El quinto informe de “Economías Ilícitas, bajo el manto de la impunidad” muestra cómo las debilidades institucionales, la corrupción y la crisis migratoria propician prácticas criminales, como la trata de personas, que afectan principalmente a la población más vulnerable del país
Transparencia Venezuela, 28 de agosto de 2023. La esclavitud moderna y la trata de personas son fenómenos que registran un ascenso sostenido alrededor del mundo, y Venezuela no escapa de esta realidad. Por el contrario, el contexto de crisis política, económica y social de los últimos años, aunado a los altos índices de corrupción que existen en el país, según recientes informes, han sido terreno fértil para esas prácticas con fines de explotación sexual, trabajo y mendicidad forzados, adopción irregular y reclutamiento por grupos armados irregulares, con mayor impacto en poblaciones vulnerables como mujeres, niñas y adolescentes; comunidades indígenas y migrantes, entre otros.
Al respecto, Vínculo entre economías ilícitas y esclavitud moderna, el quinto informe de Economías Ilícitas, bajo el manto de la impunidad, hace una aproximación a las distintas formas de esclavitud moderna presentes en el país, estableciendo conceptos clave y los elementos que configuran estas prácticas, que hoy en día constituyen un mercado criminal equiparable a ilícitos como el narcotráfico, los delitos contra los recursos no renovables y el tráfico de armas, según el Índice Global de Crimen Organizado 2021.
Para ayudar a comprender el vínculo que hay entre corrupción, economías ilícitas y esclavitud moderna, el informe examina el marco jurídico venezolano que regula estos delitos y analiza la situación en Venezuela; más específicamente en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Táchira y Zulia; y parcialmente en Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta, producto de la investigación documental realizada. Para el reporte se hizo énfasis en los casos de los estados Sucre, Bolívar y Zulia, donde se realizaron investigaciones de campo a finales de 2022 e inicios de 2023.
Vínculo entre economías ilícitas y esclavitud moderna resume también las debilidades institucionales que generan, facilitan o permiten las prácticas de esclavitud moderna, así como los hechos de corrupción que vinculan a instituciones públicas y funcionarios inescrupulosos que propician dichas prácticas. Además, el informe incluye un inventario de las organizaciones civiles que, ante la debilidad y la corrupción institucional, ofrecen atención especializada a las víctimas y sobrevivientes de esclavitud moderna y trata de personas.
Por último, propone una serie de lineamientos generales para la creación de políticas públicas destinadas a erradicar los mecanismos de esclavitud moderna asociada a las economías ilícitas en Venezuela, líneas de acción que serán desarrolladas en detalle en las recomendaciones finales del proyecto.
Control y explotación
La esclavitud moderna es un término general que incluye la trata de personas por sexo, trabajo u órganos; prácticas de explotación laboral, trabajo infantil y matrimonio precoz y forzado. En tanto que, en la trata de personas, el traficante se vale del engaño, las mentiras, la coacción o el abuso, aprovechando la situación desfavorable de las víctimas, para conseguir una posición de dominación y control sobre estas.
En Venezuela la trata de personas constituye uno de los mercados criminales de mayor importancia. El fenómeno suele asociarse con la esclavitud sexual, pues, de acuerdo con el primer boletín de trata de personas del Clúster de Protección del país, este es el principal objetivo de este delito, cuyas víctimas son principalmente adolescentes y mujeres de entre 13 y 35 años. No obstante, también hay presencia del trabajo forzoso; por lo general, vinculado con la minería ilegal y el tráfico de chatarra, así como mendicidad forzada, adopción irregular y el reclutamiento por grupos armados irregulares.
Pese a la existencia de un robusto marco jurídico nacional e internacional, con convenciones suscritas por Venezuela y leyes que tipifican y sancionan la trata de personas, las debilidades institucionales y la corrupción, aunado a la crisis migratoria de los últimos años, han convertido al país en terreno fértil para estas prácticas.
Una de las principales deficiencias institucionales a las que hace referencia el informe es la falta de capacidad técnica para atender los casos, debido a la ausencia de personal especializado y de equipos multidisciplinarios; especialmente, en el Ministerio Público. Debido a esto, la respuesta del Estado hacia las víctimas es débil, dejándola en una situación de desprotección jurídica.
Para Vínculo entre economías ilícitas y esclavitud moderna, Transparencia Venezuela realizó un exhaustivo trabajo documental durante los últimos dos años, creando una matriz sobre casos de esclavitud moderna, a través de acusaciones realizadas por el Ministerio Público (10) y noticias publicadas en medios (24), así como 12 informes de la sociedad civil y de la prensa. Sin embargo, al contrastar la cantidad de notas de prensa publicadas con el número de casos en conocimiento del Ministerio Público (330), es evidente que hace falta información.
Por otro lado, la investigación señala cómo el patrón de gran corrupción causante de la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta el país; la captura del sistema de justicia y la prolongada crisis económica, que ha empujado a más de 7,2 millones de venezolanos a la migración forzada, han sido elementos claves para el auge que experimentan la esclavitud moderna y la trata de personas en el país.
Captación, traslado, recepción y explotación son las cuatro fases de este delito, en las que la corrupción actúa facilitando su comisión. A ello se suma la acción de los grupos criminales que operan en el territorio nacional, que ha llevado a que, por ejemplo, la actividad pesquera y el turismo del estado Sucre queden relegados ante la trata de personas y el narcotráfico; que en Bolívar la pobreza, la trata y la prostitución vayan de la mano con la explotación minera ilegal, y que en Zulia el silencio y el temor enmascaren un fenómeno que gana cada día más terreno.
En el contexto migratorio, los riesgos de ser víctima de trata de personas están asociados a la falta de documentos de viaje, como pasaporte, prórrogas o visas, solicitados por el país de tránsito o destino en los que los funcionarios públicos de seguridad y migración, en las fronteras terrestres y marítimas, tienen el control. En los casos de esclavitud laboral y sexual, los encargados de evitar que estos ilícitos se cometan son las autoridades policiales, regionales y municipales, el Ministerio Público y las FANB.
El informe concluye señalando la necesidad de adoptar políticas de protección y apoyo a las víctimas, de penalización de los delincuentes relacionados con estos ilícitos; además de la reducción de riesgos y la prevención para combatir y erradicar la esclavitud moderna y la trata de personas.
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El contexto migratorio es terreno fértil para la trata de personas