Ventajas para los ilícitos
producto de cambios institucionales
La consolidación de estructuras criminales en Venezuela requirió la adaptación de la institucionalidad a intereses particulares a partir del 2000, siempre en procura de acceder a ingentes recursos, ejercer el control social y mantener el poder de algunos grupos.
La centralización y control del poder en el Ejecutivo generó privilegios para sectores concretos del mismo Estado, que articularon una “reestructuración” institucional que garantizó las oportunidades de acceso a recursos y a la toma de decisiones públicas contrarias al interés nacional con impunidad. La tarea fundamental del sistema de contrapesos entre poderes públicos, para impedir el abuso de poder, se fue reduciendo con decisiones políticas, reformas legales, decretos presidenciales nuevos procedimientos y la independencia judicial, hasta quedar prácticamente anulada.
Esto sirvió de escenario favorable al desarrollo de economías ilícitas y al fortalecimiento de alianzas en la red del crimen organizado, en una relación simbiótica con algunos responsables de entes del Estado.
A diario, millones de venezolanos ven quebrantadas sus garantías ciudadanas como nunca antes, con un impacto perverso en su vida cotidiana al ser sometidos a un contexto de violencia, impuesto por estructuras criminales, en especial en estados fronterizos, al que se suman los efectos de la emergencia humanitaria compleja que padece la población.
A continuación, presentamos algunas de las decisiones, acciones u omisiones institucionales, así como un acercamiento a las consecuencias que ocasionaron.
Incremento de Poder, opacidad y disminución de controles
Poder judicial
1.1 Decisiones contra la independencia, autonomía y capacidad del sistema de justicia:
1.2 Situación del sistema de justicia y consecuencias de su afectación
La designación de personas afines al Gobierno nacional en la cabeza de las máximas instituciones del sistema de justicia, la inestabilidad en el cargo de los funcionarios, la asignación de salarios insuficientes y las sistemáticas decisiones para intervenir la estructura del sistema, han originado que la justicia venezolana no funcione con independencia e imparcialidad y que sus operadores sean especialmente vulnerables a las prácticas corruptas y al crimen organizado. Con esto se garantiza la impunidad en los casos que más afectan a la sociedad, tanto por su magnitud como por su impacto.
Una investigación periodística denunció que 1.101 de los 2.151 jueces activos en febrero de 2019 estaban inscritos en las listas del PSUV (partido de gobierno) y señaló que 450 jueces activos, así como retirados, lograron registrar empresas y firmar contratos públicos. Para esa fecha, 106 jueces activos inscritos en el PSUV tenían empresas que hacían negocios con diferentes instancias de gobierno.
Los tribunales de la República, desde el 2003, no dictan una decisión desfavorable a las políticas diseñadas e implementadas por el Poder Ejecutivo, a pesar de que muchas han sido ampliamente cuestionadas y de la evidente crisis de Venezuela. También han emitido más de 100 sentencias que violan el derecho de acceso a la información pública, que han limitado el ejercicio de derechos como el control social de las políticas públicas y otros como la libertad de expresión.
Operadores del sistema de justicia forman parte de las estructuras criminales, y quienes, por diferentes motivos, han efectuado denuncias y señalamientos contra el sistema de justicia o contra personas que ejercen el poder han sido objeto de acusaciones e investigaciones. Algunos han tenido que salir de Venezuela, mientras que otros han sido encarcelados.
En mayo de 2006 el entonces magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Velásquez Alvaray, después de ser suspendido por el Consejo Moral Republicano- pese a su cercanía con el chavismo- por un caso de corrupción, denunció una red de 400 jueces que servía a los intereses del narcotráfico, y acusó al para entonces vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, de pretender controlar el Poder Judicial venezolano.
