Ventajas para los ilícitos
producto de cambios institucionales
La consolidación de estructuras criminales en Venezuela requirió la adaptación de la institucionalidad a intereses particulares a partir del 2000, siempre en procura de acceder a ingentes recursos, ejercer el control social y mantener el poder de algunos grupos.
La centralización y control del poder en el Ejecutivo generó privilegios para sectores concretos del mismo Estado, que articularon una “reestructuración” institucional que garantizó las oportunidades de acceso a recursos y a la toma de decisiones públicas contrarias al interés nacional con impunidad. La tarea fundamental del sistema de contrapesos entre poderes públicos, para impedir el abuso de poder, se fue reduciendo con decisiones políticas, reformas legales, decretos presidenciales nuevos procedimientos y la independencia judicial, hasta quedar prácticamente anulada.
Esto sirvió de escenario favorable al desarrollo de economías ilícitas y al fortalecimiento de alianzas en la red del crimen organizado, en una relación simbiótica con algunos responsables de entes del Estado.
A diario, millones de venezolanos ven quebrantadas sus garantías ciudadanas como nunca antes, con un impacto perverso en su vida cotidiana al ser sometidos a un contexto de violencia, impuesto por estructuras criminales, en especial en estados fronterizos, al que se suman los efectos de la emergencia humanitaria compleja que padece la población.
A continuación, presentamos algunas de las decisiones, acciones u omisiones institucionales, así como un acercamiento a las consecuencias que ocasionaron.
Incremento de Poder, opacidad y disminución de controles
Poder judicial
1.1 Decisiones contra la independencia, autonomía y capacidad del sistema de justicia:
11/10/1999. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1999 dictó decreto de reorganización del Poder Judicial y el sistema penitenciario, y acordó constituir una comisión de “Emergencia Judicial” que tenía como función evaluar a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura e informar periódicamente a la ANC. Este hecho originó la renuncia de Cecilia Sosa, quien fuera presidenta de la Corte Suprema de Justicia para ese entonces, por considerar que la injerencia de la Asamblea Constituyente en el poder judicial violaba el Estado de Derecho. Este decreto de la ANC, sirvió de fundamento para destituir y suspender jueces, con precaria o ninguna garantía al derecho a la defensa; se designaron suplentes e interinos sin sistema alguno de selección. Casi dos años después, en agosto de 2021, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia admitían que más del 90% de los jueces eran provisorios.
9/01/2001. Fue designado Isaías Rodríguez como fiscal general de la República, quien anteriormente ejercía el cargo de vicepresidente. Rodríguez se mantuvo en el cargo de fiscal general hasta el 2008, cuando fue sustituido por Luisa Ortega Díaz, también cercana a Isaías Rodríguez y a Hugo Chávez. Desde el 2001 han sido designadas personas cercanas al Ejecutivo, en el ente competente para el ejercicio de la acción penal.
14/08/2002. Una sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) absolvió a los militares que se alzaron contra el gobierno de Hugo Chávez, en abril de 2002. La Sala Plena interpretó los sucesos, que incluyeron la salida del poder por unas horas de Hugo Chávez, como un “vacío de poder” y no como un golpe de Estado. Luego de la publicación de la sentencia, Chávez llamó públicamente “inmorales” a los magistrados del TSJ. “Ellos pusieron la plasta que pusieron y se fueron de vacaciones. ¡Qué sabroso!” (…) “Ahora nosotros no nos vamos a quedar con esa. Si creen que nos vamos a quedar con esa, están muy equivocados. Ahora lo que viene es un contraataque del pueblo y de las instituciones verdaderas”, dijo.
20/5/2004. La Asamblea Nacional, con una mayoría del partido de gobierno, dictó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que modificó la composición de las salas de ese juzgado. La reforma elevó de 20 a 32 el número total de magistrados y los jueces incorporados eran afines al gobierno y al partido de gobierno, entre ellos: Luis Velásquez Alvaray (diputado chavista) y Luis Franceschi (diputado chavista), Eladio Aponte Aponte (exfiscal y general del Ejército) y Francisco Carrasquero (expresidente del Consejo Nacional Electoral). “¡Son ustedes la cabeza de la revolución judicial que sustenta el Estado democrático que apenas estamos construyendo!”, celebró Nicolás Maduro, entonces jefe de la fracción parlamentaria oficialista en la Asamblea Nacional.
2004-2009. La CIDH en su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela (2009), señaló que: “según la información recibida por la Comisión, el 100% de los 2.644 fiscales designados entre 2004 y septiembre de 2009 no habrían sido nombrados mediante un concurso público y, por tanto, no ostentan la titularidad de sus cargos [205]. Sólo en el año 2008 se nombraron 411 fiscales auxiliares interinos, 183 fiscales provisorios (…) Como lo ha manifestado anteriormente la Comisión”. La falta de designación por concurso para un alto porcentaje de jueces y fiscales, se mantiene para el 2023.
