CAPÍTULO 1
CONTRABANDO
DE GASOLINA
La gasolina siempre ha sido un tema controversial en Venezuela. Durante años, producto de la bonanza petrolera y los enormes subsidios al combustible, los ciudadanos tuvieron acceso a este recurso a precios mucho más bajos que el promedio internacional. Esto llegó al punto que, en 2018, los venezolanos pagaban 99,9% menos por gasolina de lo que pagaban en el año 1986.
Pese a que en diversas ocasiones el expresidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, se refirieron a la necesidad de sincerar el precio del combustible, en la realidad, el gobierno optó por profundizar este subsidio a escalas sin precedentes, con unas consecuencias enormes a nivel distributivo y fiscal.
Por mera teoría económica, el subsidio de la gasolina generó un problema de incentivos: como el precio nacional era considerablemente menor al del resto del mundo, especialmente al de países vecinos, se promovió activamente el contrabando y un mayor consumo a nivel interno (dado lo accesible que era), resultando en un costo de oportunidad que alcanzó al menos USD 115.029 millones entre 2003 y 2017, de acuerdo con las estimaciones de Ecoanalítica.
Lo anterior, aunado al aumento de la población y del ingreso durante el gobierno de Chávez, así como al alza del consumo interno, incrementaron el subsidio y, por lo tanto, el costo de oportunidad. En los últimos años, luego del desplome de los ingresos petroleros, la destrucción de la industria de hidrocarburos y las sanciones impuestas al gobierno venezolano, el subsidio se hizo cada vez más difícil de mantener y la demanda imposible de satisfacer.
El aumento del precio de la gasolina siempre ha sido una especie de tabú para los gobiernos venezolanos, que lo relacionan con un gran riesgo político. Luego de años de captación de rentas producto del contrabando de gasolina, se reformuló el esquema de cobro pero se siguieron dejando oportunidades para actividades ilícitas que tienden a beneficiar a grupos de interés involucrados.
ENTRE 2008 Y 2018 ACTORES GUBERNAMENTALES,
MILITARES Y RELACIONADOS RECIBIERON
AL MENOS USD 21.000 MILLONES
POR CONTRABANDO DE GASOLINA
La estrategia del chavismo durante los primeros quince años fue la nacionalización total de la industria de hidrocarburos, teniendo a Pdvsa y los grupos de interés relacionados a ella como principales beneficiarios.
Si se toma en consideración la diferencia entre el precio de la gasolina venezolana y la de países vecinos y se tiene en cuenta el nivel de producción nacional (previo al colapso total que tuvo lugar a partir de 2019), se puede estimar que el contrabando de combustible por Brasil y Colombia, para el año 2018, generaba rentas entre USD 1.860 millones y USD 2.800 millones (la fuga era de 80.000 barriles diarios, aunque se alcanzó un pico de 120.000). Esto implica que entre 2008 y 2018 actores corruptos y relacionados recibieron de USD 21.000 millones a USD 31.000 millones por medio de la actividad ilegal (Ecoanalítica, 2018).
Considerando las dinámicas de contrabando previo a 2019, a lo largo de la frontera colombiana en Táchira y Zulia (en donde existían al menos 192 trochas, de acuerdo con el diario colombiano Semana), efectivos militares venezolanos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) e incluso grupos criminales como Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Pelusos actuaban en una actividad que podía generar al menos USD 3 millones diarios, un negocio en muchas ocasiones más lucrativos que el de la droga. Una vez en territorio colombiano, la gasolina venezolana podía aumentar su valor por 3.700 veces, representando para el momento un negocio bastante lucrativo para los contrabandistas.
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Una historia con final previsible:
la crisis de la gasolina
Como resultado de años de desinversión y corrupción por parte del gobierno, Venezuela perdió por completo su capacidad de producción petrolera. Para el año 2012, las principales refinerías del país (Paraguaná, Bajo Grande, El Palito, Puerto La Cruz y San Roque) operaban a 59% de su capacidad. Este número se redujo a 35% en 2017 y se estima que para 2020 apenas alcanzó 5%.
La destrucción de la producción y las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno chavista condujeron a los venezolanos a una crisis generalizada de suministro de gasolina, que se vio agravada en la pandemia de Covid-19.
A inicios de 2020, la producción estaba en sus niveles más bajos en la historia reciente y los venezolanos se aglomeraron en largas filas en las estaciones de servicio de todo el país en búsqueda de combustible, una situación que se veía en estados fronterizos y cercanos a ellos desde hace años.
El consumo de gasolina previo a la pandemia era de 170.000 barriles diarios, pero la industria petrolera venezolana solo se encontraba en capacidad de proveer 30.000 barriles diarios. Esto desató la crisis de combustible que afectó a los ciudadanos a la par de la Covid-19.
En años previos, Pdvsa había logrado sortear el déficit de producción con el apoyo de su filial en Estados Unidos, Citgo, y de pagos en combustible por exportaciones de crudo. Sin embargo, las sanciones impidieron continuar esta dinámica y cerraron muchos caminos; a socios como Repsol (España), ENI (Italia) y Reliance (India) se les prohibió comerciar con Venezuela (a pesar de que podían operar, solo era para cerrar el pago de deudas pendientes, no para generar beneficios por encima de las deudas). Esta situación empeoró cuando Rosneft (Rusia) también detuvo operaciones en el país.
