Transparencia Venezuela, 30 de mayo de 2018.- Mientras los países de América Latina trabajan hacia políticas de gobierno abierto y lucha anticorrupción, en Venezuela la corrupción está institucionalizada, el gobierno domina la estructura del sistema de justicia y anula todo tipo de fiscalización y sanción. Transparencia Venezuela arroja luces sobre las áreas de mayor riesgo en esta materia, a través del registro de los casos más sobresalientes en 2017, que evidencian que “la justicia venezolana requiere una  reingeniería gigantesca”, a juicio de Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de esta organización.

En la Asamblea Anual de Transparencia Venezuela 2018, en la que la organización presentó su rendición de cuentas,  Mercedes De Freitas, dio a conocer el Informe Corrupción 2017. Se trata de una selección de casos que refleja cómo funciona la opacidad, la impunidad, el control político sobre los poderes públicos que constitucionalmente deben  ser autónomos e independientes, para que puedan ejercer los contrapesos necesarios para lograr las sanciones de ley. Son irregularidades al más alto nivel  que impactan la cotidianidad de los venezolanos, deteriorando cada vez más su calidad de vida.

De Freitas explicó que los casos fueron seleccionados por “el alto perfil de las personas involucradas, por el impacto político y en la vida del país en general y por los montos que estaban relacionados”.

“El drama de este país es la corrupción. La crisis es la corrupción”, apuntó la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Manifestó que lo que ocurre va más allá de las irregularidades de mediana monta. Señaló que la revisión de estos casos, aunque no es una exploración exhaustiva, deja en evidencia que en Venezuela está instaurada la «gran corrupción».

 Al profundizar sobre este aspecto, señaló que nuestro país cumple con todos los elementos que definen a la gran corrupción: participación de funcionarios de gobierno de alto nivel, irregularidades que impactan a grandes sectores de la población (que no reciben beneficios sociales, no pueden acceder a buenos servicios o son víctimas de injusticia y represión),  redes de corrupción que traspasan las fronteras vinculadas con grupos que facilitan el blanqueo del dinero y legalización de bienes producto de la corrupción,  y la más absoluta impunidad a través  del control del sistema de justicia.

 “Para atacar la corrupción no basta con decisiones locales, regionales, ni siquiera en el ámbito nacional. Para resolver estos casos haría falta un esfuerzo entre varios países. Un órgano que quiera luchar contra la corrupción en Venezuela debe tener relación con los países donde debe estar el dinero producto de la corrupción. Debería tener relación formal con las fiscalías de otros países, debería tener apoyo de los órganos de control de los espacios financieros donde se mueve el dinero”

De Freitas sostiene que para logar ese “task force”, es necesario “un trabajo de recomposición de los órganos de justicia y de control. Es decir, la justicia venezolana requiere una  reingeniería gigantesca para lograr autonomía, independencia, capacidades y recursos”.

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela  dice que es urgente pensar en un órgano antiimpunidad y anticorrupción en Venezuela e insiste en que debe existir una relación estrecha con las instituciones internacionales que fiscalizan los espacios donde se maneja el dinero.

Plantea que es necesario ser muy eficiente en el manejo del dinero público. “Nosotros necesitamos tener claridad de cómo es la distribución del gasto para ver si de verdad se está invirtiendo en lo que se requiere, para atender a los que más lo necesitan con efectividad, con eficiencia”.

“No puede ser que esté recibiendo CLAP gente que gana en dólares. No puede ser que esté recibiendo esa bolsa una gente que tenga un sueldo que puede comprar sus alimentos cuando hay gente que no recibe CLAP y se está muriendo de hambre”, acotó De Freitas.

Advirtió que la falta de pulcritud en la administración del dinero del Estado impacta en la economía del país. “Si esto no se aclara no vamos a poder negociar la deuda, inversiones,  préstamos, ni cooperación internacional”, sostiene, al tiempo que señala que hasta la posibilidad de recibir ayuda humanitaria está en juego, por la desconfianza que genera el alto gobierno a nivel internacional.

La lista de la impunidad

De Freitas señala que el Informe de Corrupción 2017 muestra los casos a los que hay que prestar atención urgente. Son 12 capítulos que permiten comprender el alcance y el ámbito de actuación de la corrupción en Venezuela.

Transparencia Venezuela considera que el hecho de mayor relevancia que acentúa la falta de justicia y debilita aun más el combate de la corrupción es el establecimiento de un Gobierno Constituyente, a través de un poder legislativo paralelo que dio el zarpazo final a la autonomía e independencia de los poderes públicos, rasgos fundamentales del Estado de Derecho.

El informe no solo profundiza en la anulación de un poder legítimo como la Asamblea Nacional, sino también en la opacidad como política de Estado y la actuación de organismos como la Fiscalía, Contraloría General y policías a favor de la impunidad.

También se presenta un análisis sobre la Fuerza Armada Nacional (FAN), por la evidente presencia de militares en el control de los entes del Estado, en especial en los espacios de negocios en los que hay mayor riesgo de corrupción como son el sector de los alimentos -de producción, industriales, de distribución, importación y en los programas sociales- y el sector de minas e hidrocarburos.

Salta a relucir Odebrecht como un caso emblemático en el que las acusaciones  de sobornos a funcionarios de alto nivel para lograr negocios jugosos en contrataciones públicas, ha salpicado incluso al Presidente. Es un desfalco de grandes proporciones que no ha sido objeto de investigación seria y confiable. El daño causado a los venezolanos se evidencia, más allá de los sobornos y sobreprecios, en las obras de envergadura que no se construyeron.

El informe arroja luces sobre la debilidad en materia presupuestaria. El presupuesto de 2017, que marcó el desconocimiento del control que impone la Constitución a través de la Asamblea Nacional, pasó de 8 a 56 billones de bolívares con la “aprobación“ indiscriminada de créditos adicionales, sin ningún tipo de fiscalización.

El Poder Judicial como un instrumento de impunidad, es objeto de este análisis. De Freitas subraya que mientras los corruptos “no tengan miedo a la acción judicial” por los bienes mal habidos, el terreno para la corrupción seguirá siendo fértil.

El uso del Carnet de la Patria como instrumento de control ciudadano y  rol del Sistema Electoral, por el manejo que da a los recursos públicos y la bendición que otorga a la “perversa relación entre el voto y el derecho a recibir beneficios sociales del Estado”, son también objeto de análisis.

Es la primera vez que Transparencia Venezuela realiza un informe de este tipo en su afán por visibilizar un mal que es el centro de las penurias de decenas de venezolanos. El documento fue presentado en un evento en el que se rindió cuentas ante el consejo directivo de la organización, al cual se suma la destacada periodista Luz Mely Reyes, cofundadora del portal de noticias Efecto Cocuyo.

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