2006. Fue presentado el plan estratégico de Humanización de las cárceles, planteado por el entonces ministro de Relaciones Interiores y teniente coronel Jesse Chacón, que incluía abrir 15 cárceles en un lapso previsto hasta 2012. Tareck El Aissami, que estuvo en el cargo entre 2008 y 2011, presentó otro plan de Humanización Penitenciaria, que contemplaba la construcción de 25 nuevas cárceles, de las cuales, para 2018, se terminaron solo 2: Yare III y la Comunidad Penitenciaria de Coro.
10/12/2009: La juez María Lourdes Afiuni fue detenida por otorgar en libertad bajo fianza a Eligio Cedeño, un banquero que había estado en prisión desde febrero de 2007, señalado de simulación de importación, distracción de recursos bancarios y operaciones cambiarias ilegales. Fue aprehendida sin orden judicial, sin que se le informara el motivo de la detención ni la autoridad que la había ordenado.
Al día siguiente, Hugo Chávez pidió en una transmisión conjunta en radio y televisión- denominada “cadena”- que se le impusiera la condena máxima de 30 años de cárcel, por haber “facilitado la fuga” de Cedeño, ya que el banquero huyó del país al ser liberado. Afiuni pasó más de un año en la cárcel, en condiciones deplorables y junto con otras presas condenadas (incluyendo a muchas a quienes ella misma había condenado) que la amenazaron de muerte. Ante las críticas por parte de organismos internacionales de derechos humanos, Afiuni fue autorizada en febrero de 2011 a permanecer en arresto domiciliario. El 21/3/2019, el juez Manuel Antonio Bognanno, condenó a la juez a cinco años de prisión por el delito de corrupción espiritual, es decir, corrupción sin dinero, una figura no prevista en la legislación venezolana.
26/7/2011. Se anunció la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario. La medida quebrantó el principio constitucional de descentralización de las cárceles, establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
16/10/2012. Hugo Chávez decretó la emergencia de infraestructura carcelaria, con el propósito de impulsar el proyecto de construcción de los centros de reclusión para el sistema penitenciario venezolano. La entonces ministra para el Servicio Penitenciario, María Iris Varela, anunció que se construirían 24 centros penitenciarios para procesados, uno en cada estado de Venezuela. En 2016 la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, investigó a la ministra María Iris Varela, por presunto desvío de fondos públicos por 6.5 millones de dólares (USD 6.500.000). Ver denuncia presentada por Observatorio de Prisiones, y Transparencia Venezuela sobre el centro de procesados del Estado Zulia que nunca se construyó.
23/12/2015. Con Nicolás Maduro en la presidencia fueron designados en forma irregular 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional dominada por el partido de gobierno, justo antes de que la oposición tomara posesión de la mayoría en el Parlamento. Algunos de los magistrados designados “habían ocupado cargos en el Poder Ejecutivo o estaban registrados como miembros del partido en el poder” y “la mayoría no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución”, según el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), publicado el 15 de julio de 2020.
2015. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, prometió que el organismo resguardaría al Gobierno frente a cualquier acción de la Asamblea, ahora opositora. El 10/5/2016, mediante una sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia suprimió las funciones del Parlamento de mayoría opositora. En su informe de julio de 2020, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que, entre diciembre de 2015 y mayo de 2020, ese juzgado dictó 127 sentencias que “invalidaban decisiones” del Parlamento. Estas decisiones atacaron especialmente las funciones de control político de la Asamblea Nacional sobre el Gobierno y la Administración Pública. Señaló también que, desde marzo de 2017, “el TSJ ha retirado la inmunidad a 29 asambleístas de la oposición sin seguir el procedimiento dispuesto en la Constitución y sin el proceso debido”.
2017. El Ministerio Público venezolano dejó de publicar informe de gestión y rendición de cuentas.
Julio 2017. El Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión que permite a los jueces ordenar al Ministerio Público que continúe las investigaciones, “incluso si los fiscales no consideran que hay suficiente fundamento para hacerlo, lo que podría interferir con la independencia fiscal”, denunció la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, dependiente de la ONU.
19/01/2022. La Asamblea Nacional dominada por el partido de gobierno, dictó reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia. La composición del juzgado pasó de 32 a 20 magistrados. Hay tres vicios a destacar en el procedimiento de reestructuración: i) se mantuvo el control político-partidista del comité de postulaciones judiciales, ii) se registró la reelección inconstitucional de magistrados alineados con el gobierno (60% de los magistrados designados tenían cumplido el lapso legal de permanencia en el cargo) y iii) la elección de magistrados se realizó fuera de lapsos y a espaldas del país.
