Zulia
narcotráfico, la confluencia de la complicidad,
el poder y el control social
Zulia es clave en el tránsito de la droga proveniente de Colombia, con presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos criminales que viven y transitan entre Colombia y Venezuela. El trabajo de campo permitió relevar información directamente de representantes de sectores económicos, autoridades regionales y municipales, legisladores, activistas de la sociedad civil en organizaciones nacionales e internacionales con actividad en la zona, representantes de grupos poblacionales, defensores de derechos humanos y periodistas de la región. Las entrevistas realizadas y la comprobación de la información, permitió fortalecer el análisis sobre la actividad e impacto de las economías ilegales y de la criminalidad en la institucionalidad y en la cotidianidad del zuliano.
Los resultados obtenidos a través de la base de datos, producto del rastreo de informaciones publicada en medios de comunicación sobre la criminalidad en el estado Zulia, son consistentes con lo encontrado en campo en cuanto a los delitos de mayor impacto. Para el período que nos ocupa, 2022 y el primer semestre de 2023- el narcotráfico es el delito de mayor gravedad. La trata de personas estaría en segundo lugar, de acuerdo al seguimiento hecho a las publicaciones y a las entrevistas realizadas. Pero del aporte de las fuentes consultadas en el sitio se evidenció que la extorsión violenta es otra de las grandes preocupaciones en este estado. El contrabando de combustible, de alimentos, y de chatarra, así como en menor medida la explotación ilegal de ciertos minerales no preciosos, completan la contribución de las personas consultadas sobre los ilícitos registrados en esta zona de Venezuela.
La capital del estado Zulia, Maracaibo, mostró una cara desolada cuando se realizó esta visita, aunque llegó a ser la segunda ciudad en importancia económica de Venezuela. Encontramos una ciudad con tránsito vehicular reducido, en medio de la grave escasez de combustible, locales comerciales y de viviendas abandonadas, el comercio en general con actividad hasta tempranas horas de la tarde, son algunos de los indicios de lo débil que está este estado fronterizo.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los municipios del sur del estado, y las bandas criminales en el norte, son las organizaciones con actividad criminal con control de sectores y territorio en algunas zonas y con alto impacto sobre la población zuliana.
La violencia, y la extorsión es parte de la cotidianidad zuliana. Escuchar que lanzaron una granada, que un niño recoge chatarra, que familias enteras trabaja en cultivos de drogas raspando coca o apoyando los negocios y actividades conexas para subsistir, que los Yukpas venden gasolina a granel, que el suministro de gas en Los Puertos de Altagracia fue restituido con el apoyo de grupos criminales o que la moneda no es el bolívar sino el peso colombiano; son irregularidades que son comunes en todas las entrevistas.
A continuación, presentaremos el impacto de estos ilícitos en función de las distorsiones que genera en el ámbito institucional, económico, político, social y cultural.
Distorsiones en el estado Zulia
institucionales
Grupos criminales y rutas del narcotráfico en Zulia
Policías locales debilitadas. Los policías municipales tienen “poco pie de fuerza” y reducido margen de acción. La autoridad real y legal la tiene la ZODI y la REDI, que tienen el control de la estrategia, los operativos, los equipos y las armas. El territorio zuliano, como en todos los estados, está divido en los llamados cuadrantes de paz, donde ejercen tareas de seguridad, defensa e investigación, mientras que los funcionarios policiales locales solo tienen funciones administrativas. Esto son contar con la baja remuneración, por lo que están expuestos a corruptelas en un escenario de alta incidencia delictiva, con alto flujo de dinero proveniente del delito.
Los números también indican debilidad. Solo la capital, Maracaibo, requiere de 1.200 funcionarios, pero en 2023 solo cuenta con 590 policías. Hay alcaldías que no tienen cuerpos policiales, como Jesús Enrique Lossada y Semprún, y los municipios que sí tienen cuentan con pocos funcionarios. Aunque la fuerza policial fuese robusta, la realidad es que en Zulia son los militares, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Policía del Estado Zulia, los que se encargan de la seguridad.
