hasta hace ocho años, el Gobierno cubría los costos originados en cada una de las cadenas mencionadas anteriormente. Desde entonces, solo cubre una parte irrisoria, basada en datos que no se corresponden con la estructura de costos real de las empresas distribuidoras, por lo que éstas incurren en pérdidas si cobran las tarifas reguladas, así que están forzadas a ajustar las tarifas para poder seguir operando o quiebran.

Gran parte de la flota de “bombonas” ya están obsoletas y fuera de servicio. Uno de estos cilindros, con el debido mantenimiento y revisión cada siete años, puede durar un poco menos de 30 años, según nos informó una fuente conocedora del sector. Las empresas privadas no cuentan con los recursos para renovar las llamadas “bombonas”. Esto impide que se puedan incorporar nuevos suscriptores al servicio y, por ende, cubrir una mayor cuota de mercado.

Los altos costos para el mantenimiento de la flota de vehículos, impide que esta sea ampliada y mejorada, lo cual influye en la calidad y oportunidad del servicio. Si alguna de las empresas distribuidoras en el estado contrata un vehículo para transportar el gas directamente desde las plantas de llenado del Zulia, debe asumir todos los  gastos, afectando su estructura de costos y, por ende, las tarifas a cobrar.

La inestabilidad monetaria y los continuos ajustes salariales, también impiden la inversión en otros rubros que permitan mejorar la distribución. Es de destacar que la mayoría de las empresas privadas no han podido controlar, hasta ahora, las acciones de su personal repartidor de “bombonas” a los hogares y residencias (condominios o edificios).  Estos trabajadores, sabiendo que tienen poder de arbitraje, cobran a los usuarios cantidades muchos mayores al precio regulado a cambio de garantizar la frecuencia en el surtido del producto, quedando a su juicio la selección de los usuarios a los que se les despachará y a los que no.

Por otra parte, se ha observado una merma en la cantidad de oficinas comerciales de atención al público, así como en los mecanismos de prestación del servicio tales como atención de llamadas telefónicas, oficinas de pagos, reclamos, entre otros.

Es importante recordar que si ocurren retrasos en el suministro del producto en los llenaderos ubicados en el Estado Zulia, esto afecta directamente el suministro a los puntos de distribución y venta y, por lo tanto a los hogares. Y este es un factor que escapa del control privado.

Las penurias de los usuarios

Pese a todos los anuncios desde el gobierno para mejorar el suministro de gas, actualmente (febrero 2019) se siguen observando largas colas en todas las comunidades y en las plantas de llenado para la compra del gas.

Los habitantes de las comunidades han recurrido al  cierre de avenidas y a la retención de camiones encargados de repartir las bombonas, para ser escuchados y atendidos, particularmente por las dos principales empresas que están cubriendo el servicio, Arsugas y PDV Gas Comunal.

Asimismo, los usuarios deben llevar sus cilindros a las plantas que están operativas desde muy tempranas horas de la mañana, para que puedan ser llenados sin importar a qué empresa pertenecen, permaneciendo allí por muchas horas, incluso días. Testimonios dan cuenta que en el llenado de la empresa Busgas, hay que dejar el cilindro por un período de un mes o más hasta poder retirarlo.

Se han presentado situaciones en la planta de llenado PDV Gas Comunal que se ubica en las afueras de la ciudad de Mérida, que han afectado la seguridad e integridad de las personas que deben pernoctar allí desde las primeras horas de la madrugada. No existen operativos de seguridad por parte de las autoridades competentes, por lo que se han presentado robos de objetos personales e, incluso, de bombonas.

El usuario también debe enfrentar los cobros elevados por parte del personal que reparte las bombonas en los camiones de las compañías tanto públicas como privadas. Según algunos usuarios, en el caso de PDV Gas Comunal no está operativo el servicio telefónico de atención al cliente, por lo que se debe acudir a la oficina comercial en donde, si bien registran el pedido, recomiendan al usuario estar pendiente cuando pase el repartidor por la zona y contactarlo directamente. Cuando se logra contactar, se puede pagar hasta 8 veces el valor de la bombona al repartidor para asegurar el servicio.

Cada uno con su cruz

Carlos Calderón, parroquia Mariano Picón Salas. Tiene cilindro grande y para llenarlo, solicita el servicio vía telefónica  a la empresa de PDV Gas Comunal, pero su espera puede tardar hasta tres meses.

Darwin Contreras, parroquia Antonio Spinetti Dini. Generalmente el camión distribuidor tarda un mes en pasar a vender las “bombonas” con gas. Los vecinos realizaron protestas, trancando el paso de vehículos y con esta acción la respuesta fue inmediata.

Carmen Uzcátegui, San José de las Flores, parroquia Antonio Spinetti Dini. El servicio lo presta una vez al mes la empresa Arsugas. Como medida de presión han cerrado el paso vehicular. Ante esta situación el gerente de la empresa José Luis Rodríguez, se comprometió a despachar el servicio cada quince días, sin embargo, no cumplió el acuerdo.

Angie, parroquia Domingo Peña. La empresa que surte cada torre del conjunto residencial es Busgas. En 2018, la empresa llenó 3 veces la bombona en la torre. La entrevistada comentó que los vecinos tienen que pedirles a las personas que manejan el vehículo de la empresa PDV Gas Comunal que les llene las bombonas. El costo por apartamento de cada torre es de Bs.S 670, para un total de BsS. 10.050 por el llenado de media bombona, que solo cubre  15 días de consumo.

Johan Villamizar, parroquia Mariano Picón Salas. Debe llevar la bombona a la planta de llenado de la empresa Busgas a las 2 de la mañana y dejarla allí para que la llenen. La bombona ha permanecido tres meses y aún no ha sido posible que la entreguen llena.

Ana Valero, parroquia Mariano Picón Salas. La Empresa PDV Gas Comunal envía el camión distribuidor solo  una vez al mes. Los vecinos han cerrado varias veces la principal avenida de la zona e incluso  han retenido vehículos de la empresa que no cubren con toda la demanda.

Los residentes en edificios, también sufren las consecuencias de las fallas del suministro del servicio. En un condominio de las Residencias Las Tapias, un usuario comentó que suelen tener gas durante 7 u 8 días continuos y que cuando se acaba, deben esperar unos 4 ó 5 días para el llenado, que no se realiza al 100%. Refirió y que no hay una empresa fija que esté prestandoles el servicio actualmente.

Otro usuario, residente en un edificio ubicado en el sector Santa Bárbara, explicó que reciben el servicio una vez al mes y que la compañía que les surtía no volvió a prestar servicio, por ello  deben contratar otra compañía, pagar altas sumas de dinero en efectivo e, incluso, ofrecer alimentos de la cesta básica al repartidor.

En conjunto residencial, en el Barrio Sucre, en las adyacencias de la avenida Las Américas de la capital, los vecinos informaron que reciben el servicio por parte de la empresa Busgas cada dos meses aproximadamente, que el llenado se hace a un 85% de la capacidad y que, hasta ahora, no han tenido que pagar más de lo convenido. Sin embargo, el condominio se ha visto obligado a racionar el servicio para no sufrir interrupciones prolongadas del recursos.