Arco Minero del Orinoco, La legalizción de lo ilícito
El negocio del oro se convirtió en un mecanismo para la captación de rentas del gobierno venezolano. Ante la caída en la producción y la lenta recuperación de los precios del petróleo, la insostenibilidad del diferencial cambiario y las sanciones, el grupo en el poder encontró en la explotación a cualquier costo y el comercio de minerales, especialmente del oro, una fuente de ingresos beneficiosa.
Desde que el expresidente Hugo Chávez nacionalizó la industria del oro en el año 2011 y más aún desde que Nicolás Maduro creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) en 2016, las autoridades han declarado su interés por incrementar la producción de oro como una fuente de recursos importante ante la caída de los ingresos tradicionales.
Entre 2016 y 2019 el presidente de la República y las máximas figuras del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico aparecieron en varias transmisiones oficiales con lingotes de oro exaltando un aumento en la producción e invitando a inversionistas nacionales a internacionales a producir en Venezuela. No obstante, en los últimos cuatro años los anuncios se volvieron aún más esporádicos. No hay información clara, completa y precisa sobre la producción en el Arco Minero del Orinoco; no hay rendición de cuentas desde las empresas estatales involucradas, el ministerio o del Banco Central de Venezuela como custodio del oro; y no se responden a las solicitudes de información de organizaciones de la sociedad civil o periodistas.
Desde que se creó el Arco Minero del Orinoco lo que sí ha transcendido en reportes de organismos nacionales y extranjeros y en investigaciones de medios es la gran devastación ambiental que está ocurriendo al sur de Venezuela, donde se está explotando oro de manera desordenada y donde tienen presencia redes de crimen organizado que someten a la población y se llevan el oro de manera ilegal. Los informes levantados incluso por oficinas de Naciones Unidas alertan de una serie de delitos como explotación laboral y sexual, trabajo infantil y trata de personas.
El seguimiento a los reportes sobre el negocio del oro en Venezuela desde inicios de 2022 y hasta el primer semestre de 2023, el rastreo de información en bases de datos como Trademap, Comtrade y registro de empresas, la visita a los pueblos mineros del estado Bolívar y las entrevistas a voceros de organizaciones de la sociedad civil, academias, iglesias, grupos poblacionales y víctimas permite corroborar que la situación al sur del país sigue siendo preocupante.
Aunque en el último año y medio las autoridades han intentado incrementar el control en la explotación de oro a través de una mayor presencia de la estatal Corporación Venezolana de Minería (CVM), la creación del Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo), integrado por los cinco componentes militares (Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y Milicia) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el negocio formal sigue reportando ganancias solo para unos pocos y las actividades mineras de grupo criminales persisten.
En este capítulo se profundiza en esos cambios en la explotación y comercialización del oro ocurridos entre 2022 y 2023, con énfasis en las nuevas dinámicas usadas para su apropiación ilícita. Para una mejor comprensión de los límites entre lo legal e ilegal, se inicia con una revisión del marco que regula todas las etapas de la producción y el comercio del oro venezolano con especial atención en las brechas que han dejado las legislaciones, así como el uso que se le ha dado para justificar la discrecionalidad y la opacidad. Se presentan los cálculos de los ingresos por grupos receptores en 2022 y las estimaciones para 2023.
Base constitucional
Los yacimientos mineros en Venezuela son bienes de dominio público y por lo tanto, inalienables e imprescriptibles. Su régimen y administración es de la competencia del Poder Nacional, salvo el régimen y aprovechamiento de los minerales no metálicos no reservados al Poder Nacional, que es competencia de los estados de la federación.
En la legislación venezolana, la declaratoria de las minas como bienes de dominio público supone que el (…) “Estado se comporta frente a la riqueza minera como verdadero propietario y no como un simple administrador, por lo tanto puede explotar por sí mismo en un régimen de concurrencia con terceros mediante concesiones o puede reservarse la explotación, sin que en ningún momento se desprenda de la propiedad de las minas”.
Legislación aplicable
Las actividades minero-auríferas en Venezuela transitaron de un régimen de concesiones facultativas de estímulo a la inversión y participación privada, a la reserva y declaratoria de mineral estratégico del oro con restricción de la participación privada. Así, la explotación del oro se ha regulado por la Ley de Minas de 1945 y el Decreto No. 295 con Rango y Fuerza de Ley de Minas de 1999 (Ley de Minas); actualmente está regulada por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos del año 2015 (Decreto-Ley del Oro). Se aplican al oro, supletoriamente, la Ley de Minas y su Reglamento General.
Igualmente se aplica en esta materia, la Resolución No. 21-01-04 del 28 de enero de 2021 que establece las Normas sobre el Régimen de Comercialización Externa de Oro, emanadas del Banco Central de Venezuela.
Gestión directa o preeminente del Estado: Las empresas mixtas y las alianzas estratégicas
El Decreto-Ley del Oro señala que el Estado se reserva, por razones de interés nacional y carácter estratégico: A) las actividades primarias del oro y otros minerales estratégicos y B) el aprovechamiento del oro y otros minerales estratégicos.
Con esta reserva, se reduce la libertad de empresa y la participación privada por cuanto las actividades descritas solo pueden realizarse por: 1) Por la República, que puede llevar a cabo esta actividad económica de manera directa, a través de algunos de sus órganos como el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico; 2) Por los institutos públicos (institutos autónomos); 3) Por empresas del Estado, que pueden ser de exclusiva propiedad de la República o filiales de estas; 4) Por empresas mixtas, en las cuales la República o alguna de las empresas antes mencionadas tengan el control de sus decisiones y mantengan una participación accionarial mayor del cincuenta y cinco por ciento (55%) del capital social, por lo que son necesariamente empresas del Estado; y 5) las alianzas estratégicas orientadas a la pequeña minería.
Las empresas mixtas y las alianzas estratégicas deben estar debidamente inscritas ante el Registro Único Minero.
Lo anterior evidencia una política pública con la previsión legal de la gestión directa del Estado o su preeminencia en el sector, constituyendo diferentes instrumentos legales para las actividades, participando o autorizando cada fase de la industria minera venezolana.