Un funcionario destacado en Maracaibo aseguró que los organismos de seguridad, dependientes del gobierno central, “dan de baja” cuando se lo proponen a los integrantes de las mafias que ejercen la extorsión violenta con granadas. Aseguró que son eventuales los operativos contra las bandas, en especial cuando el hecho causa escándalo más allá de las fronteras del estado Zulia.
El otro aspecto a resaltar es que entre los consultados hay una percepción negativa sobre el accionar de los cuerpos de seguridad en el Zulia. Algunos refirieron que el cabecilla de una banda apodado el “El Yiyi” es señalado de pagar sobornos a funcionarios policiales. Otros mencionaron supuestos pagos fijos a funcionarios de seguridad por parte de los Grupos Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO), una de las denominaciones que utiliza la estructura militar para definir a las bandas criminales.
Temor a la denuncia. Los entrevistados coincidieron en que hay desconfianza en los organismos de seguridad y el sistema judicial. La precaución y el miedo ahuyentan la denuncia.
Una fuente se refirió a la precariedad de la seguridad de los productores agrícolas con respecto a las pistas de aterrizaje clandestinas. Si denuncian públicamente la existencia de pistas en sus fincas ponen en grave riesgo su seguridad personal, y quienes lo ha hecho son asesinados por los traficantes de drogas. Pero también son señalados por las autoridades nacionales de ser supuestamente cómplices del establecimiento de pistas clandestinas en sus unidades de producción. Incluso se exige un permiso de las autoridades para mover la maquinaria pesada, que es tan necesaria en las actividades diarias en las unidades de producción, bajo la presunción de que pueden ser usadas para establecer pistas. Según este testimonio, para obtener el permiso se exigía a cada productor 6.000 dólares y su trámite era muy lento. Los productores tuvieron la iniciativa de exponer la situación ante el ministerio correspondiente, a través de las asociaciones, y lograron solamente bajar el costo de este trámite y recortar los lapsos de entrega del permiso.
Otra fuente señaló que en Machiques se han reportado casos de ganaderos que supuestamente reciben pagos no acordados de parte de los carteles, que dejan grandes cantidades de dinero- se habla de hasta 25 mil dólares- a las puertas de sus residencias después que instalan pistas ilegales en sus terrenos, sin dejar margen de acción a los productores cercados por el control de los criminales. También explicó que para el aterrizaje de las aeronaves los carteles se apropian de zonas cercanas a los muros o “pretiles” que son construidos en línea recta en las fincas para que no pase el agua en las cercanías del Lago de Maracaibo. “Nadie se puede oponer a sus resoluciones”, agregó.
económicas
Supervivencia al ras del delito. Zulia fue el centro petrolero del occidente de Venezuela por excelencia y ahora es un reflejo de la crisis humanitaria compleja: sectores con economía en ruinas, bajo poder adquisitivo, grave deficiencia en los servicios de agua potable y electricidad, un entorno impunidad frente a la criminalidad desbordada y falta de protección Estatal.
La economía ilícita más grande con mayor alcance e impacto es el narcotráfico y las diferentes actividades que genera y requiere. Una parte de la población se dedica a la raspa de coca cuando se inician las jornadas de recolección de la planta, principalmente en territorio colombiano. Consiste en trabajar la hoja directamente sin guantes, lo que produce un hongo en las manos que permite identificar fácilmente a quienes se dedican a esta actividad porque son expuestos a varios químicos “y muchos se han muerto”, comentó una fuente.
En la raspa de coca el pago puede llegar a 20 dólares por kilo de hojas de coca recogida, muy superior a los 10 dólares de sueldo mensual que pueden ganar en las fincas. En municipio Semprún 70% de la mano de obra es de la raspa de coca, según estiman algunas fuentes. Representantes de dos organizaciones de la sociedad civil señalaron que también en el municipio Mara se han identificado casos de personas que se dedican a la raspa coca en Colombia.
El narcotráfico ha generado nuevas ganancias en el sector de la pesca con el negocio de el buche. Los pescadores del estado Zulia “están amarrados” a esta actividad. El llamado buche, o vejiga natatoria del pescado, es un subproducto hasta hace poco escasamente aprovechado en el mercado venezolano, de gran poder nutritivo y muy apreciado en Asia. Pero desde hace un tiempo, el narcotráfico compra a los pescadores el buche– sobre todo de la Curvina, que es más grande- para transportar la droga.