En marzo de 2012, Eladio Aponte, militar, cercano al chavismo, y entonces magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, fue destituido por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, por su supuesta relación con mafias de la droga. Según reportes de prensa de Estados Unidos, país donde se refugió Aponte Aponte, el exmagistrado señaló a varios altos funcionarios de ese entonces por su presunta vinculación con el tráfico de drogas: “el ministro de Defensa (Henry Rangel Silva), el general Cliver Alcalá, (jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército) y Diosdado Cabello (entonces presidente de la Asamblea Nacional)”. En una entrevista concedida a un medio de comunicación, el magistrado admitió que “la justicia es una plastilina” y tachó de “falacia” la autonomía del sistema de justicia en Venezuela.
El sistema penitenciario también adolece de corrupción, escasa seguridad, infraestructuras deficientes, hacinamiento, personal insuficiente y guardias mal formados, lo que ha permitido el surgimiento de bandas armadas.
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, explicó para el informe Economías Ilícitas de Transparencia Venezuela que los planes de “humanización” para las cárceles, impulsados por Tareck El Aissami, cuando era ministro de Relaciones Interiores y luego gobernador de Aragua (2012-2017), “solo sirvieron para entregarle el control de las cárceles a los presos, con la excusa de evitar la violencia”.
La organización Una Ventana a la Libertad, en un informe publicado en 2018, afirmó que en Venezuela hay cárceles que son consideradas “territorios independientes” de la acción del Estado (entre ellas Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, La Pica, y Vista Hermosa), en los que algunos privados de libertad denominados “pranes” imponen el orden interno y coordinan delitos desde el interior de las cárceles.
Se consolidó el pranato en la mayoría de las cárceles de Venezuela y miles de presos han fallecido por la violencia, las enfermedades u otras causas en los recintos penitenciarios. Hay denuncias contra la exministra de Asuntos Penitenciarios María Iris Varela, quien estuvo al frente de las cárceles desde 2011 a 2017 y luego de 2018 a 2020, que la vinculan con los llamados “pranes”, al punto que se indica que montó su “ejército personal de presos” para defender la llamada Revolución. “Varela fue señalada por el general (Ej) Manuel Ricardo Cristopher Figuera, después de la llamada Operación Libertad del 30 de abril 2019, de haberle solicitado al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, 30 mil rifles para armar su ejército privado y que el destino de estos, según le habría dicho a Padrino, que ´tenía entrenados a varios prisioneros, de la cual ella era su comandante´”.
Rol de las Fuerzas Armadas
2.1 Políticas vinculadas al rol de la Fuerza Armada Nacional y su especial responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico:
2.2 Consecuencias de estas políticas relacionadas con el rol de los militares.
El primer caso importante de corrupción, en el gobierno del presidente Hugo Chávez, fue en el sector militar. Investigaciones periodísticas señalaron al general Víctor Cruz Weffer, quien encabezaba el Plan Bolívar 2000. Otros casos de militares de alto rango fueron señalados en otros países. Además del caso ya mencionado del general Aponte, están los casos del mayor general Luis Motta Domínguez, quien es investigado en Estados Unidos por presunto lavado de dinero producto de la corrupción. El general en jefe de la Guardia Nacional, Néstor Luis Reverol, es investigado por narcotráfico en Estados Unidos. El mayor general Clíver Alcalá Cordones ha estado preso por orden de un tribunal de Nueva York durante más de dos años, por un caso de drogas en el que son mencionados altos cargos de Venezuela.
La ruptura de los acuerdos de cooperación que existían con la DEA y con la policía británica, la falta de apoyo internacional en la lucha contra las drogas y la ausencia de investigación contra altos funcionarios acusados de estar, presuntamente, involucrados en actividades del crimen organizado, ha permitido que creciera el negocio del narcotráfico en Venezuela.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU advirtió en 2020 sobre la penetración del narcotráfico en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la formación del denominado Cartel de Los Soles. Mildred Camero, exdirectora de la anterior Oficina Nacional Antidrogas, durante el gobierno de Hugo Chávez, agregó que aunque algunos miembros de la antigua Policía Técnica Judicial (hoy CICPC) y de la Guardia Nacional facilitaban el tráfico de drogas, no estaban tan integrados con el crimen como las actuales redes de militares corruptos venezolanos”.
Finalmente, hay que destacar que las tácticas militares en respuesta a la delincuencia organizada dan lugar a violaciones de derechos humanos.