Es la modalidad prevista de participación privada para la exploración y explotación aurífera en Venezuela y representa una preeminencia del Estado en la participación accionarial de esta figura que la ubica como empresa del Estado.
El Ejecutivo Nacional transferirá a las empresas mixtas mediante Decreto, el derecho al ejercicio de todas o parte de las actividades reservadas al Estado. Así mismo puede transferir la propiedad u otros derechos sobre bienes muebles o inmuebles del dominio privado de la República requeridos para el eficiente ejercicio de estas actividades. Estas transferencias de derechos y de bienes pueden ser revocados en todo momento si las empresas no dan cumplimiento a sus obligaciones o cuando lo establezca la ley.
Así mismo, el Ejecutivo Nacional por medio del ministerio competente en materia minera, determinará el área total asignada a cada empresa para la realización de las actividades primarias, así como la duración de esta. El tiempo de explotación asignado no podrá ser mayor de veinte (20) años prorrogables por un máximo de dos períodos por diez (10) años cada uno.
Por ejemplo, el Ejecutivo Nacional, mediante Decreto No. 3.188 del 05 de diciembre de 2017, declaró áreas de “uso minero ecosocialista” a un conjunto de zonas dentro del Arco Minero del Orinoco para la prospección, exploración, explotación, procesamiento, transformación, almacenamiento, transporte y comercialización de minerales metálicos y no metálicos. Todas estas actividades se las reserva el Estado por razones estratégicas y de seguridad integral de la Nación.
Cada área tendrá un “Plan Especial de Manejo” que oriente la dirección de los “Programas operativos de las áreas de Desarrollo Minero Ecosocialista” y los planes operativos desarrollarán 1) Programa de Gestión y Evaluación Sectorial de la Actividad Minera; 2) Programa de Desarrollo Ecosocialista y Protección Ambiental; 3) Programa de Resguardo y Permanencia de las Comunidades Indígenas y otros Asentamientos Humanos; 4) Programa de protección social y desarrollo de las misiones y grandes misiones; 5) Programa de infraestructura y Servicios; 6) programa Económico Productivo, Socio productivo y Agro productivo, y 7) Programa de Seguridad y Defensa. El seguimiento de todos estos programas lo realizará una Unidad de Seguimiento y Gestión del Área, coordinada por el ministerio con competencia en materia minera.
A su vez, mediante Resolución 0015 del 25 de julio de 2018, el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, determinó las áreas geográficas en las cuales la Corporación Venezolana de Minería, S. A. (CVM) realizará las actividades de exploración y explotación del oro y otros minerales estratégicos.
De acuerdo con el artículo 6 de esta resolución, la CVM, previa aprobación del ministerio competente en materia minera podrá conformar empresas mixtas o suscribir las alianzas estratégicas orientadas al ejercicio de la pequeña minería, para la ejecución de las actividades primarias, según corresponda, en las áreas previamente delimitadas. Para el caso de las alianzas estratégicas, la CMV solicitará al ministerio, el otorgamiento de la correspondiente autorización de explotación para la realización de esa actividad. Esta determinación y asignación de áreas es por un período de veinte (20) años, desde la publicación del decreto de transferencia en Gaceta Oficial.
Esta figura para la realización de actividades mineras no cuenta con antecedentes específicos en esta materia, aunque tiene una figura similar en la Ley de Contrataciones Públicas. De acuerdo con el Decreto-Ley del Oro, las alianzas estratégicas constituyen un mecanismo mediante el cual las organizaciones socio productivas, sociedades u otras formas de asociación permitidas por la ley, pueden compartir procesos productivos, necesarios para llevar a cabo las actividades primarias y conexas para el aprovechamiento del oro y demás minerales estratégicos, exceptuándose “la comercialización del mineral aurífero, la cual será realizada exclusivamente por un ente estatal designado para tal efecto”.
El acuerdo de alianza estratégica establecerá el tipo de técnica que se podrá utilizar para el ejercicio de la pequeña minería. Las personas naturales que conformen una de las partes en la alianza estratégica no podrán formar parte de otra sociedad o forma de asociación que pretenda suscribir una nueva alianza estratégica, limitando así la participación privada.Régimen de regalías
Las regalías corresponden al derecho de participación del Estado en la explotación por ser el propietario del recurso minero. Por tanto, no es un impuesto.
Se calcula de la siguiente forma: el Estado tiene derecho a una participación mínima de un tres por ciento (3%) hasta un máximo del trece por ciento (13%), sobre el valor del producto final del mineral, el cual será establecido por el Ejecutivo Nacional.
¿Quién paga las regalías? Este pago deben hacerlo las personas que desarrollen las actividades primarias. Por tal motivo, podrán ser pagadoras de regalías las empresas del Estado, las empresas mixtas, así como las alianzas estratégicas cuando estas realicen actividades primarias en la modalidad de pequeña minería.Comercialización
Al reservarse el Estado las actividades primarias de la minería del oro, también concentró en él la adquisición de mineral producido por las empresas mixtas y las alianzas estratégicas, por lo que estas están en la obligación de vender y entregar la producción minera.
Así, el artículo 31 del Decreto-Ley del Oro establece que:Sobre la base de esta modalidad, el Banco Central de Venezuela mediante Resolución No. 21-01-04 del 28 de enero de 2021 establece las Normas sobre el Régimen de Comercialización Externa de Oro, las cuales crean el procedimiento para la exportación del oro en cualquier presentación extraído por los sujetos autorizados e inscritos en el Registro Único Minero del Ministerio con competencia en minería.
