Desde el año 2012 Venezuela ha retrocedido considerablemente en cuanto al cumplimiento del derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública. En los cinco informes de Saber Más, en el marco de la alianza regional para el acceso a la información, no se visualizan avances importantes en la materia, además tampoco hay interés por parte del Estado venezolano en promover la transparencia dentro de la administración pública.

En el documento se explica que los intentos por acceder a la información pública de determinados despachos han sido infructuosos y el poder judicial ha actuado como una traba en la búsqueda de estos objetivos. Nuevamente se denuncia como la no independencia de los poderes pone la balanza a favor del Gobierno y en ningún caso del lado de los demandantes.

En reiteradas oportunidades el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisibles los casos presentados y aseguro que el recurso de amparo no aplicaba en ninguna de las denuncias, alegando que para temas de acceso a la información debían implementarse recursos de abstención o carencia en procedimientos ordinarios. Pese a ello, la sala Político Administrativa del poder judicial señaló que para pedir la abstención o carencia durante la solicitud de información pública se hace necesario la presentación de pruebas, sin especificar exactamente de qué tipo de pruebas se trata.

Se mantiene la parcialidad

Transparencia Venezuela, denunció otro caso claro de parcialidad por parte del poder judicial a favor de los entes del Estado, en una solicitud de información realizada a Conatel. La instancia respondió a la petición, pero informando que no daría ningún tipo de información. Aunque se fue a juicio, el tribunal argumentó que Conatel había cumplido con su responsabilidad de responder y que si el solicitante no estaba de acuerdo con los resultados obtenidos debía exigir otro juicio en este caso de nulidad. “Si en esta oportunidad Conatel pierde la demanda, deberá responder nuevamente a las solicitudes de Transparencia”, aclaró el tribunal en su sentencia.

Las peticiones de información al Consejo Nacional Electoral sobre el manejo de los recursos en las campañas electorales también fueron ignoradas por el organismo rector de los comicios en Venezuela. Asimismo, las acciones legales ante el TSJ para intentar hacer cumplir el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública, tampoco generaron resultados favorables. Nuevamente el recurso accionado por Transparencia fue declarado inadmisible al igual que otros diez interpuestos por otras organizaciones.

Avances en materia legal

Con el objetivo de desarrollar instrumentos jurídicos que garanticen el acceso a la información, en el interior del país se han hecho propuestas de ordenanzas y aunque se han planteado discusiones con relación al tema, hasta ahora no se ha aprobado nada.

Como se recordará en Venezuela no se cuenta con una Ley que aborde de manera exclusiva el derecho de los ciudadanos a la información pública. Entre los años 2012 y 2013 la agenda parlamentaria ha pautado el debate sobre el tema, pero no ha habido ningún resultado. Hasta ahora lo más cercano a defender el derecho al acceso a la información por parte de los ciudadanos se basa en la Ley de Infogobierno presentada por el PSUV, sin embargo el instrumento jurídico no profundiza en la materia.