Como consecuencia del terrible manejo de la industria petrolera durante estos años, la caída en la producción, el desplome de los precios del crudo en el año 2013 y la corrupción campante, la principal fuente de ingresos de Venezuela se vio prácticamente fulminada. Para el año 2018, los ingresos petroleros tan solo representaban alrededor de 14% de lo que representaban en 2012. La situación se volvió aún más complicada a partir de 2017 con la imposición de sanciones económicas por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Aunado a esto, la caída de la producción petrolera hizo insostenible la captación de renta por medio del diferencial cambiario. A través de los distintos esquemas de subsidio cambiario entre 2005 y 2018, se estima que el sector público no petrolero fue capaz de captar alrededor de USD 73.666 millones, mientras que el sector privado percibió USD 149.314 millones (Ecoanalítica, 2018).

En este contexto de asfixia económica, se hizo vital para los captadores de renta, grupos corruptos enquistados en instituciones del Estado, encontrar alternativas que sustituyeran los ingresos asociados al sector petrolero y al diferencial cambiario. Por esto, industrias ilícitas como el contrabando de gasolina, el tráfico de drogas, los cobros ilegales en los puertos y el comercio ilegal del oro se convirtieron en el nuevo foco de estas redes.