El ofrecimiento es obligatorio, pero el BCV puede declinar la adquisición del oro ofrecido en venta, total o parcialmente, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, y otorgar una autorización que puede ser solicitada por el interesado o solicitada por el Ministerio con competencia en materia minera. Para la emisión de la autorización de comercialización, el sujeto interesado deberá pagar al BCV, por concepto de las actividades y servicios relacionados con la emisión de aquella, propios de los análisis técnicos asociados a la determinación del peso y pureza del mineral aurífero, un porcentaje entre el cuatro por ciento (4%) y hasta el nueve por ciento (9%) del monto que resulte autorizado, fijado de acuerdo con los lineamientos establecidos por su Directorio mediante Circular dictada al efecto, en función de la cantidad del mineral a ser exportado. El porcentaje que resulte será pagado en moneda nacional, divisas o en especie, conforme a las condiciones indicadas por el BCV en la respectiva autorización.
Las autorizaciones para realizar operaciones de comercialización externa del oro, emitidas por el BCV, serán intransferibles, y las mismas establecerán el monto máximo del oro expresado en peso y pureza que podrá ser exportado bajo su amparo, así como el lapso de vigencia que esos documentos tendrán, el cual, en ningún caso, podrá ser superior a cuarenta y cinco (45) días consecutivos.
Para la exportación de oro, el interesado deberá previamente presentar ante la aduana de salida del país, el original de la autorización emitida por el BCV, con los demás recaudos exigidos por las autoridades aduaneras. El original de la autorización, debidamente sellado y firmado por el funcionario de la aduana de salida del país deberá ser consignado ante el BCV, debiendo cumplirse para ello los términos y condiciones previstos en los manuales, instructivos, circulares o actos particulares que sean emitidos al efecto.
Por lo anteriormente señalado, resultaría ilegal la exportación del oro producido en Venezuela, si este no proviene de un área asignada por el presidente de la República mediante Decreto publicado en Gaceta Oficial, si la empresa mixta o la alianza estratégica no está inscrita en el Registro Único Minero, si no se es titular de un área asignada por el Ejecutivo Nacional y si no se ofrece previamente la venta del mineral aurífero al BCV para que este decida si declina o materializa la compra.
La extracción ilícita de minerales, así como las consecuencias de la Órdenes Ejecutivas del Gobierno estadounidense hacia Venezuela y algunas de sus instituciones, no son consideradas en este escrito.Consideraciones finales
El régimen legal para las actividades mineras está compuesto por normas constitucionales, legales y sublegales y otorga a diferentes actores institucionales como el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, el Banco Central de Venezuela, los institutos autónomos y empresas del Estado, las empresas mixtas y los acuerdos de alianzas estratégicas la intervención en el proceso minero.
Las operaciones del sector minero-aurífero en Venezuela se caracterizan por desarrollarse en amplias zonas determinadas y asignadas con los siguientes datos:
a) 23 áreas de uso minero ecológico en 2017.
b) 38 de 63 nuevas áreas para uso minero ecológico asignadas a la CVM en 2018.
c) 4 áreas adicionales mediante Decreto No. 3.872 de 2019.
d) 2 empresas mixtas en el Arco Minero del Orinoco de 18 que publica el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico: 1) la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra minera compuesta por la CVM y Barbados Inc. / Gold Reserve, de Canadá, suscrita en 2016, puesta en marcha en 2019, para el desarrollo de actividades de exploración, explotación, comercialización y actividades conexas asociadas al mineral oro en el área oro 25 ubicada en el municipio Sifontes del Estado Bolívar, área 4 de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (ZDENAMO), por 20 años, y; 2) Empresa Mixta Mibiturven, S. A. compuesta por Minerven y Marilyns Proje Yatirim S.A., de Turquía, suscrita y puesta en marcha en 2019, para el desarrollo de actividades de exploración, explotación, comercialización y actividades conexas o asociadas al mineral oro en las áreas Área 2, Área 3 y Área 14 ubicadas en el municipio Sifontes del Estado Bolívar, área 4 de la ZDENAMO.
e) Un indeterminado número de alianzas estratégicas para compartir procesos productivos necesarios para llevar a cabo las actividades primarias y conexas de la minería del oro, que abarcan la explotación mediante la pequeña minería, el acopio, el almacenamiento, el transporte, la transformación y la comercialización. Se entiende, en consecuencia, que son cooperadores de las empresas del Estado o empresas mixtas en sus actividades.
Las alianzas estratégicas han podido realizar la comercialización del mineral aurífero a los mercados internacionales sobre la base de la extensión de la autorización recibida por la CVM, mediante comunicación No. VOI-GARI-010 de fecha 26 de marzo de 2021, prorrogada mediante comunicación VOI-105 del 30 de diciembre de 2021 del BCV, según la cual se autorizó a la CVM para la:
Alianza estratégica bajo la modalidad contrato de operaciones
Es una forma de asociación entre el Estado venezolano y una persona jurídica nacional o extranjera, mediante la suscripción de un contrato de operaciones a través de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y la persona jurídica, donde la CVM aporta el derecho minero y la comercialización del mineral y el aliado aporta el capital, la tecnología y el talento humano durante la fase de prospección, exploración y explotación.
La finalidad es ejecutar actividades de exploración, explotación, procesamiento, transporte y comercialización del mineral, y la posterior cuantificación y certificación de recursos y reservas minerales metálicos y no metálicos. Durante el proceso de operaciones se evalúa la modalidad de la alianza y según el interés estratégico del Estado Venezolano se puede transformar en una empresa mixta.
El alcance y elasticidad de la categoría “alianza estratégica”
le permite gestionar todas las etapas que corresponden al proceso minero, en tanto que pueden desarrollar actividades primarias, así como las conexas y auxiliares de toda la cadena del proceso minero.
En este sistema que vincula áreas asignadas, empresas mixtas, alianzas estratégicas, empresas del Estado, ministerio con competencia minera y el Banco Central de Venezuela se corresponde con un sistema cerrado de pleno control y preeminencia del Estado que interviene cada etapa de la actividad minero-aurífera y que decide “según el interés estratégico del Estado venezolano” los socios para las empresas mixtas, los aliados para las alianzas estratégicas, las áreas de interés minero ecológico y la asignación del ente público titular de las áreas, el monto de la regalía dentro de los rangos establecidos, el pago del servicio de autorización de exportación para el caso del BCV, además de otorgar las acreditaciones técnicas de los Estudios de Impacto Ambiental y Socio Cultural y vigilar la prohibición del uso de mercurio en la actividad minera.