Incremento de Poder, opacidad y disminución de controles
3.1 Políticas que favorecieron el control del poder del Ejecutivo, la opacidad y la disminución de contrapesos:
3.2 Consecuencia de las políticas diseñadas e implementadas por el Poder Ejecutivo venezolano
El incremento sistemático del control por parte del Poder Ejecutivo propició que el secretismo del Gobierno venezolano se ha consolidado para la fecha de publicación de este informe (agosto, 2023). No hay información oficial sobre las contrataciones de interés nacional, el número de empresas propiedad del Estado, el número de empresas mixtas, las alianzas estratégicas, las áreas que están operativas en el Arco Minero y la cantidad de oro que llegan al Banco Central de Venezuela (BCV), que es el responsable del metal precioso.
El gobierno de Nicolás Maduro se ha amparado en la Ley Antibloqueo para hacer negocios opacos que involucran a las empresas estatales, entre ellas, a Pdvsa. También se empezaron a entregar empresas estatales a inversionistas privados, sin que exista información clara, completa, continua y verificable de estos procesos. Una investigación publicada por Transparencia Venezuela en diciembre de 2021 precisó que al menos desde 2015, el gobierno venezolano ha puesto 33 empresas estatales en manos privadas, pero estas operaciones se aceleraron notablemente desde la aprobación de la Ley Antibloqueo. La mayoría de las empresas identificadas pertenecen al sector agroalimentario, seguido por las del sector turismo y el manufacturero.
El contrabando de oro, diamantes, coltán, rodio, cobalto y combustible; la trata de personas y el tráfico de drogas, armas, esclavitud moderna, entre otros, son algunas de las prácticas ilícitas en la zona minera, donde opera una estructura delictiva frente a la inacción del gobierno. “Exfuncionarios de inteligencia e investigadores independientes han confirmado que las autoridades conviven con las bandas criminales porque les reportan ganancias mediante la entrega de sobornos o porcentajes del botín”.
En el informe Oro Mortal, de Transparencia Venezuela, varias fuentes consultadas estimaban que para 2018 entre 70% y 90% del oro que se extraía, salía del territorio de manera ilegal -por tierra y aire- en operaciones en las que estarían involucrados funcionarios del alto gobierno y personas del entorno presidencial. En 2018 el contrabando representó 2.711 millones de dólares, de acuerdo con la consultora Ecoanalítica. Se ha registrado que en el Arco Minero actúan los llamados sindicatos mineros, liderados por los llamados “pranes”, ejerciendo el control a sangre y poder de fuego. Más recientemente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también estaría presente en la zona en el occidente del Arco Minero del Orinoco (AMO).
En los últimos años, se acudió a la minería ilícita del oro con fines de lucro y como una forma de lavar dinero proveniente de otros delitos por la falta de regulación y control. La extracción de oro garantiza altos precios del metal en el mercado internacional, es relativamente fácil de movilizar y hay bajo riesgo de detección.
El control de precios fue un incentivo al contrabando de gasolina, que afectó directamente a Pdvsa y a los venezolanos. Las mafias compraban la gasolina en Venezuela en bolívares para revenderla en dólares en Colombia. Parte de la ganancia en dólares se vendía en el mercado paralelo de divisas para obtener los bolívares necesarios para comprar más gasolina y continuar el ciclo. Aún en 2022, Nicolás Maduro se quejaba de estas mafias: “Ahora, ¿es que es imposible lograr que se vendan los combustibles de manera normal y decente? Pregunto, ¿es imposible? O es que las mafias van a poder más que un Estado, que todo un país, que todo un pueblo. ¿Qué magia tienen esas mafias, señor Fiscal?”. Esta declaración implica, que el crimen organizado es de tal magnitud que el gobierno, aunque quiera luchar contra este, ya no puede.
La firma de consultoría Ecoanalítica estimó que en la última década se perdieron 31.331,5 millones de dólares por el contrabando de gasolina. En mayo de 2020, en los primeros meses de la emergencia sanitaria por COVID, Nicolás Maduro anunció un nuevo esquema de venta de gasolina subsidiada que pasó a costar 0,027 dólares por litro, mientras que autorizó la venta en dólares de una gasolina a un “precio internacional” a 0,50 dólares el litro, en una red de 200 gasolineras, todo bajo la custodia militar. Esto ha afianzado las oportunidades corrupción.
