ECONOMÍAS ILÍCITAS EN VENEZUELA

ECONOMÍAS ILÍCITAS
EN VENEZUELA

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CAPÍTULO 1

DE LA ECONOMÍA SUMERGIDA
A LA ECONOMÍA ILÍCITA

Una mejor comprensión de la actual situación económica, política y social de Venezuela pasa por revisar el peso que han cobrado en los últimos años las economías ilícitas que se originan en el territorio nacional, o que encuentran en el país una ruta despejada para llegar más fácil a otros destinos.

Para entender mejor este fenómeno y su magnitud es importante conocer qué es la economía sumergida, ese conjunto de actividades económicas no declaradas que escapan del control de la Administración del Estado y de las estadísticas oficiales, y que comprende la suma de la economía informal y la economía ilegal, distinguidas por la naturaleza de las actividades que comprenden.

La economía informal, es una actividad económica lícita, aunque secreta a efectos de registro por razones de elusión fiscal o de control administrativo. La regularización de este sector constituye el grueso del trabajo de cuerpos institucionales como los Inspectores de Hacienda o del Trabajo. En Venezuela, sin embargo, la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), muestra un importante incremento del sector informal entre 2014 y 2021 y una reducción del empleo formal en 21,8 puntos porcentuales (equivalente a unos 4,4 millones de empleos, 1,3 millones en el último año), de los cuales 70% son del sector público y 30% del privado.

Los datos consolidados del estudio revelan que solo 40% de los ocupados están formalmente empleados frente a una informalidad que, agrupando a todos los no registrados en servicios de seguridad social, incorporaría a los trabajadores por cuenta propia (51.7%), servicios domésticos y ayudantes familiares (4.6%) y miembros de cooperativas (0.6%), alcanzando un total de 56.9%. Estas cifras son además agravadas por el hecho de que, de acuerdo con el mismo estudio, un 50% de la población laboral disponible se encuentra inactiva, un elemento que puede significar una mayor informalidad implícita (fundamentalmente por el grupo de empleados que trabajan menos de 15 horas a la semana), y que también puede estar asociado a las rentas percibidas por las remesas, estimadas en unos USD 2.000 millones para el cierre de 2021.

ENTRE 2014 Y 2021 HUBO UN
IMPORTANTE INCREMENTO DEL
SECTOR INFORMAL Y UNA
REDUCCIÓN DEL EMPLEO FORMAL
EN 21,8 PUNTOS PORCENTUALES
(EQUIVALENTE A UNOS
4,4 MILLONES DE EMPLEOS)

Por su parte, la economía ilegal, objeto central de este estudio, es diferenciada de la economía informal por la propia naturaleza ilícita de las actividades que incorpora. Ejemplo de ello son el tráfico de drogas y el contrabando de bienes. A diferencia de las inspectorías laborales que operan con el fin de disminuir la informalidad, las actividades ilícitas son reprimidas por órganos de justicia nacionales y por organismos intergubernamentales especializados, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

A LOS EFECTOS DE ESTE ESTUDIO, DEFINIREMOS COMO “ECONOMÍA NEGRA” A TODO EL FLUJO DE ACTIVIDADES ILÍCITAS QUE COMPRENDEN EL DESVÍO Y LA VENTA ILÍCITA DE COMBUSTIBLE, EL NARCOTRÁFICO, EL CONTRABANDO DE ORO, ASÍ COMO LOS ILÍCITOS EN EL MANEJO DE LOS PUERTOS.

Más allá de la naturaleza diferenciada de ambas actividades, tanto la economía informal como la economía ilegal permiten la acumulación de dinero “sumergido” que posteriormente debe entrar al sistema mediante algunos mecanismos informales e ilegales y que de hecho representan uno de los principales problemas en todo el mundo, respecto a la cuantificación del principal indicador de actividad económica, el producto interno bruto (PIB).

Este indicador tiene en cuenta la totalidad de las actividades económicas desarrolladas, lo que incluye la producción sumergida que se transforma en Renta Nacional y acaba integrándose en la demanda agregada. En algunos casos las autoridades estadísticas identifican el peso de alguna parte de la economía sumergida en su estimación del PIB para, a continuación, definir si es o no adecuado y justificar así un ajuste discrecional al alza o a la baja, con o sin amparo de las normas contables internacionales que haya al respecto, convirtiéndose finalmente en un tema discrecional de manejo político, que gana relevancia en el caso venezolano donde las estimaciones de su tamaño representan más de una quinta parte del tamaño de la economía.