En este sistema cerrado –que limita la libertad de empresa y la participación privada–, la ocurrencia de hechos ilícitos está directamente asociada con la falla de controles estatales en cada una de las etapas aquí señaladas.
En efecto, la extracción ilícita de minerales ocurre en zonas que no están designadas como de interés minero o que siéndolo, no cuentan con los Estudios de Impacto Ambiental y Socio Cultural o que no están supervisadas por el Estado venezolano, a través del Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (Senafim), por cuanto a este servicio corresponde el apoyo en el control, inspección, fiscalización y seguridad a nivel nacional en todas las fases de las actividades mineras primarias, conexas o auxiliares a la minería, así como lo que corresponde al sector defensa por las unidades de Resguardo Minero y/o Guardería Ambiental.
A su vez, el mineral una vez que se ha ofrecido al BCV solo puede salir del territorio nacional cuando ha cumplido con las Normas sobre el Régimen de Comercialización Externa del Oro y se ha pagado la autorización y esta ha sido entregada al solicitante –incluso en la figura de la extensión de esta autorización a los aliados de las alianzas estratégicas o a empresas mixtas para vender en los mercados internacionales– y presentada en las aduanas correspondientes en original.
Finalmente, dado que el Estado venezolano ha creado las instituciones y los instrumentos requeridos en todas las etapas minero-auríferas, son las fallas de este sistema cerrado las que comprometen la legalidad de la actividad minera por el incumplimiento de alguna o todas las etapas aquí descritas y que lesionan los intereses de la Nación venezolana por la pérdida de recurso natural no renovable, por la degradación o destrucción ambiental sin la reparación debida, por la evasión o disminución de la participación del Estado en las regalías no percibidas, el incremento de la discrecionalidad, así como por la opacidad y extrema de las figuras de las alianzas estratégicas.
El potencial de producción de oro y la cantidad de toneladas que efectivamente se extraen cada año en el Arco Minero del Orinoco son dos de las variables más difíciles de precisar dada la ausencia de información oficial al respecto. Una de las pocas veces que el mandatario Nicolás Maduro se ha referido a este tema fue en 2019, cuando lanzó el Plan Nacional Motor Minero 2019-2025 y aseguró que la meta era llegar a producir 80 toneladas de oro al año, 1 millón de quilates de diamante, 35.000 toneladas de coltán y 14 millones de toneladas de hierro.
Las cifras ofrecidas por Maduro se basaron en las proyecciones del programa gubernamental que estimaba que el Arco Minero del Orinoco pasaría de producir 25,4 toneladas de oro en 2019 a 79,4 toneladas en 2025.
Los cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su último informe sobre los flujos ilícitos del oro en Venezuela no distan mucho de las cifras ofrecidas por Maduro. En junio de 2021 la OCDE estimaba que la capacidad de procesamiento en el Arco Minero del Orinoco podía llegar a 75 toneladas al año, cantidad que para la fecha alcanzaba el valor en mercado de USD 4.400 millones.
Pese a la ausencia de rendición de cuentas sobre la producción de oro, el estudio anterior presentado por Transparencia Venezuela sobre el Arco Minero del Orinoco señalaba que en 2021 la producción real en Venezuela se ubicó entre 30 toneladas y 37,5 toneladas de oro. Las estimaciones publicadas entonces referían que la producción de oro reportaba entre USD 1.970 millones y USD 2.385 millones, de los cuales una mínima porción entraba a las cuentas nacionales y la mayor parte era repartida entre grupos de funcionarios corruptos y organizaciones criminales.
El seguimiento a la investigación sobre la producción de oro en el Arco Minero del Orinoco permitió actualizar las cifras al cierre de 2022. Fuentes internas del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior aseguraron que en 2022 hubo un aumento en la producción de oro de alrededor de 20%, lo que implicaría que el rango de explotación se ubicó entre 37,5 toneladas y 45 toneladas por año, para un beneficio total de entre USD 2.250 y 2.700 millones anuales[3]. Este porcentaje de crecimiento es cónsono con lo que se puede observar en los municipios mineros del estado Bolívar donde se han estado creando decenas de alianzas estratégicas nuevas para la explotación de minerales y actividades conexas a la actividad. Asimismo, se han estado ampliando las plantas que se habían instalado en años recientes, como se detallará en el siguiente apartado de este informe.
El aumento de 20% en la producción de oro en el Arco Minero del Orinoco durante 2022, reportado de manera extraoficial, también coincide con las previsiones del gobierno en el Plan Nacional Motor Minero, que estimaba para 2022 una producción de 43,2 toneladas.
Las investigaciones permiten estimar que, del total de la producción de oro en 2022, alrededor de 25% habría ingresado al Banco Central de Venezuela (entre 9,5 y 11 toneladas o entre USD 570 millones y USD 660 millones); 9% al Tesoro nacional, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Presupuesto 2022 (entre 3,37 y 4,05 toneladas es decir entre USD 195 millones y USD 243 millones); 36% corresponden a las alianzas estratégicas, entre la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y actores privados, muchos de los cuales han sido vinculados con funcionarios del alto gobierno (entre 13,5 y 16,2 toneladas o entre USD 810 millones y USD 972 millones), y un 30% se quedó con actores meramente ilícitos, como las bandas criminales o sistemas y las guerrillas en poder de yacimientos auríferos (entre 11,25 y 13,5 toneladas o entre USD 675 y USD 810 millones).
Se estima que a razón de las nuevas inversiones que se están haciendo en el Arco Minero del Orinoco, la expansión de las alianzas estratégicas ya identificadas y la creación de nuevos acuerdos, al cierre de 2023 la producción de oro en el Arco Minero del Orinoco aumente entre 20% y 30% más, lo que se traduciría en un rango de explotación de entre 45 y 54 toneladas o entre USD 2.835 y USD 3.402 millones anuales, para el primer escenario y 48,75 y 58,5 toneladas o entre USD 3.071 y USD 3.686 millones, para el segundo escenario.