1.2 Situación del sistema de justicia y consecuencias de su afectación
La designación de personas afines al Gobierno nacional en la cabeza de las máximas instituciones del sistema de justicia, la inestabilidad en el cargo de los funcionarios, la asignación de salarios insuficientes y las sistemáticas decisiones para intervenir la estructura del sistema, han originado que la justicia venezolana no funcione con independencia e imparcialidad y que sus operadores sean especialmente vulnerables a las prácticas corruptas y al crimen organizado. Con esto se garantiza la impunidad en los casos que más afectan a la sociedad, tanto por su magnitud como por su impacto.
Una investigación periodística denunció que 1.101 de los 2.151 jueces activos en febrero de 2019 estaban inscritos en las listas del PSUV (partido de gobierno) y señaló que 450 jueces activos, así como retirados, lograron registrar empresas y firmar contratos públicos. Para esa fecha, 106 jueces activos inscritos en el PSUV tenían empresas que hacían negocios con diferentes instancias de gobierno.
Los tribunales de la República, desde el 2003, no dictan una decisión desfavorable a las políticas diseñadas e implementadas por el Poder Ejecutivo, a pesar de que muchas han sido ampliamente cuestionadas y de la evidente crisis de Venezuela. También han emitido más de 100 sentencias que violan el derecho de acceso a la información pública, que han limitado el ejercicio de derechos como el control social de las políticas públicas y otros como la libertad de expresión.
Operadores del sistema de justicia forman parte de las estructuras criminales, y quienes, por diferentes motivos, han efectuado denuncias y señalamientos contra el sistema de justicia o contra personas que ejercen el poder han sido objeto de acusaciones e investigaciones. Algunos han tenido que salir de Venezuela, mientras que otros han sido encarcelados.
En mayo de 2006 el entonces magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velásquez Alvaray, después de ser suspendido por el Consejo Moral Republicano- pese a su cercanía con el chavismo- por un caso de corrupción, denunció una red de 400 jueces que servía a los intereses del narcotráfico, y acusó al para entonces vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, de pretender controlar el Poder Judicial venezolano.
En marzo de 2012, Eladio Aponte, militar, cercano al chavismo, y entonces magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, fue destituido por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, por su supuesta relación con mafias de la droga. Según reportes de prensa de Estados Unidos, país donde se refugió Aponte Aponte, el exmagistrado señaló a varios altos funcionarios de ese entonces por su presunta vinculación con el tráfico de drogas: “el ministro de Defensa (Henry Rangel Silva), el general Cliver Alcalá, (jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército) y Diosdado Cabello (entonces presidente de la Asamblea Nacional)”. En una entrevista concedida a un medio de comunicación, el magistrado admitió que “la justicia es una plastilina” y tachó de “falacia” la autonomía del sistema de justicia en Venezuela.
El sistema penitenciario también adolece de corrupción, escasa seguridad, infraestructuras deficientes, hacinamiento, personal insuficiente y guardias mal formados, lo que ha permitido el surgimiento de bandas armadas.
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, explicó para el informe Economías Ilícitas de Transparencia Venezuela que los planes de “humanización” para las cárceles, impulsados por Tareck El Aissami, cuando era ministro de Relaciones Interiores y luego gobernador de Aragua (2012-2017), “solo sirvieron para entregarle el control de las cárceles a los presos, con la excusa de evitar la violencia”.
La organización Una Ventana a la Libertad, en un informe publicado en 2018, afirmó que en Venezuela hay cárceles que son consideradas “territorios independientes” de la acción del Estado (entre ellas Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, La Pica, y Vista Hermosa), en los que algunos privados de libertad denominados “pranes” imponen el orden interno y coordinan delitos desde el interior de las cárceles.
Se consolidó el pranato en la mayoría de las cárceles de Venezuela y miles de presos han fallecido por la violencia, las enfermedades u otras causas en los recintos penitenciarios. Hay denuncias contra la exministra de Asuntos Penitenciarios María Iris Varela, quien estuvo al frente de las cárceles desde 2011 a 2017 y luego de 2018 a 2020, que la vinculan con los llamados “pranes”, al punto que se indica que montó su “ejército personal de presos” para defender la llamada Revolución. “Varela fue señalada por el general (Ej) Manuel Ricardo Cristopher Figuera, después de la llamada Operación Libertad del 30 de abril 2019, de haberle solicitado al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, 30 mil rifles para armar su ejército privado y que el destino de estos, según le habría dicho a Padrino, que ´tenía entrenados a varios prisioneros, de la cual ella era su comandante´”.