Según se conoció el buche de pescado es impermeable y evita que los olores lo atraviesen. Los perros antidrogas no pueden percibirlo. Los pescadores que están en el Lago de Maracaibo y en la costa del mar Caribe que limita con el estado son obligados a vender el pescado a las mafias “o los matan”.
También persiste la venta a granel de gasolina en las aceras, a la vista de todos, y en algunos casos muy cerca de las estaciones de servicio cerradas, una actividad en la que participan hombres, mujeres, niños; entre ellos indígenas, especialmente de la etnia Yukpa. El combustible lo venden en recipientes pequeños de plástico, a un dólar o un dólar y medio el litro. Uno de los consultados señaló que la Guardia Nacional les entrega a los Yukpas el combustible especialmente en una estación de servicio ubicada en el km 19. En el recorrido por la frontera con Colombia y otras zonas como la capital, o en el municipio Semprún, se pueden observar a integrantes de esta etnia vendiendo combustible, el precio se incrementa a medida que se avanza hacia la frontera con Colombia.
El negocio de la chatarra es una actividad legal pero que pasa lo límites de lo ilegal. Las empresas tienen permisos del gobierno nacional, a través del Ministerio para Ecosocialismo y Aguas, pero adquieren material sustraído de empresas estatales desvalijadas. Es un negocio que sigue vigente en 2023 y que reporta elevadas ganancias para quienes se dedican a esta actividad. Un funcionario de alto nivel regional aseguró que hay “cementerios de hierro” producto del saqueo a la industria del Estado. Aseguró que muchas personas participan ante el silencio generalizado.
Muchas familias se dedican a la venta de chatarra a menor escala, llevando material a estas empresas, pero son el eslabón más débil, porque son objeto de extorsión por parte de funcionarios policiales. “Si el policía te agarra con la chirrichera donde llevas la chatarra, te quiere matraquear”, apuntó uno de los consultados.
Se identificaron otras actividades que representan un porcentaje menor de la economía ilícita y con poco impacto a nivel nacional, pero que tienen una importante dimensión para los pobladores involucrados. Entre ellas el tráfico de armas proveniente de Orope (Colombia), que llegan a Venezuela a través de los municipios Catatumbo y Semprún para venderlas a los grupos criminales activos en Venezuela; la explotación de carbón al sur de la Guajira, en tierras indígenas protegidas; la sustracción de minerales no preciosos como granzón y arena que denominan “el saque”. Otra actividad es el transporte de productos desde Colombia a Venezuela que no cumplen con los renglones previstos en la ley por parte de grupos que algunos llaman “los binacionales” para diferenciarlos de los comerciantes locales; también la pesca de camarón y cangrejera en la que estarían involucradas las mafias.
De acuerdo a la base de datos elaborada para esta investigación, las economías ilícitas que más se reseñan en las páginas de noticias referentes al estado Zulia son: el narcotráfico y la trata de personas, en menor medida la extorsión violenta, el contrabando de combustible y el contrabando de chatarra. También se registraron noticias sobre falsificación y distribución de medicamentos, hurto de insumos y material quirúrgico; extorsión en pasos fronterizos; y estafa con cripto-monedas. En el siguiente gráfico se muestra la distribución de la información recabada.
Cantidad de ilícitos registrados en el estado Zulia según noticias y reportes
Comercios bajo terror. La extorsión violenta en Zulia es ejercida por Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), como los denominan las autoridades militares y de seguridad. Las fuentes señalan que ha habido cambios en la dinámica de estos grupos. En Zulia cada banda cobraba “vacuna” en su territorio para prestar “seguridad” a los establecimientos comerciales, incluso centros de salud
Según un activista de derechos humanos consultado, en tiempos recientes afloró el cobro de varias bandas a un mismo comerciante simultáneamente, lo que ha incidido en el desplazamiento de quienes no pueden pagar. Hubo un repunte y en marzo de 2023 un supermercado fue atacado. El cabecilla era el comandante de los bomberos.