Dado el auge de las alianzas estratégicas, se estima que durante 2023 la mayor parte de la renta generada por la producción de oro (66%) será captada por estas organizaciones; un 8% ingresará formalmente a las cuentas nacionales por pago de regalías; un 5% recibirá el BCV por autorizar las exportaciones, dada su limitada capacidad de compra; y un 20% se quedará en manos de organizaciones criminales, algunas de las cuales están siendo limitadas por operativos militares, como se detallará más adelante.
La apropiación ilícita del oro va por los caminos regulares
Pese a los repuntes en la producción de oro en el Arco Minero del Orinoco durante 2022 y 2023, esto no necesariamente se traduce en mayores ingresos para las cuentas nacionales y más bienestar de la población venezolana. El diseño del negocio del oro y las reglas de juego establecidas por el gobierno benefician solo a pequeños grupos. Aunque en la práctica, el oro que producen las alianzas estratégicas debería reportarse como producción legal, estos negocios están llenos de irregularidades que permiten que exista una apropiación ilícita.
1) Baja participación en las alianzas estratégicas. Cuando la Corporación Venezolana de Minería firma un contrato de operaciones para el establecimiento de una alianza estratégica con un privado, queda establecido que el Estado obtendrá una participación sobre las ganancias netas que deje cada operación comercial. Aunque estos contratos de interés nacional no han sido publicados, Transparencia Venezuela tuvo acceso a documentos oficiales en los que se precisa que, al menos en las alianzas revisadas, ese porcentaje de participación del Estado equivale a veinte por ciento (20%); mientras que los “privados” se quedan con ochenta por ciento (80%). La participación del Estado en empresas petroleras está siempre por encima de 51%.
2) Creación de alianzas estratégicas con amigos. Hasta ahora hay gran opacidad sobre la cantidad de alianzas estratégicas que se han conformado entre la Corporación Venezolana de Minería y actores privados para desarrollar las distintas actividades asociadas a la explotación y el comercio del oro en Venezuela. También hay importantes vacíos de información sobre los beneficiarios finales de esas empresas privadas que integran las alianzas. Sin embargo, la búsqueda de información en los registros nacionales, las entrevistas realizadas en los pueblos mineros del estado Bolívar y los reportes de medios nacionales e internacionales evidencian que detrás de esas compañías se encuentran personas cercanas a importantes figuras del gobierno nacional o individuos señalados en casos de corrupción investigados dentro y fuera de Venezuela, como se detalla en el siguiente apartado de este informe.
3) Bajos porcentajes de regalías por oro. Como se detalló en el análisis del marco legal, el Estado tiene derecho a una participación mínima de un tres por ciento (3%) hasta un máximo del trece por ciento (13%), sobre el valor del producto final del oro explotado en Venezuela. Este porcentaje que pagan las alianzas estratégicas es muy diferente al que se cobra en la actividad petrolera, donde las regalías superan el treinta por ciento (30%).
4) Bajos cobros por autorizar exportaciones. Llama la atención los reducidos porcentajes que cobra el Banco Central de Venezuela para autorizar a las alianzas estratégicas a exportar el oro venezolano, si este ente se rehúsa a adquirirlo. De acuerdo con el análisis legal, este monto oscila entre un mínimo de cuatro por ciento (4%) y un máximo de nueve por ciento (9%) del monto que resulte autorizado para la venta.
5) Elevados niveles de opacidad. Pese a que la explotación y comercialización del oro es un asunto de interés nacional, no hay información oficial clara, precisa y continua que permita hacer seguimiento al sector. No se conoce cuánto se está produciendo y tampoco hay posibilidad de hacer seguimiento a las rentas que se deberían generar legalmente. El Banco Central de Venezuela no reporta datos sobre las compras de oro en el mercado interno o los ingresos por autorizas las exportaciones. La Oficina del Tesoro, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, la Corporación Venezolana de Minería no informan sobre los ingresos captados por la participación en las actividades de explotación. Finalmente, las alianzas estratégicas tampoco dan detalles sobre las erogaciones que debería hacer al Estado.
La tarde del 24 de febrero de 2016, durante una reunión celebrada en la sede principal del Banco Central de Venezuela, a propósito de la creación del Arco Minero del Orinoco, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que más de 150 empresas de 35 países estaban interesadas en invertir en el nuevo mega proyecto de minería. Los inversionistas establecerían empresas mixtas, en las que el Estado venezolano poseería más de 55% de las acciones.
Pese a que Maduro aseguró que eran cientos de empresas las interesadas en el Arco Minero del Orinoco, fueron pocas las que se terminaron asociando con el Estado a través de empresas mixtas. Como se precisó en el análisis del marco legal sobre el oro, desde 2016 solo se publicó oficialmente la conformación de dos empresas mixtas autorizadas para desarrollar las actividades primarias y conexas de la producción de oro: la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera S.A, creada el 29 de septiembre de 2016 y Empresa Mixta sociedad anónima Mineral Binacional Turquía Venezuela S.A, (Mibiturven) del 31 de agosto de 2018.
Sobre estas empresas ha reinado la misma opacidad que impera dentro del Ejecutivo nacional. No hay información pública oficial sobre los criterios de selección de los socios, el avance de los trabajos, ni el rendimiento de las operaciones. Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron que, en el caso de Siembra Minera, la socia GR Mining Inc, había sido registrada en Barbados el 15 de abril de 2016, apenas cinco meses antes de asociarse con el Estado venezolano. Mientras que sobre Mibiturven, se reveló que la socia Marilyns Proje Yatirim, S.A, está vinculada al empresario colombiano Álex Saab, preso en Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
Más allá de menciones esporádicas sobre esas dos empresas mixtas, en los municipios mineros del estado Bolívar lo que resalta actualmente es el auge que han tomado las alianzas estratégicas. Los mineros y demás pobladores de estas localidades coinciden en afirmar que en el Arco Minero del Orinoco se han conformado cientos de asociaciones entre la Corporación Venezolana de Minería, dirigida por el mayor general Carlos Osorio Zambrano, y empresas de supuestos actores privados para la explotación del oro.