Rol de las Fuerzas Armadas
2.1 Políticas vinculadas al rol de la Fuerza Armada Nacional y su especial responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico:
1999. La “unión-cívico militar” fue impulsada por el Poder Ejecutivo desde febrero de 1999 cuando los militares fueron incorporados a programas sociales como el Plan Bolívar 2000, que estaba enfocado en alimentos para los más vulnerables.
La toma de espacios cívicos por parte de los militares avanzó al punto que han ocupado importantes cargos en el Poder Ejecutivo central, en sectores estratégicos del Estado y de elección popular[1]. Los militares lograron articular una red empresarial pública, que va desde un banco de la Fuerza Armada, pasando por una televisora y varias decenas de empresas dedicadas a toda clase de actividades. Hasta noviembre de 2022, Transparencia Venezuela registró 964 Empresas Propiedad del Estado (EPE), de las cuales 115 (113 nacionales y 2 regionales) cuentan con militares en sus juntas directivas. En 2021, de los 34 ministerios que existían en Venezuela –incluyendo el Ministerio del Estado para la Nueva Frontera de Paz–, 11 estaban bajo el mando de un militar. El manejo de estas empresas ha sido opaco y sin rendición de cuentas.
16/12/2005. La Asamblea Nacional, dominada por el partido de gobierno, sancionó la ley contra el tráfico Ilícito y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En dicha ley se dio a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la competencia de investigación en materia de droga, anteriormente solo la tenía la Guardia Nacional Bolivariana (GNB):
De los órganos competentes de investigaciones penales
Artículo 121. “Son competentes como autoridades de policía de investigaciones penales bajo la dirección del Ministerio Público: 1. La Fuerza Armada Nacional, en sus componentes de Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional”.
Esta competencia fue ratificada por la Ley de Drogas de 2010, artículo 194.
07/07/2014 Fue designado como Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López por Nicolás Maduro. Desde entonces ha estado al mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y fue ratificado nuevamente en julio de 2023 en ese cargo. Es señalado por las autoridades de Estados Unidos de, presuntamente, colaborar con el narcotráfico.
2.2 Consecuencias de estas políticas relacionadas con el rol de los militares.
El primer caso importante de corrupción, en el gobierno del presidente Hugo Chávez, fue en el sector militar. Investigaciones periodísticas señalaron al general Víctor Cruz Weffer, quien encabezaba el Plan Bolívar 2000. Otros casos de militares de alto rango fueron señalados en otros países. Además del caso ya mencionado del general Aponte, están los casos del mayor general Luis Motta Domínguez, quien es investigado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero producto de la corrupción. El general en jefe de la Guardia Nacional, Néstor Luis Reverol, es investigado por narcotráfico en Estados Unidos. El mayor general Clíver Alcalá Cordones ha estado preso por orden de un tribunal de Nueva York durante más de dos años, por un caso de drogas en el que son mencionados altos cargos de Venezuela.
La ruptura de los acuerdos de cooperación que existían con la DEA y con la policía británica, la falta de apoyo internacional en la lucha contra las drogas y la ausencia de investigación contra altos funcionarios acusados de estar, presuntamente, involucrados en actividades del crimen organizado, ha permitido que creciera el negocio del narcotráfico en Venezuela.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU advirtió en 2020 sobre la penetración del narcotráfico en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la formación del denominado Cartel de Los Soles. Mildred Camero, exdirectora de la anterior Oficina Nacional Antidrogas, durante el gobierno de Hugo Chávez, agregó que aunque algunos miembros de la antigua Policía Técnica Judicial (hoy CICPC) y de la Guardia Nacional facilitaban el tráfico de drogas, no estaban tan integrados con el crimen como las actuales redes de militares corruptos venezolanos”.
Finalmente, hay que destacar que las tácticas militares en respuesta a la delincuencia organizada dan lugar a violaciones de derechos humanos.
Incremento de Poder, opacidad y disminución de controles
3.1 Políticas que favorecieron el control del poder del Ejecutivo, la opacidad y la disminución de contrapesos:
15/12/1999. Con la aprobación de la Constitución de 1999 se suprimieron algunos límites para dictar leyes habilitantes (art. 203). Anteriormente el Presidente de la República solo podía emitir decretos con rango y valor de ley en materia económica y financiera. Ahora estos decretos pueden dictarse en cualquier materia, incluyendo términos tan genéricos como la seguridad ciudadana y de la nación, que por si solos no representan un riesgo de autoritarismo, pero que en la práctica su abuso sin límites ha usurpado funciones del Poder Legislativo venezolano. Además de esa competencia, el Parlamento ha entregado al Presidente de la República su función legislativa durante grandes períodos.
