Rastros de esclavitud moderna:
Sucre, Bolívar y Zulia
Sucre, esclavitud moderna e ilícitos
La economía del estado ha estado basada históricamente en la pesca, siendo el principal productor pesquero del país, efectivamente, casi el 50% de la producción nacional le corresponde a este estado; y suple el 95% de la materia prima a la industria elaboradora de productos pesqueros. También se explotan la agricultura, especialmente cacao, y el turismo, todo a muy baja escala.
En la actualidad, la situación del estado Sucre ha cambiado, la inseguridad, el narcotráfico y la trata de personas ha venido creciendo, tanto así que existen territorios del estado, como San Juan de Las Galdonas, que se encuentran ocupados por bandas criminales lo que ha venido convirtiendo a este hermoso estado venezolano en uno de los más inseguros del país.
Además de la investigación documental ya presentada en Distorsiones producto de la criminalidad en Venezuela, Transparencia Venezuela realizó una investigación de campo en el estado Sucre, durante el mes de diciembre de 2022, y se levantó información relevante, que permitió tener una aproximación más específica de lo que ocurre en esta región de Venezuela.
Todas las organizaciones e instituciones entrevistadas indicaron que “saben de la presencia de esclavitud moderna vinculada a las economías ilícitas”. La caracterización de las víctimas son las tradicionales ya descritas: suelen ser niños, niñas y adolescentes (NNA) y mujeres de nacionalidad venezolana, entre nueve y treinta y cinco años, que son víctimas de trata de personas (VdT) con fines de explotación sexual, provenientes del estado Sucre, específicamente de Brasil (municipio Andrés Mata), La Llanada (municipio Sucre), Bebedero (municipio Sucre), municipio Cruz Salmerón Acosta y los municipios de Paria (Bermúdez, Valdés, Arismendi, y Mariño). También se han documentado casos de víctimas provenientes de otros estados del país como Carabobo, Delta Amacuro y Monagas. Las víctimas, de acuerdo con la información obtenida son personas en condiciones de vulnerabilidad y, por ejemplo, en el caso de los NNA, muchos provenían de contextos de abandono, deserción escolar, desnutrición y abusos.
Agregar mapa del Sucre señalando donde hay trata y hacia dónde va
Aquellos entrevistados han documentado que entre los medios de captación se encuentra el rapto por medio del uso de estupefacientes, que son agregados a las comidas ofrecidas a personas en condición de vulnerabilidad. Otra forma de atracción es que en algunos colegios hay ‘captadoras’ infiltradas, con el objetivo de hacer amistades con adolescentes, y luego captarlas para las redes de trata. De acuerdo con la entrevista realizada a un funcionario activo de la administración pública en el estado Sucre, hay mujeres detenidas actualmente por captación en trata de personas, habiéndose identificado que las captadoras son de Güiria y Carúpano.
También se pudo obtener información sobre la existencia de formas de esclavitud moderna asociadas al tráfico ilícito de drogas, minería ilegal y tráfico de chatarra. En este sentido, se encuentra el reclutamiento de jóvenes para bandas de narcotráfico, la captación de mujeres jóvenes para ser utilizadas como “mulas”[1] a las islas de Margarita y el Caribe, y Trinidad & Tobago; trabajo forzado en la recolección y el tráfico de chatarra, y personas que son desplazadas desde del estado Sucre al estado Bolívar para el trabajo forzado en las minas.
Sobre la anuencia o permisividad del Estado en las prácticas que generan esclavitud moderna, como la minería ilegal o artesanal y/o el tráfico de chatarra, algunas organizaciones sostuvieron que el Estado venezolano adquiría los productos finales obtenidos a través del trabajo forzoso. En el caso de la recolección y tráfico de chatarra fue señalado, expresamente, que “el Estado compra la chatarra y ésta sale con el permiso del Estado por el puerto de Guanta, estado Anzoátegui”, y que gobiernos locales anteriores “trabajaban” directamente con chatarreros y se las compraban. Este producto muchas veces proviene del desmantelamiento de universidades y ferris.
De igual forma, el traslado de adolescentes a las fiestas de los centros penitenciarios, a los fines de ser explotadas sexualmente, ocurriría con anuencia de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Los entrevistados señalan a la Guardia Costera, Guardia Nacional Bolivariana, Bolivariana de Puertos, a través del Puerto de Guanta, y a otros cuerpos de seguridad del Estado, como las instituciones en las que funcionarios están vinculados o son permisivos ante las situaciones de esclavitud moderna, en unos casos por acción y en otros por omisión.
