A lo largo del territorio venezolano, los cuerpos de seguridad y defensa han instalado cientos de puestos de control, o alcabalas, que formalmente tienen como propósito contribuir con la seguridad de la población. No obstante, en la práctica, muchos de estos lugares se han convertido en un espacio para la arbitrariedad en el que efectivos retienen a los ciudadanos y muchas veces sin justificación los obligan a realizar pagos al margen de la ley, lo que en Venezuela es popularmente conocido como “matraqueo”.

Aunque la extorsión en las alcabalas venezolanas no es un fenómeno reciente, el incremento de esta actividad ilegal en los últimos años ha provocado un impacto mayor en las víctimas, específicamente en las personas que transportan cualquier tipo de mercancía legal, desde legumbres y verduras, hasta alimentos procesados o medicinas. El alza del matraqueo ha sido tal que desde los pequeños productores hasta las grandes empresas han tenido que incluir estos montos en sus estructuras de costos, lo que a la larga impacta en el precio final que pagan los consumidores.

A efectos de este informe, la extorsión en las alcabalas también es considerada una economía ilegal, que contribuye a la captación de rentas de efectivos corruptos y que crea distorsiones económicas con un impacto negativo a la población.

Los cobros ilegales en las alcabalas venezolanas se intensificaron a partir de la cuarentena decretada en medio de la pandemia de Covid-19. Algunos efectivos de seguridad y defensa instalados en puestos de control se amparaban en la confusión que existía alrededor de las medidas de restricción de movilidad que estaban vigentes, obviaban las excepciones previstas y disponían arbitrariamente quién podía circular libremente y quién debía pagar lo que ellos dispusieran para poder transitar.

“He dado la orden, señora vicepresidente (Delcy Rodríguez), usted me garantiza que se eliminen las trabas que se le imponen en las alcabalas al pueblo de Venezuela”, afirmó el mandatario Nicolás Maduro, en una alocución del 12 de julio de 2021, luego de que le reclamaran los cobros ilegales que se hacen en esos lugares.

Pese a la orden presidencial, la situación no cambió. De acuerdo con un análisis realizado en conjunto por Transparencia Venezuela y Ecoanalítica hay una alta probabilidad de extorsión en las alcabalas dispuestas en el territorio venezolano, que se incrementa en las vías de occidente. Según el estudio aplicado, se estima que si se transita por 100 puestos de seguridad en un momento determinado, en 25 de estos se presentará un acto de extorsión.