1999-2014. La Ley de Contrataciones Públicas fue reformada en seis oportunidades. En las reformas se incrementaron las causales para excluir las licitaciones y otros mecanismos de selección de proveedores y asignación de contratos con mínimos de transparencia, y se incrementaron las causales de contratación directa y la opacidad, permitiendo la inclusión de cláusulas de confidencialidad a todo el contrato en sí. Solo por acuerdos firmados por el presidente con terceros países, los contratos realizados con empresas de esas naciones tenían puerta franca y derecho al secreto, sin fecha de caducidad.
2000. Surgieron los llamados “Círculos Bolivarianos” que también se hacían llamar “colectivos”, algunos de los cuales existían desde los años 60, procedentes de la lucha armada. Estos grupos surgieron principalmente en la Parroquia 23 de Enero, en Caracas, pero han tenido presencia en casi todos los estados de Venezuela. En 2020 se estimaba que los colectivos contaban con alrededor de 8.000 hombres desplegados en los distintos estados y municipios de Venezuela. Son grupos de civiles armados, principalmente de corte urbano, y se autodenominan como “guardianes de la revolución” que se convirtieron en grupos criminales tan poderosos que le costó su puesto y su libertad a un hombre clave, en su momento, en la estructura de seguridad del Estado, el militar con grado de mayor general del Ejército, Miguel Rodríguez Torres, excarcelado en 2023 tras negociar con el gobierno de Nicolás Maduro.
2003. Inició el control de cambio de divisas, que otorgó el monopolio del manejo de las divisas al Poder Ejecutivo, lo que con el tiempo se convirtió en uno de los principales mecanismos de corrupción a través de la asignación irregular de divisas. Según la consultora Ecoanalítica, entre 2005 y 2018, las rentas generadas por el diferencial cambiario equivalen a 73.666 millones de dólares para el sector público no petrolero, y 149.314 millones de dólares para el sector privado. Este control sigue vigente en 2023, aunque ha tenido flexibilizaciones desde el año 2018 con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, que establecía cárcel para quienes se movían fuera del control de cambio impuesto por el Gobierno venezolano.
2003. Junto al control de cambios inicia el control de precios de productos esenciales, que en el transcurso del tiempo se fue ampliando a una larga lista de bienes y servicios que fueron desapareciendo de los anaqueles. Este mecanismo sigue vigente, pero ante la severa escasez y crisis alimentaria del 2015 al 2018, el gobierno dejó de aplicarlo, aunque de vez en cuando algún político amenaza al sector privado.
2004-2005. Se crearon los fondos parafiscales que manejaron ingentes recursos provenientes de la petrolera, que no estaban sometidos a discusión parlamentaria y que son gestionados con altos niveles de opacidad y discrecionalidad en su ejecución. En 2005 se crea el más importante de esos fondos, el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), para ser utilizado como un receptor de ingresos públicos provenientes principalmente de la explotación petrolera y ejecutor de gastos públicos, sobre todo gastos de inversión.
2009-2012: En medio del boom de construcción en estos años, a través del endeudamiento principalmente con China, se comenzó a configurar un “negocio” en torno a las obras públicas por parte de bandas delictivas que se hacían llamar “sindicatos”.
Eran grupos armados para extorsionar a toda obra en proceso y exigir a los contratistas incluir una nómina paralela que recibía paga sin asistir a trabajar. Los más poderosos extorsionaban, bajo la bandera de la Revolución chavista, en la obra del tren que atravesaba el Estado Aragua, en las del del tren de Los Llanos, y en las obras y empresas de Guayana. Estos grupos con sus líderes en prisión, se convirtieron, sin oposición por parte del Gobierno, en redes criminales de acción en toda Latinoamérica.
2015. Desde ese año, no se publica la Ley de Presupuesto nacional, ni la Ley de Endeudamiento. Ningún ente de la administración nacional (presidencia de la República, ministerios, institutos autónomos, Contraloría General, Fiscalía General o Tribunales de la República), ha publicado la ejecución del presupuesto asignado, ni su informe de gestión o de planificación. Tampoco han publicado los procedimientos para la selección de contratistas, las empresas beneficiadas, los contratos ni los pagos efectuados. En agosto de 2017, los ciudadanos dejaron de tener acceso a la información sobre las empresas que contratan con el Estado, asentadas en el Registro Nacional de Contratistas.
2016. El Ejecutivo Nacional gobernó en emergencia, dictó más de 30 decretos de Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, 13 decretos de Estado de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria del Coronavirus (Covid-19) y otros decretos de Emergencia Energética de la Industria de Hidrocarburos. Los decretos de emergencia incrementaron la discrecionalidad del Ejecutivo, suprimieron controles y le permitieron al gobierno tomar decisiones en materia presupuestaria y financiera, y en contratos de interés nacional, sin la aprobación o autorización del Parlamento, durante más de cinco años.