Estas bandas son lideradas por sujetos que coinciden en colocarse el mote de “masacre”, que se dedican a la extorsión violenta. Se precisa de las entrevistas que los cabecillas son venezolanos, que incluso han emigrado a Colombia, Chile y Estados Unidos.
Los grupos delictivos lanzan granadas o disparan contra comercios o residencias de aquellos que no pagan la vacuna. “Aquí hay dos granadas semanalmente en las casas”, aseguró alguien que reside en el municipio Jesús María Semprún. “Son lanzadas en las residencias de las personas. No importa quién este, si hay niños”.
Las fuentes aseguran que desapareció “La Zona”, que era un grupo delictivo con poder de fuego y que parte de sus integrantes se habrían sumado al ELN. También mencionó que la megabanda delictiva El Tren de Aragua, que ha tenido presencia en Guajira, ha sido repelida por los organismos de seguridad en emboscadas. Los grupos delictivos más activos son “Los Mirandas” y “Los Leal”. Un funcionario municipal de alto nivel dijo que algunos grupos se dedican, además, al microtráfico especialmente en el centro de Maracaibo donde vende una droga que denominada “La Chapa”, que es la más barata, y la droga más cara llamada La Rosada”.
De acuerdo a los periodistas consultados, en La Cañada de Urdaneta hay cuatro bandas criminales que cobran vacuna hasta a la misma alcaldesa del municipio. Entre las bandas activas para el período en estudio están la del “El Yiyi”, identificado como Guillermo Boscán Bracho quien estaría en New York, Estados Unidos. Otro de los cabecillas es José Leonardo Atencio Coronado (30 años) conocido como “J. L, La Burra”. También fue mencionado Mauricio José Luzardo Rondón, de 30 años, quien es el líder de la banda delictiva “el Mauricio” que estaría vinculada al asesinato del concejal de La Cañada de Urdaneta, Ronald Soto, ocurrido el 10 de agosto de 2022. Opera principalmente en los municipios La Cañada de Urdaneta y San Francisco. Se presume que está en Colombia.
Otros dos sujetos fueron mencionados como activos. Se trata de “Yeiko Masacre”, identificado como Erick Alberto Parra Mendoza”, cuyo grupo delictivo domina la costa oriental del lago, y “El Caracas”, José Antonio Márquez Morales, de 28 años, quien se formó en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y se graduó en la primera promoción de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Sus hombres están en municipio Jesús Enrique Lossada. Se presume que “El Caracas” está en Perú.
La lista la completan “El Chocolate”, quien estaría en Colombia y el “Wilmito”, identificado como Wilmer Antonio Matos Atencio. Además, es mencionada la banda criminal “Los Manetos”, que opera en el municipio Almirante Padilla. Otros entrevistados agregaron a “El Cagón”, que ahora después de alcanzar más edad se hace llamar “El Patrón; “Edgarcito” y “Andrecito”, este último perpetra sus fechorías en varias parroquias del municipio Baralt.
Se hizo referencia a que en el municipio La Cañada de Urdaneta la llamada mafia cobra a la gente por casi cualquier cosa, incluso a quienes tienen negocios humildes como venta de guarapo. “Tú vas a pintar una casa en La Cañada y tú tienes que pagar”, señaló uno de los consultados, que destacó que el cobro lo hacen los delincuentes organizados, no la guerrilla.
La moneda venezolana, el bolívar, fue desplazado por el peso colombiano. “El bolívar no existe, prefieren el peso”. El personal de las fincas cobra en pesos colombianos, pero en una ciudad como Maracaibo se paga con dólares en efectivo.
políticas
Las autoridades locales electas versus el orden militar y guerrillero. Varios entrevistados coincidieron en que los alcaldes están a merced de lo que disponga la guerrilla. También deben cumplir las órdenes los altos mandos militares, que sustituyeron la figura del “protector”, un funcionario que en otras ocasiones ha sido designado por el gobierno central, cuando un opositor logra ganar las elecciones en un determinado estado del país.
