La denuncia es una acción urgente en la lucha anticorrupción, por lo que es imperativo exigir a las autoridades la eficaz aplicación de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, para el resguardo de la integridad de quienes exponen a los corruptos

Transparencia Venezuela, 23 de junio de 2020. En un contexto como el venezolano, en el que la Gran Corrupción constituye la causa de la crisis humanitaria compleja que padecen los venezolanos, es imperativa y perentoria la lucha anticorrupción, como primer paso para rescatar la institucionalidad y poner fin a la impunidad. En virtud de lo cual, la denuncia es la acción más importante y, quizá, la más difícil de emprender. Los denunciantes se han convertido en una suerte de héroes, valientes, y con valores extraordinarios al atreverse a reportar la comisión del delito, y exponer a los corruptos.  La denuncia supone la posibilidad cierta de enfrentar retaliaciones y represalias, que muchas veces pueden atentar contra su integridad física y la de su familia. En otras ocasiones, las amenazas se cumplen, ya que no existen mecanismos para proteger a los denunciantes, o no son implementados adecuadamente.

Los instrumentos internacionales en materia anticorrupción plantean una serie de obligaciones para los Estados que, entre muchas, van desde el fortalecimiento de sistemas anticorrupción, la adecuación de los marcos normativos nacionales, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, hasta la adopción de políticas públicas anticorrupción. En este marco, una de las principales obligaciones que tienen, y que suele ser olvidada, e incluso desprestigiada, por los gobiernos, es la protección a las víctimas y/o denunciantes de hechos de corrupción. El denunciante es un eslabón de la lucha anticorrupción que lejos de ser una carga para los Estados, se constituye como un estadio necesario para promover la transparencia, fomentar la integridad y detectar a los corruptos y sus acciones. En la mayoría de los casos, el denunciante es un funcionario público con acceso y oportunidad para conocer de primera mano estos hechos.

Sin embargo, no existe la garantía que sobre su integridad deben tener las víctimas y/o denunciantes. El miedo a represalias, discriminación o desmejoras laborales socava la iniciativa hacia la denuncia.  Esta situación debe revertirse, si queremos sociedades más proclives a ejercer el derecho a la contraloría y monitoreo de la gestión pública y, en definitiva, que se investigue y se castigue a los corruptos. Es necesario crear condiciones para promover la denuncia sin generar riesgos a quien las hace, para visibilizar y penalizar los hechos de corrupción e impulsar la rendición de cuentas en los gobiernos. 

Ello requiere, no solo de voluntad política, sino de reformas jurídicas e institucionales necesarias para cumplir con los requisitos establecidos en la doctrina internacional. También, definir el apoyo y los recursos disponibles para emprender estas reformas, incluso, poner de relieve los asuntos técnicos y procedimentales para lograr una real protección de las víctimas y/o denunciantes. 

Transparencia Venezuela ha realizado esfuerzos para generar espacios de denuncia sobre hechos de corrupción que brinden mayor seguridad a las víctimas y denunciantes, tal como Dilo Aquí, demostrando la importancia del tema y la necesidad de protección frente a un Estado que puede estar ausente o con tareas pendientes en la materia. El  marco jurídico venezolano cuenta con la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, cuya aplicación merece una revisión exhaustiva por parte de las autoridades, así como los recursos destinados a la implementación de esta ley. 

Hoy, en el Día Internacional del Denunciante es una oportunidad para exigir a las autoridades la eficaz aplicación de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, para el resguardo de los denunciantes de la corrupción en Venezuela.