Los puertos venezolanos continúan siendo uno de los puntos estratégicos más importantes para la economía del país. Venezuela tiene una gran dependencia de sus importaciones para abastecerse de bienes dado el colapso de la capacidad productiva venezolana. La mayoría de estas importaciones ingresan en containers por los puertos del país, comerciantes y productores nacionales dependen de su ingreso para el correcto funcionamiento de sus actividades económicas. Si se combina la importancia económica de los puertos con el nivel de monopolización que tiene la empresa estatal Bolivariana de Puertos sobre la actividad portuaria, se tiene la receta perfecta para que ocurran actos de corrupción y extorsión sistemática.

¿Menos facilidades para la importación?

Desde 2018, el Gobierno de Nicolás Maduro ha promovido las importaciones a través de una política de exoneración de aranceles a bienes importados. Esta medida, en conjunto a la relajación de otros controles económicos, fue la estrategia del gobierno para frenar la escasez de bienes que sufrió el país entre 2015 y 2017. A partir de 2019, se eliminaron exoneraciones a una gran cantidad de materias primas y se mantuvieron las facilidades arancelarias para bienes terminados. Esta coyuntura y la dolarización de facto de la economía dio pie al auge de las importaciones “puerta a puerta” y la “economía del bodegón” en Venezuela.

El término “puerta a puerta” se utiliza para describir una modalidad de importación pensada para los envíos de productos de consumo personal y no para la importación comercial. Sin embargo, los agentes económicos han utilizado esta modalidad para evadir aranceles e importar bienes para su comercialización y no su uso personal. Muchos comerciantes venezolanos lograron generar grandes rentabilidades importando bienes terminados y vendiéndolos en bodegones.

Representantes del sector privado han expresado su rechazo por las políticas arancelarias del gobierno. De acuerdo con ellos, facilidades tributarias para la importación de bienes terminados generan una competencia desleal entre los productos extranjeros y nacionales. En 2022, este rechazo pareció generar un retroceso parcial de estas políticas. En marzo, el gobierno anunció la eliminación de exoneraciones para 1.262 bienes de 4.485 bienes que gozan de beneficios arancelarios. El reajuste parcial de la política arancelaria del gobierno aunado a una desaceleración en la inauguración de nuevos bodegones generó un cambio en la composición de las importaciones venezolanas. Fuentes consultadas que prefieren no ser identificadas aseguran que cerca de 30% de los containers procesados en 2022 en los puertos de Venezuela fueron envíos “puerta a puerta”, una caída con respecto a 2021 cuando los “puerta a puerta” representaban 37,5% del total de los containers procesados. De igual forma, una de las fuentes asevera que los “puerta a puerta” no traen los mismos bienes que importaban en 2021. La sobre oferta de algunos productos importados y cambios en las políticas de exoneración causaron que se vieran más importaciones de repuestos de vehículos y menos alimentos.

Entender el comportamiento de los envíos “puerta a puerta” es de suma importancia ya que los agentes portuarios concentran su extorsión y cobro de “tarifas” hacía esta modalidad de importaciones. El modus operandi de estos agentes continúa siendo igual en 2022. En primer lugar, no se declara el valor de los bienes dentro del container “puerta a puerta” y rara vez se abren para revisar sus contenidos; en la aduana, algunos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana establecen un “tarifario” por pagar por cada container de esta naturaleza. El valor de la tarifa ha aumentado según las fuentes consultadas. En 2022, se cobró en promedio USD 16 por cada pie cúbico del container. Esto representó un aumento de 23% comparado al 2021 cuando se cobraba en promedio de USD 13 por pie cúbico.