En cuanto a la vinculación del Estado con grupos criminales en la cadena de explotación de las víctimas de esclavitud moderna, las organizaciones e instituciones contestaron que “las redes criminales tienen influencia en los órganos de recepción de denuncias, evitando que éstas ocurran y asegurando la impunidad”. Una de las organizaciones indicó que, “aunque no tienen pruebas, saben que se realizan procedimientos irregulares en las deportaciones de Trinidad y Tobago hacia Venezuela por el puerto de Güiria, dónde a las víctimas les son robadas sus pertenencias por funcionarios de la propia GNB, y que existen zonas en Paria que están completamente controladas por redes criminales”.
Se detectó también los casos de venta de bebés por el monto de USD 75.000, hijos e hijas de mujeres que son explotadas sexualmente en Trinidad y Tobago.
Se documentó la existencia de códigos criminales para identificar que en esa zona en particular hay trata de personas o narcotráfico, como escribir letreros con errores ortográficos o desmembramientos.
Como en otras zonas donde el crimen tiene control de territorio y economia ilícita en desarrollo, sin mayores obstáculos de la institucionalidad, el nivel de indefensión genera vínculos y fidelidad de las comunidades con los grupos delictivos, pues estos han tomado, en algunos aspectos, el lugar del Estado, cubriendo las necesidades de la población. Según testimonios de los entrevistados, y en visitas efectuadas con anterioridad por Transparencia Venezuela, se han observado estas relaciones comunidad-bandas criminales, en San Juan de las Galdonas y en San Juan de Unare.Bolívar: pobreza, trata y prostitución
Bolívar es un estado que se ubica al sureste de Venezuela en los límites con Guyana y Brasil. Limita también con los estados Apure, Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro. Es el más grande de Venezuela. Está conformado por 11 municipios.
Las fuentes entrevistadas en el estado Bolívar aseguran que la trata de personas sigue siendo un gran problema en la entidad, aunque ha llegado a ser naturalizada por parte de las comunidades mineras y pobres del norte del estado. Afirman que mujeres jóvenes son llevadas a los municipios mineros del mismo estado e incluso hasta Brasil o Trinidad y Tobago con falsas promesas de trabajo, pero terminan siendo forzadas a prostituirse.
“Podemos hablar claramente de trata de personas en Ciudad Bolívar, la capital del estado, porque documentamos dos casos de jóvenes víctimas que estaban en Brasil y fueron rescatadas. En Ciudad Guayana hablamos de presunción de trata porque es un tema muy normalizado entre las comunidades pobres. No lo ven como un delito (aunque no haya consentimiento) sino como una opción para que las mujeres lleven comida a la mesa”, afirmó la representante de una organización de la sociedad civil en el estado.
Aseguran que, aun cuando la situación en Bolívar no es tan grave como en el estado Sucre, en el que se han reportado numerosos casos de trata, sí es un delito que está creciendo entre otras cosas por los altos niveles de pobreza y la falta de medidas efectivas de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado para prevenir y sancionar.
En los barrios más pobres de Puerto Ordaz, la capital del estado, se registran elevados niveles de desnutrición infantil, según investigaciones realizadas por organizaciones internacionales que hacen trabajos en la zona. Hay una baja oferta de empleos, no se ha detenido la pérdida del poder adquisitivo y persisten las fallas en los servicios públicos. Además, se han incrementado los casos de violencia de género e intrafamiliar.
Fuentes entrevistadas refirieron que también han documentado casos de mujeres jóvenes que fueron captadas por redes criminales internacionales de trata y que, posteriormente, estas mujeres, bajo coacción y amenazas, se dedicaron a engañar a otras mujeres jóvenes de la región. Les ofrecen la posibilidad de tener grandes ingresos en corto tiempo, las trasladan hasta el mismo estado Sucre y desde allí las llevan a Trinidad y Tobago, donde son vendidas principalmente con fines de explotación sexual.
“Nos hemos enterado de casos de mujeres jóvenes que se fueron del estado Bolívar hasta Trinidad y Tobago porque les dijeron que les iban a dar un trabajo formal, allá fueron prostituidas y después de un tiempo les permitieron empezar a trabajar con las redes criminales captando a otras mujeres para que también fueran prostituidas”, dijo una de las personas entrevistadas.
Los consultados aseguran que en las redes de trata de personas en la entidad participan funcionarios de la policía y otros cuerpos de seguridad, lo que lleva a muchas mujeres víctimas a guardar silencio para evitar represalias. “Una víctima de trata que necesita acompañamiento en tantos sentidos, en muchos casos no quiere denunciar porque sabe que su tratante es uno de los que lleva uniforme y placa”, agregó una fuente.