Una de las fuentes sostuvo que los militares, que tienen el control sobre la seguridad y el combustible, también tendrían mucho que ver con la ejecución de políticas públicas o actividades locales. “Lo que se va a hacer en los municipios tiene que ser conversado con ellos”.
Se señaló que esta convivencia algunas veces rayaría en la complicidad. Así sí se habló abiertamente, porque es un caso público, de la alcaldesa oficialista del municipio Jesús María Semprún, Keyrineth Fernández, detenida por narcotráfico, en enero de 2022 cuando transportaba 7 kilos de drogas en su vehículo. No hubo proceso electoral para sustituirla. “No llamaron a elecciones, el que perdió lo llamaron y lo pusieron de alcalde”, acotó una de las fuentes.
Algunos entrevistados perciben que los alcaldes no ejercen su autoridad muchas veces por miedo: “El alcalde se hace el Willie Mays. Trata de pasar desapercibido”.
También se señaló que en época de elecciones las actividades de campaña electoral deben ser autorizadas por los militares y en especial por la guerrilla. En sectores como El Cruce, en el municipio Jesús María Semprún, se reporta que hay que pedir permiso a la guerrilla para colocar propaganda electoral. Uno de los consultados señalo que en ese sector “se elige a la autoridad que la guerrilla quiera que se elija”. La percepción de este entrevistado es que esa tendencia se extiende a otros municipios como Machiques.
Las mafias también dominan el territorio como en Los Puertos de Altagracia donde son los delincuentes los que controlan la entrada a esa zona pesquera. Se dijo que en Lossada hay que avisar a la mafia para entrar al caserío Marimonda que sería controlado por la banda de “El Guaro”.
Una de las fuentes señaló que en una oportunidad se coordinó con un grupo irregular la presencia de un alcalde en un sector, para fue necesario indicar hasta las características del vehículo en el que viajaba el funcionario electo. “Uno tiene que tener una contraseña, decir qué carro venía”, contó uno de los consultados.
culturales
Los integrantes del llamado Cartel de Sinaloa, los mexicanos, no se ocultan. “Los fines de semana los del Cartel Sinaloa cerraban las calles y se ponían a beber”. Incluso, coinciden todos los entrevistados en que hay un pueblo llamado San Felipe que muchos ya conocen con el nombre de Sinaloa, ubicado en la parroquia Bartolomé de las Casas, en Perijá. Se señaló que ahí se habla con acento mexicano y que muchos de sus habitantes tienen costumbres de ese país.
Uno de los entrevistado señaló que en el municipio Catatumbo hay una población que se llama El Guayabo, que se parece a Colombia, a 10- 15 minutos de ese país, donde están los paracos y la guerrilla. También se señaló que disidentes de las FARC se establecen con sus familiares en pequeños poblados, donde sus viviendas destacan en medio del entorno de miseria, porque son “más caras que el mismo pueblo”.
Las condiciones de miseria acentúan el reclutamiento de jóvenes por parte de la guerrilla. Se menciona una población en la Villa del Rosario que se conoce como “Barranquita”, a orillas del Lago de Maracaibo, en la que esto ocurre a la luz del día. “Y allí la guerrilla llega a la plaza, a hablar con los que se van a llevar de 10, 12, 14 años”, apuntó uno de los consultados.
Hay una problemática que subyace es la afectación en el derecho a la identidad de los menores de edad. Incluso para sacar una partida de nacimiento se refiere que cobran 3 dólares por el trámite, una cantidad que para muchas familias es difícil de cancelar.
sociales
Adaptarse al entorno criminal. Las actividades de los grupos criminales han hecho que los habitantes de varias poblaciones zulianas migren internamente, de un municipio a otro, o hacia otras naciones. Una fuente del gobierno regional calcula que al menos 700 mil zulianos abandonaron el estado y el país en los últimos años. Los que no se adaptan, se van, como el caso de una familia de 18 integrantes que debido a la migración forzada tomaron camino por la selva del Darién, donde fueron atacados a tiros y resultó muerto un niño de 6 años.
