Venezuela rechazó 38 recomendaciones, la mayoría relativas al respeto a la libertad de expresión y la independencia judicial, realizadas en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el llamado «Examen Periódico Universal (EPU) sobre dicho país.
Las recomendaciones, planteadas muchas de ellas por EEUU y países europeos, instaban al Gobierno de Caracas a garantizar un mayor respeto al poder judicial y a la libertad de expresión, en el marco de las obligaciones internacionales contraídas por Venezuela.
Planteaban también la necesidad de revisar la ley de Partidos Políticos, Reunión Públicas y Manifestaciones, de enmendar la legislación actual para eliminar la criminalización de la calumnia en el ejercicio periodístico, y de corregir el Código Penal y Militar para retirar los delitos de desacato y vilipendio.
Las recomendaciones presentadas durante la presentación del EPU el pasado viernes en Ginebra incluían también un llamamiento a cumplir las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a actuar de manera efectiva contra el abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
En materia judicial, Venezuela rechazó la sugerencia británica de garantizar «procedimientos abiertos y transparentes basados en el mérito» para elegir a jueces y fiscales, y la de Israel de «utilizar el sistema judicial para silenciar a los críticos con el Gobierno.
Israel instó a «terminar con la cultura de la impunidad que rodean a casos de represalias contra disidentes y ataques contra defensores de los derechos humanos y periodistas», y a poner fin a «los abusos de fuerzas estatales, en el fenómeno conocido como ‘ejecución de criminales'», recomendaciones también rechazadas.
En materia de derechos civiles, Venezuela expresó su rechazo a una recomendación francesa de «generar un entorno que permita trabajar con libertad» a los activistas de derechos humanos y de «luchar contra la impunidad» de quienes les acosan y agreden.
Fue desestimada asimismo por Venezuela la petición de la delegación de Canadá de que «se permita el acceso a la financiación internacional, de manera que los defensores de los derechos humanos puedan seguir llevando a cabo su trabajo legítimo».
En lo que se refiere a la violencia de genero, Caracas rechazó la petición de Eslovenia de «tomar todas las medidas necesarias para eliminar la violencia contra las mujeres», garantizando «la persecución y castigo» de los agresores y «aboliendo las actitudes estereotípicas y las pautas de comportamiento patriarcal».
El viceministro de Asuntos Exteriores venezolano, Temir Porras, explicó que su Gobierno desestimó todos estos puntos, porque detrás de ellos hay una voluntad de injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
«No faltó quien viniera aquí a disfrazar de recomendaciones lo que en realidad son afirmaciones infundadas, irrespetuosas e injerencistas, que nada tienen que ver ni con la realidad de nuestro país ni con el interés de promover los derechos humanos», dijo.
«Esas acusaciones, muy marginales por cierto, las formulan los mismos viejos imperios, que tienen esa manera muy peculiar de promover los derechos humanos, bombardeando países y asesinando mujeres y hombres ciudadanos», afirmó el viceministro venezolano.
Porras argumentó en su intervención que «quienes nos agreden de esa manera tienen un gran temor de Venezuela, porque Venezuela defiende la verdad y no se calla, ni se callará nunca, mientras se trate de denunciar el atropello, el imperialismo y la guerra».
Como hizo el viernes el canciller venezolano, Nicolás Maduro, Porras dijo que su país saca buena nota en el EPU, ya que «el 80 por ciento de las observaciones y recomendaciones formuladas son aceptadas por nuestro país y se encuentran en curso de implementación, lo cual indica que el Gobierno de Venezuela avanza en la dirección correcta».
Entre las recomendaciones sí aceptadas destacaron la mejora de las infraestructuras penitenciarias y del trato a los presos, el apoyo a las actividades de los activistas de derechos humanos y la mejora de la atención hospitalaria a las mujeres embarazadas.
En cuanto a compromisos concretos, Venezuela aseguró que ahondará en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, fortalecerá el sistema público educativo, actualizará el censo de pueblos indígenas, mejorará la protección a los migrantes y promoverá el uso masivo del Braille en beneficio de las personas ciegas.
Este Examen Periódico Universal (EPU) es un ejercicio con el que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU evalúa de manera cuatrienal la situación de los derechos fundamentales en sus Estados miembros.
En el caso de Venezuela, se abre ahora un plazo de dos semanas para que los Estados miembros que lo deseen introduzcan enmiendas y cambios editoriales, y el informe final del Grupo de Trabajo se publicará en la próxima sesión del Consejo, en marzo de 2012.