La trata en el estado Bolívar ha sido reconocida por el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Domingo Hernández Lárez. A través de sus redes sociales, el militar ha informado acerca del desmantelamiento de campamentos de grupos armados que se dedican a la minería ilegal, narcotráfico y trata de personas en el estado Bolívar.
“#FANB desplegada en el estado Bolívar desmantelando campamentos y estructuras de minería ilegal, trata de personas y narcotráfico, que violan el ordenamiento territorial y jurídico de la nación”, publicó en febrero de 2023. (https://twitter.com/dhernandezlarez/status/1629222248811839517)
La trata de personas en el estado Bolívar y otras formas de esclavitud moderna en esa región han sido ampliamente documentadas por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. “En su mayoría, las mujeres en el contexto minero suelen estar limitadas a roles de ‘gestión social’, como cocineras, en trabajos domésticos, como parejas de los mineros, o son prostituidas. La demanda de este último trabajo fomenta actividades como la trata y la explotación sexual, en un contexto de precarización de condiciones en donde dicha actividad es vista como una opción considerable para afrontar la crisis”, se lee en uno de los informes publicados en 2021.
Zulia: Silencio, temor y trata
El estado Zulia se encuentra al noroeste de Venezuela, en los límites con Colombia. Limita también con los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Falcón. Tiene salida hacia el Golfo de Venezuela y en su territorio está el Lago de Maracaibo de agua dulce y con 13.820 km² de superficie. Tiene 21 municipios.
Uno de los hallazgos de la visita de campo realizada al estado Zulia es la coincidencia entre algunos entrevistados sobre el incremento de la trata de personas y especialmente el silencio que rodea este tema. “En zonas que necesitan más asistencia social, la primera preocupación es la trata de personas.”, sostiene un activista que trabaja por el resguardo de los derechos de niños y adolescentes, quien se quejó de que “no hay quién lo visibilice”. Uno de los obstáculos para atacar este delito es que no hay quien denuncie, por temor o porque hay desconfianza en el Poder Judicial frente a este tema. “Aquí pesa mucho que la denuncia tiene que ser voluntaria”, apuntó.
Argumentó que hace dos o tres años, entre 2020- 2021, la trata no era considerada como una problemática importante, “pero cuando hicimos el mapeo entendimos que teníamos que sensibilizar”. El equipo de investigación pudo confirmar que muy pocos de los entrevistados, representantes de diversos sectores públicos y privados, tenían información sobre la existencia de trata en el Zulia; de hecho, la mayoría lo negaban.
Sin embargo, tres referentes nos confirman la gravedad del problema:
1. El seguimiento y registro sistemático de los informes del Ministerio Público nos mostraron que el Zulia es el estado con mayor número de víctimas identificadas;
2. Los resultados del levantamiento de información de organizaciones que afrecen ayuda humanitaria en las zonas más populares revelaron, con sorpresa, que la trata es la primera causa de preocupación en las zonas más pobres del estado, principalmente, en Mara y Guajira;
3. El alcalde de Maracaibo confirmó a la trata como un problema grave en su municipio, y que el servicio de atención de víctimas tenía registados varios casos que estaban procesando.
Todo esto sustenta la preocupación de activistas de derechos humanos de la región, y la necesidad de visibilizar los casos, los riesgos, aunar esfuerzos para activar a la gente, y estudiar a fondo el tema de la trata. “Se acudió a la coordinación internacional de misiones. Hemos tratado de identificar aliados que dominan el tema, pero no los hay”. Explica que cuando alguien es objeto de trata se suele decir que “se fue y no volvió”, pues al principio la persona objeto de trata lo ve como la posibilidad de trabajo y no entiende que son víctimas de una actividad delictiva.
“El que no les hable de trata no vive en esta ciudad”, coincidió un destacado funcionario público de la capital zuliana y pasó a relatar cómo actúan estos grupos: “La forma de reclutamiento es el famoso viaje a trabajar en otro país con el pasaporte retenido, a un sitio de una suerte de esclavitud, con llamadas que pueden hacer una vez o dos veces a la semana, sin decirle a la familia en qué andan. Lo hacen con promedio de edades entre 15 y 19 años”.
Afirma que, en el caso de las mujeres jóvenes, “hay más o menos una selección y hay más o menos una profesión”, porque se llevan a las más agraciadas “con la intención de que sean modelos o animadoras. Esa es la oferta engañosa y dejan un paquete aquí de plata, donde le dicen a la persona ´no te vas, tienes que pagarnos esto´. Me debes los 500 (dólares) que dejé en tu casa, me debes porque te traje aquí, me debes…”
El funcionario asegura que el reclutamiento ha aumentado en los últimos meses. “Están reclutando duro. Yo no puedo saber cuánto da eso de ingresos, pero sí se llevan gente y después no aparecen”. Coincide con los activistas de derechos humanos en que la denuncia es lo más difícil. “El problema es que no hay forma de sacarle la información y como hay mucha marginalidad en esto, nunca saben exactamente los familiares quién se las llevó y cómo se terminaron yendo”.