La visita realizada por el equipo de Transparencia Venezuela al estado Bolívar a inicios de 2022, advirtió sobre los distintos cambios en el ecosistema de industrias y plantas recuperadoras de oro vividos luego de la pandemia por el Covid-19. El trabajo de campo realizado entonces evidenció que a lo largo de la deteriorada troncal 10 que comunica Ciudad Guayana con Brasil, principalmente en el tramo que cruza los municipios Roscio, El Callao y Sifontes había gran cantidad de alianzas estratégicas nuevas, así como movimientos de tierra para la construcción de más y más plantas.
A partir del recorrido realizado por los municipios mineros y la revisión de fuentes documentales, en 2022 el equipo de Transparencia Venezuela logró identificar 34 alianzas estratégicas dedicadas principalmente al procesamiento de oro por cianuración y a la venta de insumos para la minería. Algunas de las plantas estaban identificadas con nombres y Registro de Información Fiscal (RIF), mientras en otras solo aparecía un nombre y el logo de la CVM.
En junio de 2023, por segundo año consecutivo, el equipo de Transparencia Venezuela volvió a los municipios mineros del estado Bolívar y evidenció la conformación de nuevas alianzas estratégicas y el crecimiento de las plantas que ya habían sido identificadas en 2022. Desde la misma troncal 10 fue posible ver cómo se han establecido nuevas industrias para el procesamiento de oro, así como empresas de suministros donde se venden desde plantas eléctricas, hasta cianuro de sodio, carbón activado o acetileno de alta pureza. Al interior de municipios como El Callao y Tumeremo también fue posible evidenciar otras corporaciones nuevas y más movimientos de tierras.
La visita a la zona, las entrevistas a los pobladores y mineros y la consulta de documentos publicados por autoridades locales permitió identificar 26 alianzas estratégicas nuevas, que sumadas a las 34 listadas previamente, arroja un total de 60 asociaciones creadas por la CVM y actores supuestamente privados en el último año.
Aun con un rastreo riguroso en bases de datos y con el amplio trabajo de campo realizado entre 2022 y 2023 fue difícil conseguir información sobre quiénes son los dueños y beneficiarios reales de todas esas compañías. Sin embargo, si fue posible identificar a los directivos de algunas de ellas, entre los cuales destacan personas que han tenido relación con altos funcionarios o han estado vinculados con casos de presunto desfalco al patrimonio público venezolano.
Goldtex
de Venezuela, C.A.
Una de las alianzas estratégicas que más destaca en la Troncal 10 es la administrada por Goldtex de Venezuela C.A, ubicada entre las poblaciones de Guasipati (municipio Roscio) y El Callao (municipio El Callao). Las instalaciones de esta empresa llaman rápidamente la atención por el tamaño que poseen y la expansión que han tenido en los últimos dos años.
Los antecedentes de Goldtex de Venezuela, C.A también resultan llamativos. De acuerdo con información del Registro Nacional de Contratistas, esta empresa estuvo dirigida previamente por Eduing Flores Zuloaga y Gran Alexander Ritchie Silva, quienes también han sido socios en la empresa Degran & Compañía, C.A.
Flores Zuloaga y Ritchie Silva fueron acusados en 2011, por los delitos de concierto de funcionario público con contratista, por presuntamente haber contratado con la empresa estatal Orinoco Iron, obviando todos los procesos de licitación y mecanismos internos, en el caso conocido como la mafia de las cabillas. Posteriormente se sobreseyó su causa. En este caso estuvo involucrado el exgobernador de Bolívar por tres períodos (2004-2017) Francisco Rangel Gómez.
Goldtex de Venezuela, 2022. Foto William Urdaneta.
Goldtex de Venezuela, 2023. Foto Transparencia Venezuela.
Inversiones
Intac C.A.
En la vía entre El Callao y la población de Tumeremo (municipio Sifontes) está la alianza estratégica conformada por la CVM y la empresa Inversiones Intac C.A., que también ha tenido un importante crecimiento en el último año, como se puede apreciar en las siguientes fotos.
Entre los directivos que ha tenido Inversiones Intac resaltan los nombres de Yacsury Alexandra Silva Cardona y Misael Smith Silva Cardona, quienes también figuran en las juntas directivas de varias firmas del Grupo JHS, un conglomerado empresarial liderado por su hermano Jorge Alfredo Silva Cardona, quien ha sido relacionado con Diosdado Cabello en investigaciones publicadas en el medio venezolano Armando Info.
Jorge Silva trabajó hasta mediados de 2013 como técnico administrativo del Seniat y en la actualidad es el propietario del Deportivo Táchira (uno de los clubes de fútbol con más renombre en Venezuela) y de varias compañías dedicadas a servicios aduaneros y agroproductivos. De acuerdo con una investigación del medio venezolano Armando Info, el Grupo JHS fue levantado tras la firma de una alianza milmillonaria entre el gobierno venezolano, representado por Cabello en la negociación, con el gigante de alimentos brasileño JBS, acusado luego de actos de corrupción en Brasil, en la operación Lava Jato.
Inversiones Intac, 2022. Foto William Urdaneta.
Inversiones Intac, 2023. Foto Transparencia Venezuela.
Aurumin
Muy cerca de Inversiones Intac, en la vía entre El Callao y Tumeremo también se encuentra la alianza estratégica llamada Aurumin, una de las que más desarrollo tiene y de la que menos información se consigue.
De acuerdo con documentos internos de la CVM a los que Transparencia Venezuela tuvo acceso, esta alianza estratégica cuenta con molinos y líneas de lixiviación para procesar oro y además tiene asignadas las minas La Increíble, Cicapra, Choco y Tommy. En varias de esas minas se registraron enfrentamientos armados entre diferentes integrantes de organizaciones criminales y efectivos de seguridad en años recientes.