En el marco de los estados de excepción, se dictaron normas especiales que flexibilizaron los procesos para la contratación de bienes, servicios y obras, por parte de los entes del poder público o que permitieron la contratación sin necesidad de realizar procesos de selección. La modalidad de contratación directa se convirtió en la regla.
24/02/2016. El Gobierno de Nicolás Maduro creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), “para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico de la nación y romper con el rentismo petrolero”. El proyecto tenía como objetivos “estimular las actividades sectoriales asociadas a la explotación de los recursos minerales del país, con la participación de empresas privadas, públicas y mixtas, así como la participación de pequeños mineros, con criterios de soberanía y responsabilidad ambiental”. Se avaló la minería en 111.843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, es decir, 12% del territorio venezolano, en una zona ecológica protegida, con presencia de más de 190 comunidades indígenas.
Ya para 2022, el secretismo del gobierno venezolano se ha consolidado y no hay información oficial sobre las áreas que están operativas en el Arco Minero y la cantidad de oro que llega al Banco Central de Venezuela (BCV), que es el responsable del metal precioso.
La discrecionalidad en la creación de empresas mixtas y alianzas estratégicas con personas cercanas a líderes del gobierno sin experiencia y capacidad conocida en esa industria, es un tema que desarrolla esta investigación en el reporte sobre flujos ilícitos.
2017. La Contraloría General de la República (CGR), está a cargo de Elvis Amoroso, un exdiputado del Partido de gobierno, quien antes de su designación se calificó como “militante activo de la revolución y chavista”. La CGR dejó de publicar sus informes de actuación en 2017 y, desde la designación de Amoroso en 2018, no se tiene información de alguna auditoría efectuada al presupuesto nacional y su ejecución, o a la gestión de las Empresas Propiedad del Estado más importantes, como la petrolera Pdvsa, o de aquellas efectuadas a sectores de interés e importancia nacional, como el eléctrico, el sistema de salud o el sector alimentos. El exdiputado solamente ha anunciado investigaciones contra opositores al Gobierno nacional.
12/10/2020. Aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos, por la Asamblea Nacional Constituyente. Esta ley permite a las autoridades de los órganos y entes públicos otorgar el carácter reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier documento, información, hecho o circunstancia con el fin de contrarrestar los efectos de las sanciones internacionales. También autoriza al Ejecutivo Nacional a inaplicar leyes sin necesidad de un control previo por parte de otro poder público, y establece expresamente que son de carácter secreto y reservado las medidas implementadas que supongan la inaplicación de una norma.
17/09/2021. Aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público. Esta ley que no asegura el cumplimiento del ejercicio del derecho a acceso a la información pública. En primer lugar, no establece expresamente que debe ser pública toda información que poseen los órganos y entes de la administración. También deja por fuera la transparencia activa, no establece la reserva de la información como la excepción, no menciona el tiempo máximo de la reserva, ni establece sanciones a los funcionarios que nieguen el acceso a la información.
3.2 Consecuencia de las políticas diseñadas e implementadas por el Poder Ejecutivo venezolano
El incremento sistemático del control por parte del Poder Ejecutivo propició que el secretismo del Gobierno venezolano se ha consolidado para la fecha de publicación de este informe (agosto, 2023). No hay información oficial sobre las contrataciones de interés nacional, el número de empresas propiedad del Estado, el número de empresas mixtas, las alianzas estratégicas, las áreas que están operativas en el Arco Minero y la cantidad de oro que llegan al Banco Central de Venezuela (BCV), que es el responsable del metal precioso.
El gobierno de Nicolás Maduro se ha amparado en la Ley Antibloqueo para hacer negocios opacos que involucran a las empresas estatales, entre ellas, a Pdvsa. También se empezaron a entregar empresas estatales a inversionistas privados, sin que exista información clara, completa, continua y verificable de estos procesos. Una investigación publicada por Transparencia Venezuela en diciembre de 2021 precisó que al menos desde 2015, el gobierno venezolano ha puesto 33 empresas estatales en manos privadas, pero estas operaciones se aceleraron notablemente desde la aprobación de la Ley Antibloqueo. La mayoría de las empresas identificadas pertenecen al sector agroalimentario, seguido por las del sector turismo y el manufacturero.