Hay un tema de resignación de la gente a la pobreza extrema y a circunstancias como estas. “Nuestras familias de escasos recursos se han acostumbrado a que cualquier situación que les agobia, por decirlo de alguna manera, se sienten que es una cuestión que les tocó vivir porque nacieron así. Entonces, si el hijo no se comunica cinco meses no importa”, señaló la fuente.
Un defensor de derechos humanos, que trabaja para una organización internacional, manifiesta que la trata también se registra en la capital, Maracaibo, en casi todas sus parroquias. En especial en San Isidro. “Es rural. Los pobladores cultivan plátano, yuca, auyama. Es una zona muy peligrosa controlada por las bandas. Cuando ven a un extraño te rodean motorizados que quieren saber quién eres. Ellos son los protectores de la comunidad”, apuntó. En San Isidro la “banda del Cañadero” (de la Cañada de Urdaneta) es la que controla la trata de adolescentes y jóvenes (masculino y femenino) “Es una oportunidad a simple vista”, agregó. Otras zonas en las que esta organización civil detectó el problema es en las parroquias Idelfonso Vásquez y Venancio Pulgar. También han detectado trata en los municipios Mara, La Guajira, Machiques de Perijá y Jesús Enrique Lossada, “en La Concepción, donde también hay extorsión fuerte”.
Otra fuente agrega como zonas donde hay trata a las parroquias Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, que- junto a Idelfonso Vásquez- son las tres principales y las más grandes de Maracaibo. La misma fuente señala que en estas localidades se ofrece trabajar en otro país, especialmente a mujeres jóvenes, entre 15 y 19 años, con ofertas engañosas de posibilidades de empleo como modelos y animadoras, esta actividad es llevada a cabo por redes criminales. Por otro lado, funcionarios regionales entrevistados expresaron que en los mercados populares: Los Plataneros, Las Pulgas y La Curva de Molina se han podido identificar casos de trata de personas.
“Las trochas son los principales pasos de trata de personas; principalmente, para la explotación sexual por parte de los guerrilleros”, afirmaron dos entrevistadas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer y de los derechos humanos en el estado Zulia. También señalaron la existencia de prostitución infantil promovida por los padres de las jóvenes para prestar servicio a los camioneros, en La Raya, frontera colombo-venezolana en la Goajira.
Durante la visita de campo se tuvo la oportunidad de realizar entrevistas en las ciudades de Maicao y Riohacha, del lado de la frontera colombiana. En Maicao, durante la visita a un Centro de Atención a refugiados y migrantes, un funcionario informó que desde hace dos años ha disminuido la trata de personas que se podía observar en este lugar, pero que en La Pista, sitio que alberga a cerca de 13.000 migrantes venezolanos, sí se identificó la existencia de trata de personas. Afirmación que fue confirmada por una periodista entrevistada en Riohacha, que refiriéndose a La Pista dijo: “es el asentamiento de migrantes que tiene Colombia, es un espacio donde deben existir todos los tipos de ilícitos que se puedan imaginar, incluyendo la trata de personas”.
Una mujer perteneciente a una organización que defiende los derechos humanos en Ríohacha manifestó que “en los terminales de transporte que van rumbo a Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, se puede observar a ‘organizaciones’ que conducen a personas por medio de paquetes engañosos ofrecidos por Internet.” Continúa diciendo que “en las noches en Ríohacha, en la calle Primera, se ve mucho trabajo infantil, vendedores de dulces y droga, o pidiendo limosna; la mayoría son venezolanos, posiblemente sometidos a condiciones de trata de personas”.
Miembros de una ONG relacionada con el tema de personas migrantes o en estado de vulnerabilidad, también localizada en Riohacha, expresaron que “el tema de trata de personas es un mal conocido, del que nadie dice nada”. Afirmaron que “el problema de la explotación sexual en Cartagena es muy grave, en Ríohacha existe más la explotación laboral”. Se refirieron a un caso identificado por ellos en Maicao, de un prostíbulo de “puras venezolanas”, alrededor de 25 muchachas entre los 16 y 30 años. Las mujeres fueron captadas por la líder del prostíbulo ofreciéndoles hospedaje gratuito. Señalaron también que, al sur de la Goajira colombiana, han identificado casos de explotación laboral, solo a cambio de alojamiento.