Esta empresa tiene una oficina corporativa en la Avenida Veracruz de la urbanización las Mercedes en Caracas y según varias de las fuentes consultadas en el estado Bolívar, sus directivos serían personas cercanas al poder Ejecutivo. En sus instalaciones es usual ver vehículos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Aurumin, 2022. Foto William Urdaneta.
Aurumin, 2023. Foto Transparencia Venezuela
Corporación Guayanaoro, CA.
En la vía de El Callao a Tumeremo también se encuentra la alianza estratégica conformada por la CVM y la Corporación Guayanaoro, C.A, una de las pocas asociaciones que fue publicada por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico en su página web.
Guayanaoro, C.A suscribió la alianza estratégica en el año 2017 con el propósito de instalar la planta de hidrometalurgia por lixiviación con cianuro Guayana Oro. Tres años después, en marzo de 2020 uno de los directivos de esta empresa, Leonardo Santilli, fue acusado por fiscales del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, por presunto lavado de dinero y otros delitos relacionados, tras haber contratado de forma irregular con Pdvsa entre 2014 y 2017. En septiembre de 2020, tres meses después de conocerse la acusación, Santilli fue asesinado en el estado Anzoátegui, Venezuela.
Entre 2022 y 2023 la fachada de la Planta Guayanaoro tuvo varias modificaciones. No solo fue pintado el muro que resguarda el lugar, el anuncio de la planta fue actualizado y ahora muestra las caras de Simón Bolívar, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, además del logo de la CVM.
Planta Guayanaoro, 2022. Foto William Urdaneta.
Planta Guayanaoro, 2023. Foto Transparencia Venezuela.
Inversiones y Representaciones Glenduard, CA.
Esta es una de las seis empresas privadas que conforman el Complejo Industrial Domingo Sifontes, establecido por el gobierno venezolano en El Callao. Su director, Eduardo Rivas, llegó a ser considerado uno de los hombres con más poder en el negocio del oro, aunque en el último año parece haber perdido relevancia en el sector.
Rivas fue candidato al Consejo Legislativo del estado Bolívar en el año 2008 con el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otras toldas asociadas al chavismo, aunque no ganó. El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), apartado del chavismo, declaró que Rivas es una persona de confianza de Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro.Corporación Petroglobal, C.A.
Esta es otra de las seis empresas privadas que conforman el Complejo Industrial Domingo Sifontes en El Callao. Documentos del Registro Público publicados en Armando Info evidencian que los dueños de la empresa son Mario Bonilla Vallera y Raúl Saavedra Leterni, socios en más de una docena de compañías en Venezuela y el exterior.
Bonilla ha sido identificado como amigo cercano de los hijos de Cilia Flores, Yoswal y Yosser Gavidia Flores, y de su hermanastro Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro. Bonilla Vallera fue acusado en el tribunal federal del Distrito Sur de Estados Unidos por el presunto desfalco de USD 1.200 millones de Pdvsa, en un caso conocido como Operación Money Flight.
Investigaciones de medios de investigación venezolanos también refieren que en El Callao se encuentra la planta recuperadora Zurisadai, que sería propiedad del general de la Guardia Nacional, José Gregorio Almao Barroeta, ex presidente de la gubernamental Misión Negra Hipólita, de acuerdo con registros oficiales. Otra empresa, Arco Dorado 2, pertenecería a Wuilher Torrella, un exfuncionario de la Asamblea Nacional.
La alianza estratégica Tienio TMO CA, es otra de las que se puede ver desde la Troncal 10. Foto Transparencia Venezuela
Además de plantas procesadoras de oro, hay alianzas para la venta de insumos. Foto Transparencia Venezuela
En la troncal 10 se evidencian muchos movimientos de tierras que podrían sugerir la creación de más alianzas estratégicas.
El incremento de las alianzas estratégicas en las poblaciones mineras del estado Bolívar es otra de las muestras del poder que ha ido ganando la Corporación Venezolana de Minería, el actor oficial con más presencia en el llamado Arco Minero del Orinoco y en las zonas fuera de este sector en los que también se extraen minerales.
La CVM está presente en casi todos los aspectos de la vida en los municipios mineros. Su logo aparece no solo en las alianzas para el procesamiento del oro o en los comercios de venta de insumos para la minería, también está en los sacos en los que se recoge el material aurífero que se extrae de las minas y hasta en los negocios de compra venta de oro que se ubican en el centro de poblaciones como El Callao o Tumeremo.
La CVM no solo es la que decide con quién va a conformar las alianzas estratégicas y autoriza la comercialización en el mercado internacional. Esta estatal también ha llegado a regular los insumos que ingresan en los municipios mineros, desde el combustible que tiene gran valor en las minas, pues sirve para el funcionamiento de taladros o molinos, hasta las gandolas que transportan alimentos.
Las tiendas de compra venta de oro también están aliadas con la CVM. Foto Transparencia Venezuela
Durante 2023, la CVM ha anunciado a través de sus redes sociales la instalación de varios Centros de Atención al Minero (CAM), en diversos sectores de los municipios Roscio y El Callao del estado Bolívar, con los que estarían buscando “formalizar el registro de los mineros artesanales, asesorar en el cumplimiento de las normas ambientales regulatorias, atender a representantes de las comunidades mineras y recibir propuestas para una minería productiva”.
Con la realización de este tipo de jornadas y el establecimiento de más alianzas estratégicas, la empresa estatal estaría buscando asegurarse una mejor captación del material aurífero que se extrae del suelo venezolano, lo que debería traducirse en más ingresos para el país y en mejores condiciones laborales para los mineros artesanales. No obstante, como se detalló previamente, los parámetros establecidos por el gobierno facilitan que la mayor parte de lo que se está produciendo actualmente termine en manos de aliados privados cercanos a funcionarios del alto gobierno o con señalamientos de corrupción.