Hay “pueblos fantasmas”, o tomados por carteles mexicanos, zonas inaccesibles y sitios a los que solo se puede llegar con “un baquiano” o solicitando permiso a la guerrilla, a las mafias y a los militares. El municipio Santa Rita, ubicado en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, por ejemplo, es considerado un pueblo fantasma. A simple vista, en recorrido por el municipio Jesús María Semprún, se observan viviendas lujosas, abandonadas, consumidas por matorrales. Un periodista comentó que en las zonas más peligrosas “las casas se venden en 400 o 500 dólares”.
Los residentes de los municipios zulianos en los que el negocio de la droga está en auge acatan los horarios impuestos por los irregulares colombianos. En Jesús María Semprún las actividades terminan al mediodía o a más tardar a las 4 de la tarde. Enfrentarse a la guerrilla no es una opción para quienes habitan este municipio. Los productores también han tratado de organizarse para el día a día, por lo que conformaron “un grupo de seguridad”, mientras otros se encargan de otras labores como, por ejemplo, garantizar el combustible.
Hay una sensación de seguridad con los irregulares. La llamada Troncal 6 era una vía insegura y en la actualidad es controlada la guerrilla. “Por lo menos dejaron de robar tantos carros”, acota la fuente. Después de las 6 de la tarde no se puede transitar por esa importante vía, porque los guerrilleros se comienzan a desplegar por la zona y controlan el paso. Los irregulares son percibidos como una suerte de protectores y no cobran vacuna a los pobladores.
Se reporta el establecimiento de “bases” de la guerrilla en algunas fincas, obtenidas de la negociación a veces forzadas con los productores. “Hay dueños de fincas que son de las FARC” en Catatumbo y Tarra.
Un activista de derechos humanos sostiene que sí hay plantaciones y procesamiento de drogas en Venezuela. “Todo el mundo sabe que se produce drogas al sur del lago”. Refiere que hay fincas en las que trabajan familias enteras, sean indígenas o no, incluyendo a los niños. Relató que el tema con los menores en edad escolar es tal, que las maestras en el municipio Colón se vieron obligadas en una oportunidad a llegar a un acuerdo con los que manejan las fincas- no está claro si “disidentes de la Farc o integrantes del ELN”- para dejar libres a los niños en la mañana y que “trabajen” en las tardes.
Otras formas de ganarse la vida. Se conoció de primera mano el caso de una maestra de un colegio en Semprún, que había sido reemplazada en su puesto de directora del centro educativo por alguien de un consejo comunal, que buscó apoyo de las autoridades regionales para obtener el nombramiento formal. La educadora tenía un especial interés aunque tenía que hacer dos viajes diarios- ida y vuelta- de casi cuatro horas por carretera desde el municipio San Francisco, donde vivía, hasta Semprún. La fuente indicó que la maestra admitió que “los carteles pagaban 250 dólares a los profesores por mantener la escuela” y a los obreros 150 más una bolsa de comida. La mujer quería seguir trabajando para los narcotraficantes.
Uno de los entrevistados insistió como la miseria empuja a muchos al entorno criminal. Por ejemplo, un gatillero que lanza una granada cobraría hasta 100 dólares por hacerlo. “Eso significa que cualquier muchacho de un barrio, que necesita una medicina para su mamá, tiene que tirar la granada. Es natural”, dijo un funcionario local.
Hay pocas opciones para los jóvenes. En la escuela de policía regional, por ejemplo, hay pocos candidatos porque este oficio no ofrece el suficiente ingreso para vivir. Algunas alcaldías deciden colocar un comedor para tratar de mantener a los jóvenes interesados en ser policías y también un transporte por lo complicado que es trasladarse en un estado que padece serios problemas de combustible. En una de las alcabalas por las cuales transitó el equipo investigador de nuestra organización, un policía pidió una colaboración de “aunque sea un dólar” para “hacer una sopa en el comando”. Un funcionario se lamentó porque los jóvenes no están interesados en estudiar, en medio de la crisis que también afecta el sector educativo en toda Venezuela. Afirmó que muchos quieren ser Titoker, prepago, dealer, micro dealer.