Empresas propiedad del Estado. Pdvsa
4.1 Políticas que han afectado a Pdvsa:
4.2 Consecuencias de las políticas públicas relacionadas con Pdvsa:
Las políticas anteriores, unidas a la falta de meritocracia y conflicto de intereses, originaron que Pdvsa durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro haya sido la fuente de lo que para muchos es un saqueo de miles de millones en casos de gran corrupción, por el manejo de cuantiosos recursos en forma discrecional y sin control. Algunos cálculos señalan que Chávez dispuso de más del 70 % de la renta petrolera de 100 años.
La producción fue en declive y no se ha podido recuperar hasta la actualidad. La principal empresa venezolana en 2023 aún no produce ni gasolina, ni aceite, ni asfalto para satisfacer las necesidades de los venezolanos.
Además, se registraron centenares de casos de corrupción en la industria, entre ellos, la pérdida de más de 4.000 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra. Transparencia Venezuela ha registrado por lo menos 68 investigaciones de corrupción que involucran a Pdvsa, que ocurrieron durante la gestión de Rafael Ramírez. Tareck El Aissami, funcionario que ejerció el Ministerio del Petróleo entre abril de 2020 y marzo de 2023, renunció tras el desfalco de Pdvsa-Cripto, revelado desde el mismo gobierno. Hasta mediados de 2023, no había sido imputado de ningún delito, ni se conocía su paradero. El gobierno tuvo que reconocer una parte del desfalco por una cifra de 5.000 millones de dólares. Transparencia Venezuela elaboró un informe en el que estima que el daño total pudo superar los 16 mil 600 millones de dólares.
Detalle completo de los cambios que incentivaron la gran corrupción en PDVSA lo pueden encontrar en el site Pdvsa Combustible de la corrupción, en los informes Cómo se fraguó la corrupción en PDVSA y Prácticas de gobernanza que incentivaron la corrupción en la petrolera venezolana.
Políticas en Fronteras y manejo de bandas
5.1 Políticas destacadas en zonas fronterizas:
5.2 Consecuencias de las políticas en zonas fronterizas
El apoyo abierto a las FARC y el ELN permitió su accionar en Venezuela. Este respaldo hacia las FARC ha continuado a través del tiempo. En Caracas, en 2019, durante el Foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro señaló sobre dos de los principales líderes de esta organización guerrillera y terrorista: “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son dos líderes de paz (…). La FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir”.
De acuerdo a los expertos, la magnitud que el tráfico de drogas ha alcanzado en Venezuela se fundamenta en la relación del régimen venezolano con las FARC y otros grupos irregulares colombianos. El Informe Mundial Sobre Drogas, ONU 2017, señaló que “varias fuentes calculan que los ingresos anuales totales obtenidos de las drogas por las FARC ascienden a unos 1.000 millones de dólares”.
Además, se ha registrado en distintos informes y noticias que el ELN y las disidencias de las FARC participan en el negocio de minería ilegal del oro y el coltán en los estados Bolívar y Amazonas.
El ELN tendría presencia en 12 estados de Venezuela: Táchira, Zulia, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico, Bolívar y Apure. Cuenta con emisoras clandestinas para adoctrinar y utiliza al estado Apure, en la frontera con Colombia, como un escondite y actúa allí como un factor estatal de facto, resolviendo controversias entre los ciudadanos y manteniendo algún tipo de “orden”.
Las llamadas “zonas de paz” fueron un factor determinante en el crecimiento en Venezuela de las llamadas “megabandas”, grupos de más de 50 criminales, con armas de fuego de alto poder y una estructura vertical de mando muy bien definida. Con las “zonas de paz” el gobierno dio a los grupos delictivos reconocimiento, legitimación oficial y territorios sin presencia policial para consolidar la actividad delictiva.