El mayor control de la CVM tampoco se ha traducido en mejores condiciones laborales para los mineros. Como se evidenció en una visita realizada a minas de El Callao, una de las poblaciones en las que más se extrae oro, los pequeños mineros siguen trabajando en condiciones paupérrimas. Aun aquellas personas que arriman sus sacos con material aurífero a las alianzas estratégicas, trabajan sin ningún tipo de seguridad personal o laboral. No usan uniformes o equipos de protección para bajar a los huecos que superan los 20, 30 y 50 metros de profundidad; explotan durante largas jornadas que se extienden en el día y la noche, incluso en épocas de lluvia lo que los hace más propensos a quedar atrapados o morir por derrumbes; no cuentan con seguros ni otro tipo de beneficio.
La CVM establece más alianzas estratégicas con “privados” cercanos al poder
La DGCIM aumenta su presencia en el Arco Minero
La FANB organiza operativos en poblaciones mineras y crea el GPAMO
Desde 2022 el gobierno venezolano también ha incrementado la presencia de efectivos de seguridad y defensa en el Arco Minero del Orinoco en lo que parece ser un esfuerzo por aumentar el control en la zona y encajar en la dinámica regional de “revitalizar la selva amazónica”, junto con los ejecutivos de Brasil y Colombia
A diferencia de años anteriores, los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de las policías nacionales y regionales, así como de otros cuerpos de seguridad ya no se restringen a ubicarse en los más de 20 puntos de control o alcabalas que existen a lo largo de la troncal 10 entre Ciudad Guayana y la frontera con Brasil.
Desde mediados de 2022, cuando el Comando Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) puso en marcha el operativo Roraima en el estado Bolívar, como parte de la Operación Escudo Bolivariano, se incrementó la presencia de los militares a lo interno de las poblaciones mineras.
“La invasión militar”, como llaman algunos pobladores de los municipios mineros a los operativos militares tiene como objetivo desmantelar organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas, según ha publicado el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, general en jefe, Domingo Hernández Lárez, a través de sus redes sociales.
Durante el operativo Roraima fue la primera vez que participó el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (Gpamo), una unidad especial adscrita al Ceofanb que está integrada por personal militar de los cinco componentes (Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y Milicia). Este cuerpo tiene su centro de operaciones en la troncal 10 entre las poblaciones de Upata y Guasipati y es común ver sus unidades circulando a lo largo de la vía. De hecho, si se presenta cualquier inconveniente entre vecinos de la zona, el Gpamo llega rápido a atenderlo.
El Gpamo se instaló en la troncal 10 entre Upata y Guasipati. Fotos Transparencia Venezuela
A la par de los operativos militares y la creación del Gpamo, en los municipios mineros también se incrementó la presencia de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes serían los encargados de brindar seguridad a las alianzas estratégicas.
Al interior de El Callao hay una amplia unidad de la Dgcim con tanques y otros vehículos blindados que suelen circular por el centro. Además, en las zonas de Chile y El Perú, de las más peligrosas en la población y con gran número de minas, también es posible ver el logo de la Dgcim junto a los de la FANB.
La Dgcim tiene más presencia en los municipios mineros. El Callao.
Fotos Transparencia Venezuela
El despliegue de los diferentes cuerpos de seguridad y defensa en las poblaciones mineras del estado Bolívar ha logrado frenar a algunas de las organizaciones criminales que ejercen control sobre importantes yacimientos auríferos, grupos que se hacen llamar el sistema, ejercen la violencia y participan del contrabando de oro. Pero otros grupos delictivos identificados siguen operando, como se precisó en el informe Agentes criminales, interacciones oscuras.
“Al menos cuando inició (el operativo Roraima), a finales de 2022, fueron de frente contra los integrantes de la Organización R o 3R en Tumeremo. Por un tiempo dejó de escucharse información sobre este grupo, aunque es muy difícil saber si realmente acabaron con él. Sin embargo, con las otras bandas no se han comportado igual. Hay quien dice que los líderes de esas organizaciones están fuera del país, se han replegado”, afirmó un investigador del estado Bolívar que hace seguimiento a las actuaciones de los cuerpos de seguridad.El incremento de controles, por parte del gobierno de Nicolás Maduro en el Arco Minero del Orinoco, no ha evitado que sigan ocurriendo una gran cantidad de ilícitos en la zona, que comienzan al momento de la explotación y llegan hasta su fuga con destino a países como Colombia y Brasil o Turquía.
A partir del análisis del marco legal es posible confirmar que la explotación y el comercio del oro en Venezuela tiene un gran componente ilícito:
Las leyes establecen que la extracción de minerales debe ocurrir en áreas asignadas por el presidente de la República mediante decreto publicado en Gaceta Oficial.
Los mineros, molinos y alianzas estratégicas deben estar inscritos en el Registro Único Minero.
Si no se pagan regalías correspondientes o los porcentajes necesarios para la exportación.
Si no se ofrece la venta del oro al BCV y si se saca del país sin permiso.
El impacto del contrabando de oro
A diferencia de los diamantes, el origen del oro es más difícil de rastrear (ya que se puede combinar con oro proveniente de otras fuentes o sumarlo a la producción total de otros países), lo cual facilita que sea “legalizado” a través de diversos mecanismos burocráticos.
El contrabando de oro desde Venezuela pudiera ser una de las razones del alza en la producción de oro de otras naciones. Guyana presentó un incremento en sus cifras de oro a partir de 2016 cuando se creó el Arco Minero del Orinoco (pasó de 18,2 toneladas en 2015 a 23 en 2016). Otro país que destaca es Costa Rica, que pasó de 0,7 toneladas de oro en 2016 a un pico de 5,2 toneladas en 2018). Aunque en el país hay explotación de oro ilegal en zonas sensibles y parques nacionales, la cantidad de exportaciones hace suponer a los investigadores que por Costa Rica circula oro venezolano. En el caso de ese país, específicamente, existen denuncias por parte de legisladores que declaran que su país está siendo utilizado para triangular exportaciones de oro y poder legitimarse en mercados internacionales.
A su vez, resalta el aumento en la producción de Colombia a partir de 2020, llegando a un máximo en los últimos 11 años de 61 toneladas en 2021. Fuentes oficiales sugieren que más de la mitad no es oro colombiano, sino que procede de los procesos ilícitos de Perú y Venezuela.
