Solicitar dinero durante un procedimiento policial, allanamientos arbitrarios, privación ilegítima de libertad, retención de documentos de identidad, torturas y tratos crueles e incomunicación de personas detenidas, son los delitos más frecuentes en los que incurren los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones.

Así se detalla en el Manual contra la Corrupción Policial, publicado por Transparencia Venezuela, en el cual se exhorta a la ciudadanía a no guardar silencio frente a estas situaciones y a denunciar oportunamente para minimizar este tipo de irregularidades en los cuerpos policiales.

En el manual, además de explicar en detalle los tipos de delitos, también se específica cuáles son los pasos que deben seguir los ciudadanos a la hora de denunciar una conducta inapropiada por parte de un funcionario policial y que constituya un delito.

El Ministerio Público, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, la Policía Nacional Bolivariana y la Defensoría del Pueblo, son las instancias a donde una persona debe acudir en caso de ser víctima de algunos de los delitos mencionados en principio.

La denuncia, detalla el manual, es la vía más idónea para sanear los cuerpos de seguridad en el país y evitar así que la actuación indebida de algunos policiales empañe la imagen de la institución.

“El abuso de autoridad, la extorsión, el uso ilegal de armas de fuego reglamentarias, entre otras actividades ilícitas, perjudican a los órganos de seguridad del país en su lucha por la justicia y la garantía de la seguridad ciudadana”, indica el manual.

La denuncia es la mejor herramienta que tiene el ciudadano para la transformación del país, pues hace visible el abuso y promueve el cambio.

En el manual Contra la Corrupción Policial se explica que los integrantes de los cuerpos de seguridad son los encargados de proteger a la ciudadanía, son garantes de la paz social, pueden intervenir en conflictos como mediadores y son el brazo ejecutor de las decisiones del Estado en materia de orden público. A esto se suma la responsabilidad de los uniformados a la hora de emprender acciones que conlleven a la prevención de un delito.

Asimismo, los funcionarios policiales están en el deber de cumplir mensualmente con los procesos de rendición de cuentas, tanto a lo interno como a lo externo y de garantizar los mecanismos necesarios para que las acciones y decisiones implementadas sean de conocimiento público.

En los cuerpos de seguridad, deben existir oficinas de atención al ciudadano; estos despachos son creados con la intención de procesar las quejas de los pobladores relacionadas con el comportamiento de los funcionarios policiales.

“Ningún ciudadano debe dejar pasar un abuso de poder. Es preciso que se formule la denuncia. Muchas veces por el desconocimiento de la Ley se le permite al policía cometer irregularidades, como solicitar dinero a cambio de prestar servicio o pasar por alto una infracción”, se desprende del manual.

Transparencia Venezuela, también pone al servicio de la ciudadanía su portal web www.transparenciave.org y su correo electrónico [email protected] para que introduzcan cualquier denuncia que represente un acto de corrupción por parte de los funcionarios policiales. La organización protege la identidad del denunciante.