El contrabando de oro, diamantes, coltán, rodio, cobalto y combustible; la trata de personas y el tráfico de drogas, armas, esclavitud moderna, entre otros, son algunas de las prácticas ilícitas en la zona minera, donde opera una estructura delictiva frente a la inacción del gobierno. “Exfuncionarios de inteligencia e investigadores independientes han confirmado que las autoridades conviven con las bandas criminales porque les reportan ganancias mediante la entrega de sobornos o porcentajes del botín”.
En el informe Oro Mortal, de Transparencia Venezuela, varias fuentes consultadas estimaban que para 2018 entre 70% y 90% del oro que se extraía, salía del territorio de manera ilegal -por tierra y aire- en operaciones en las que estarían involucrados funcionarios del alto gobierno y personas del entorno presidencial. En 2018 el contrabando representó 2.711 millones de dólares, de acuerdo con la consultora Ecoanalítica. Se ha registrado que en el Arco Minero actúan los llamados sindicatos mineros, liderados por los llamados “pranes”, ejerciendo el control a sangre y poder de fuego. Más recientemente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también estaría presente en la zona en el occidente del Arco Minero del Orinoco (AMO).
En los últimos años, se acudió a la minería ilícita del oro con fines de lucro y como una forma de lavar dinero proveniente de otros delitos por la falta de regulación y control. La extracción de oro garantiza altos precios del metal en el mercado internacional, es relativamente fácil de movilizar y hay bajo riesgo de detección.
El control de precios fue un incentivo al contrabando de gasolina, que afectó directamente a Pdvsa y a los venezolanos. Las mafias compraban la gasolina en Venezuela en bolívares para revenderla en dólares en Colombia. Parte de la ganancia en dólares se vendía en el mercado paralelo de divisas para obtener los bolívares necesarios para comprar más gasolina y continuar el ciclo. Aún en 2022, Nicolás Maduro se quejaba de estas mafias: “Ahora, ¿es que es imposible lograr que se vendan los combustibles de manera normal y decente? Pregunto, ¿es imposible? O es que las mafias van a poder más que un Estado, que todo un país, que todo un pueblo. ¿Qué magia tienen esas mafias, señor Fiscal?”. Esta declaración implica, que el crimen organizado es de tal magnitud que el gobierno, aunque quiera luchar contra este, ya no puede.
La firma de consultoría Ecoanalítica estimó que en la última década se perdieron 31.331,5 millones de dólares por el contrabando de gasolina. En mayo de 2020, en los primeros meses de la emergencia sanitaria por COVID, Nicolás Maduro anunció un nuevo esquema de venta de gasolina subsidiada que pasó a costar 0,027 dólares por litro, mientras que autorizó la venta en dólares de una gasolina a un “precio internacional” a 0,50 dólares el litro, en una red de 200 gasolineras, todo bajo la custodia militar. Esto ha afianzado las oportunidades corrupción.
Empresas propiedad del Estado. Pdvsa
4.1 Políticas que han afectado a Pdvsa:
7/04/2002. Despido de más 20.000 técnicos calificados de la principal empresa de Venezuela, la petrolera Petróleos de Venezuela SA. El personal directivo fue sustituido por personal designado por conveniencia política y se duplicó la nómina en poco tiempo. La empresa pasó de tener 40.385 empleados en 1998 a 113.153 en 2016.
20/11/2004. Rafael Ramírez fue designado presidente de Pdvsa pese a que ya ostentaba el cargo de ministro de Petróleo, ente que ejerce control de adscripción sobre la petrolera estatal. Se mantuvo en ambos cargos hasta el año 2014.
2005. Se desata el control del gobierno sobre las empresas de todos los sectores. Algunas fueron creadas y otras fueron adquiridas mediante expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones, reestatizaciones y renegociación de asociaciones estratégicas en el sector petrolero. Se desconoce el número exacto de empresas propiedad del Estado y mucho menos de aquellas, nacionales o extranjeras, donde el Estado venezolano o alguna de las empresas estatales tenga participación.
4.2 Consecuencias de las políticas públicas relacionadas con Pdvsa:
Las políticas anteriores, unidas a la falta de meritocracia y conflicto de intereses, originaron que Pdvsa durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro haya sido la fuente de lo que para muchos es un saqueo de miles de millones en casos de gran corrupción, por el manejo de cuantiosos recursos en forma discrecional y sin control. Algunos cálculos señalan que Chávez dispuso de más del 70 % de la renta petrolera de 100 años.
La producción fue en declive y no se ha podido recuperar hasta la actualidad. La principal empresa venezolana en 2023 aún no produce ni gasolina, ni aceite, ni asfalto para satisfacer las necesidades de los venezolanos.