Los periodistas consultados sostienen que la población también siente apego a estos grupos criminales porque hacen algo por la comunidad. “En los Puertos de Altagracia la mafia metió una tubería de gas”. También refieren que los pobladores de esas zonas dirigen cartas a los cabecillas de las bandas para pedir ayudas sociales. Uno de los activistas de derechos humanos consultados aseguró que en la parroquia Manuel Dagnino, en la capital zuliana, se instaló una recicladora de chatarra y “dan comida a la comunidad”. “Alquilaron una casa y la gente se acerca y se reparten bolsas de comida”. Afirmó que se hace “de manera clandestina”, pero la casa “está custodiada por la policía municipal”.
Otra situación que preocupa a activistas de derechos humanos es el trabajo infantil, de niños que están en mendicidad. Indicaron que hay niños recogiendo chatarra en el sector denominado La Pomona, y que muchos son explotados en trabajos en las calles, principalmente por las bandas, pero señaló que no hay casos plenamente identificados.
El miedo a estos grupos delictivos, la falta de protección estatal y la pobreza, impiden la denuncia. Esto aunado al abuso sexual en sus propias familias, la explotación por parte de sus cuidadores y la violación de sus elementales derechos, como la identidad. Su organización contabiliza al menos cinco personas por familia y ante la situación de pobreza extrema “el trabajo infantil es visto como necesario”, incluso en algunos sembradíos de drogas junto a algunos familiares.
En meses recientes las redes sociales son usadas para amedrentar a la población, con videos sobre los castigos de la guerrilla contra quienes se enfrentan a sus intereses. Es un método de amedrentamiento también utilizado por las mafias que extorsionan, a través de cuentas de Instagram: Para amenazar de muerte los criminales dicen la frase: “hoy te va a caer el carro”. La percepción de las fuentes entrevistadas es que la mayoría, en especial los jóvenes, asumen estos hechos como normales. “Muchos quieren llegar a ser como El Yeiko (Masacre) Llegar a ser el que manda a cortar las cabezas”, dijo uno de los consultados.
El impacto del crimen en las etnias. Los Yukpas son una etnia indígena que habita en la Sierra de Perijá, entre Venezuela (municipio Rosario de Perijá) y Colombia. Sufre como otros pueblos indígenas los rigores de la miseria, enfermedades como leishmaniasis, paludismo y tuberculosis, así como la desasistencia del Estado. Una fuente señaló que los guerrilleros utilizan a los Yukpas en sembradíos y a otros “los desaparecen”.
Un entrevistados, justamente perteneciente a una etnia, dijo que, hay cinco pueblos indígenas en el estado Zulia, entre los cuales los Yukpas son los más vulnerables, Además, han sido desplazados por el narcotráfico de su territorio, especialmente en las partes altas de la sierra. Aseguró que la guerrilla capta a los líderes indígenas “para tener más radio de acción” y agregó que “en los pueblos indígenas hay consumo de drogas y también se usa a esa población para vender la droga”.
Los indígenas también migran a otros países, en medio de la grave situación, en mula o a pie. La fuente calcula que 40 % de los pueblos se han desplazado y afirma que los Yukpas no salen de Venezuela, solo se trasladan de un municipio a otro. Dijo que estos indígenas respetan a los grupos irregulares colombianos y algunos participan en el robo de ganado. La guerrilla también es la encargada de autorizar cualquier actividad con los Yukpas.
Un poblador de Semprún que señaló que los Yukpas trancan las vías, como la troncal 6, para impedir el paso a Maracaibo. Para el momento de la visita de campo, no hubo ningún cierre de vías por parte de esta etnia. Otro de los entrevistados dijo que los Yukpas son por lo general agresivos cuando trancan las vías y piden 10 dólares para permitir el paso. Se afirma que le Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no interviene. También ha hecho protestas en sedes policiales.
Uno de los periodistas entrevistados asegura que hasta la resolución de conflictos pasa por el visto bueno de irregulares colombianos, el ELN. En la Guajira y Semprún existe “el palabrero” en la etnia Wayuu, que es una especie de negociador que aplica justicia de paz, una figura que también se ha visto influenciada por la presencia de irregulares.
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