En respuesta a estas medidas, en mayo de 2020, Maduro comenzó a recibir buques cargados con gasolina por parte de Irán, cuyo pago se habría realizado en oro, de acuerdo con declaraciones de Yahya Safavi, mayor general de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Simultáneamente, se comenzaron a hacer esfuerzos importantes por reactivar las refinerías (comprando diluyentes a países como Nigeria y Argelia), especialmente las de El Palito y Cardón, que tienen capacidad de producir alrededor de 500.000 barriles diarios.
La pandemia de Covid-19, un detonante
EN LAS REGIONES DEL INTERIOR Y ESTADOS
FRONTERIZOS DE VENEZUELA, SE HA
GENERADO UN MERCADO PARALELO
EN EL QUE LA GASOLINA PUEDE ALCANZAR
HASTA USD 3,5 POR LITRO
El 30 de mayo de 2020, tras meses de grave escasez de combustible, Nicolás Maduro anunció el aumento del precio de la gasolina bajo un esquema diferenciado, el combustible pasó a venderse en un precio internacional (USD 0.5 por litro) para el público en general y en un precio subsidiado (USD 0.02 por litro), para las personas que están inscritas en el Sistema Patria, una plataforma virtual creada para el cobro de ayudas sociales que es criticada por su tinte político. La venta de la gasolina a través del Sistema Patria también fue racionada a 120 litros al mes por vehículo.
Sin embargo, en vista de que la escasez de combustible persiste, sobre todo en las regiones del interior de Venezuela y más grave en los estados fronterizos, se ha generado un mercado paralelo en el que la gasolina puede alcanzar hasta USD 3.5 por litro. De esta forma, las personas que no pueden conseguir gasolina en estaciones de servicios formales y deben acudir al mercado negro, pagan en Venezuela la gasolina más cara del mundo.
El control del suministro de gasolina lo tiene la Guardia Nacional Bolivariana, este cuerpo que debería velar por la integridad territorial, es el encargado de vigilar las estaciones de servicio en el país. Además, algunos de sus integrantes permiten y participan activamente en el mercado negro del combustible y el cobro de sobornos para pasar sin hacer la cola y en días que no corresponde al número de placa, según denuncias de usuarios y del mismo Ministerio Público venezolano. Por supuesto, el esquema diferenciado de los precios genera incentivos al establecimiento de mercados paralelos para la captación de rentas y promueve la corrupción.
Reversión del flujo de contrabando
y nuevas oportunidades
La agudización de la escasez de gasolina que se registró a inicios de 2020 llevó a que ocurriera algo particular: los flujos de contrabando se revirtieron y, al menos en los estados fronterizos del occidente de Venezuela, Zulia y Táchira, se comenzó a cubrir la demanda con más combustible importado ilegalmente desde Colombia. El precio de la gasolina colombiana rondaba los USD 0.57 por litro, mientras que el combustible venezolano adquirido en el mercado paralelo podía llegar a USD 3.5 por litro. Se estima que para 2020 diariamente se traficaban entre 5.000 y 15.000 barriles de gasolina de Colombia a Venezuela.
Aún en el primer trimestre de 2022, en el resto del país, donde persistía la escasez de combustible y no llegaba el contrabandeado desde Colombia, la población dependía de la gasolina venezolana desviada de las estaciones de servicio subsidiadas (en control de la GNB) y vendida con sobreprecio en los mercados paralelos. De esta manera, a través del esquema diferenciado, el gobierno logró aumentar los precios de la gasolina, pero al mismo tiempo, dejó una ventana abierta para que funcionarios y efectivos inescrupulosos, siguieran con un negocio ilegal lucrativo y rentable.
USD 5.2 MILLONES AL DÍA
PUEDE REPORTAR EL MERCADO
NEGRO DE GASOLINA
Hasta principios de 2022 alrededor de 42% de la gasolina existente en Venezuela se destinaba a la venta subsidiada, de acuerdo con fuentes en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.
Entendiendo que para satisfacer la demanda del país se requieren alrededor de 156.000 barriles diarios, la población podría tener acceso a alrededor de 10.4 millones de litros de gasolina diarios a USD 0.02/lt. Teniendo en cuenta la dificultad de los ciudadanos para acceder al combustible y el aumento progresivo de la producción, se estima que 60% del total se destina a actividades ilegales, si este combustible se vende al menos en el denominado precio internacional (USD 0.5/lt) en el mercado paralelo, podría generar una renta de USD 5.2 millones diarios o alrededor de USD 1.900 millones de dólares anuales.
Entendiendo la reactivación de la capacidad productiva y de refinación, se estima que el desvío de gasolina interno se encuentre al menos entre USD 1.800 y USD 2.700 millones anuales para factores que controlan el comercio ilegal de combustible, volviendo a niveles previos a la pandemia y el colapso de la producción.
TRANSPARENCIA VENEZUELA
Junio 2022