Además, se registraron centenares de casos de corrupción en la industria, entre ellos, la pérdida de más de 4.000 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra. Transparencia Venezuela ha registrado por lo menos 68 investigaciones de corrupción que involucran a Pdvsa, que ocurrieron durante la gestión de Rafael Ramírez. Tareck El Aissami, funcionario que ejerció el Ministerio del Petróleo entre abril de 2020 y marzo de 2023, renunció tras el desfalco de Pdvsa-Cripto, revelado desde el mismo gobierno. Hasta mediados de 2023, no había sido imputado de ningún delito, ni se conocía su paradero. El gobierno tuvo que reconocer una parte del desfalco por una cifra de 5.000 millones de dólares. Transparencia Venezuela elaboró un informe en el que estima que el daño total pudo superar los 16 mil 600 millones de dólares.
Detalle completo de los cambios que incentivaron la gran corrupción en PDVSA lo pueden encontrar en el site Pdvsa Combustible de la corrupción, en los informes Cómo se fraguó la corrupción en PDVSA y Prácticas de gobernanza que incentivaron la corrupción en la petrolera venezolana.
Políticas en Fronteras y manejo de bandas
5.1 Políticas destacadas en zonas fronterizas:
12/01/2008. Hugo Chávez pidió ante la Asamblea Nacional reconocimiento a las FARC y al ELN como beligerantes, es decir, como ejércitos con la misma legitimidad que el de la República de Colombia. El mandatario venezolano llegó a decir, en aquella ocasión, que “las FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos, que ocupan espacio en Colombia. Hay que darles reconocimiento (…) son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano, que aquí es respetado”.
15/03/2009. Chávez ordenó que el Gobierno central asumiera el control de los puertos y aeropuertos. Hasta ese momento los puertos y aeropuertos estaban en manos de gobernadores, en aquel entonces de oposición. Para esto, Chávez se valió de una reforma a la Ley de Descentralización sancionada ese año por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, violando la Constitución. Los puertos son puntos clave para el contrabando y el narcotráfico, entre otros hechos delictivos. Maduro ha continuado con la práctica de quitarle las competencias, de manera inconstitucional, a gobernadores opositores sobre puertos y aeropuertos.
Septiembre 2013. El Movimiento por la Paz y la Vida, perteneciente al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y que entonces coordinaba el viceministro José Vicente Rangel Ávalos, inició el plan “Zonas de Paz” en centros urbanos ubicados en los estados Miranda, Zulia, Táchira, Aragua, Guárico y Gran Caracas. El objetivo inicial era la pacificación de bandas delictivas, basado en el “respeto” de los territorios controlados por cada grupo criminal. El acuerdo implicaba que el gobierno entregaba recursos económicos y materiales de construcción a las bandas, a cambio de la entrega de sus armas. Las llamadas “zonas de paz” fueron un factor determinante en el crecimiento de las llamadas “megabandas”, grupos de más de 50 criminales, con armas de fuego de alto poder, y una estructura vertical de mando muy bien definida. Con las “zonas de paz”, el gobierno dio a los grupos delictivos reconocimiento, legitimación oficial y territorios sin presencia policial.
5.2 Consecuencias de las políticas en zonas fronterizas
El apoyo abierto a las FARC y el ELN permitió su accionar en Venezuela. Este respaldo hacia las FARC ha continuado a través del tiempo. En Caracas, en 2019, durante el Foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro señaló sobre dos de los principales líderes de esta organización guerrillera y terrorista: “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son dos líderes de paz (…). La FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir”.
De acuerdo a los expertos, la magnitud que el tráfico de drogas ha alcanzado en Venezuela se fundamenta en la relación del régimen venezolano con las FARC y otros grupos irregulares colombianos. El Informe Mundial Sobre Drogas, ONU 2017, señaló que “varias fuentes calculan que los ingresos anuales totales obtenidos de las drogas por las FARC ascienden a unos 1.000 millones de dólares”.
Además, se ha registrado en distintos informes y noticias que el ELN y las disidencias de las FARC participan en el negocio de minería ilegal del oro y el coltán en los estados Bolívar y Amazonas.
El ELN tendría presencia en 12 estados de Venezuela: Táchira, Zulia, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico, Bolívar y Apure. Cuenta con emisoras clandestinas para adoctrinar y utiliza al estado Apure, en la frontera con Colombia, como un escondite y actúa allí como un factor estatal de facto, resolviendo controversias entre los ciudadanos y manteniendo algún tipo de “orden”.
Las llamadas “zonas de paz” fueron un factor determinante en el crecimiento en Venezuela de las llamadas “megabandas”, grupos de más de 50 criminales, con armas de fuego de alto poder y una estructura vertical de mando muy bien definida. Con las “zonas de paz” el gobierno dio a los grupos delictivos reconocimiento, legitimación oficial y territorios sin presencia policial para consolidar la actividad delictiva.
