Agentes criminales, interacciones oscuras
Los agentes que lideran
las economías ilícitas
Entre los años 2021 y 2023 las máximas autoridades de los cuerpos de seguridad y defensa de Venezuela han promocionado decenas de operativos contra organizaciones criminales que estarían detrás de varios delitos que ocasionan un grave daño en la vida de los ciudadanos, entre ellos, las economías ilícitas como el tráfico de drogas, combustible, armas y municiones, además de la explotación y el comercio ilegal del oro.
Las autoridades se han referido a estos grupos con diferentes siglas poco conocidas por los ciudadanos comunes. En los mensajes que difunden hablan de la lucha contra los llamados Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos); contra los GEDO (Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada) y también contra los GAGV (Grupos Armados Generadores de Violencia), además de “mercenarios, colaboradores y otros grupos al margen de la Ley”. Pero más allá de la eventual detención de algunos integrantes de estas organizaciones y la difusión de fotos en redes sociales, poco se ha informado públicamente sobre las dimensiones que tienen, los negocios que manejan, su estructura, los intereses a los que responden o su presencia en el territorio nacional.
Asimismo, en informes divulgados en años recientes por órganos como la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad) o el mismo Ministerio Público, los datos referidos a las personas detenidas por participar en este tipo de actividades y el estatus de los procesos en su contra también son escasos, opacos y confusos, como se reseñó en el primer capítulo del informe Economías ilícitas bajo el manto de la impunidad.
Ante las limitaciones para acceder a datos que son de interés público y la necesidad de hacer una mejor identificación de estos actores, Transparencia Venezuela recabó y sistematizó información publicada por fuentes documentales alternas como los sistemas de justicia de terceros países, los órganos internacionales como las agencias de Naciones Unidas y trabajos de investigación de reconocidos medios nacionales y extranjeros. Además, entrevistó a profundidad a fuentes vivas con conocimiento en esta área, en estados fronterizos como Sucre, Bolívar y Zulia. La organización habló directamente con miembros de las comunidades, víctimas de estos grupos criminales y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.
El análisis de la información recabada contribuye a identificar a los agentes que participan y han participado en actividades como el contrabando de drogas, oro y combustible, así como la relación simbiótica que han mantenido y mantienen con personas del poder.
Los agentes del
tráfico de drogas
El tráfico de drogas ha cobrado mayor relevancia en Venezuela durante la última década, de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por órganos de justicia de distintos países y las desarrolladas por centros de estudio y medios de comunicación. En los reportes oficiales nacionales y extranjeros, Venezuela es considerada como una de las principales naciones para el tránsito de drogas, especialmente de cocaína.
Pese a que son muchos los agentes involucrados en este mercado en Venezuela, una revisión a las causas penales abiertas por narcotráfico en terceros países y las sanciones impuestas por este delito contra venezolanos permite hacer una aproximación a sus identidades. Por un lado, participan actores originalmente criminales (nacionales y extranjeros) que están apalancados en el uso de la violencia; y por el otro, agentes grises u opacos que desde sus distintas posiciones de poder dentro del Estado facilitan las actividades de los primeros a cambio de obtener beneficios económicos, entre otros respaldos.
El rastreo de información indica que uno de los países que más ha abierto causas penales por tráfico de drogas vinculado con Venezuela es Estados Unidos. En los documentos de los tribunales estadounidenses se reseña cómo diferentes grupos de narcotraficantes o guerrilleros presuntamente han pagado sobornos a altos dirigentes del gobierno venezolano, jueces, fiscales y efectivos de cuerpos de seguridad, para ser alertados sobre operativos en su contra, para evitar ser detenidos o extraditados, para acceder a puertos oficiales desde donde sale la droga o para lavar el dinero obtenido ilegalmente.
Del análisis de esas causas judiciales es posible identificar varios de los agentes que estarían operando actualmente en Venezuela, así como otros que han tenido operaciones en el país.
Una de las organizaciones criminales que más peso tiene en el tráfico de drogas en Venezuela es el llamado Cartel de Los Soles, que está siendo investigado en instancias internacionales y que ha sido objeto de numerosos reportes en medios nacionales e internacionales, como el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, que confirmó la existencia de este grupo en 2019.
La acusación formal contra el Cartel de los Soles se produjo en 2020 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos y durante 2023 el caso se ha movido en varias ocasiones. A finales de junio, el general venezolano Clíver Alcalá Cordones admitió que cuando era comandante de la Fuerza Armada, durante el gobierno de Hugo Chávez, evitó el arresto de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Venezuela y además les entregó dos lanzagranadas y 20 granadas, a sabiendas de que el grupo se dedicaba al narcotráfico.
Un mes más tarde, en julio de 2023, el exjefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios, mejor conocido como “El Pollo” Carvajal fue extraditado de España a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. En su audiencia de presentación se declaró inocente y está a la espera de juicio.
Según la acusación estadounidense, militares venezolanos de alto rango y civiles con importantes cargos dentro del poder Ejecutivo pertenecen a una organización criminal que opera, en conjunto con las FARC, para mover hasta 250 toneladas de cocaína por año a Estados Unidos.
Dentro de este caso también han sido acusados los colombianos Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, quien presuntamente murió en 2021 y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. Además, son señalados en la acusación estadounidense altos funcionarios venezolanos.
A pesar de los graves señalamientos en su contra, no existe en Venezuela una investigación del Ministerio Público contra el Cartel de los Soles, lo que demuestra la falta de independencia de las instituciones del sistema de Justicia.
Tareck El Aissami, el exministro de Petróleo que renunció a su cargo en marzo del 2023, tras el más reciente escándalo de corrupción en la industria petrolera venezolana conocido como el caso Pdvsa-Cripto, según una acusación presentada por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), supuestamente lidera una organización que ha facilitado el envío de cargamentos de drogas de varios grupos criminales desde Venezuela hacia los Estados Unidos y también les ha brindado protección gracias al poder que ha tenido dentro del gobierno.
Los narcotraficantes Hermágoras González Polanco, mejor conocido como “Gordito González”; Daniel Barrera Barrera, alias “el Loco Barrera”; así como los integrantes del violento cartel mexicano Los Zetas son algunos de los criminales que presuntamente han recibido apoyo del exfuncionario.
La OFAC sancionó a El Aissami en febrero de 2017 tras asegurar que el funcionario ha tenido control sobre los aviones con narcóticos que parten de una base aérea venezolana, así como sobre las embarcaciones que transitan a través de los puertos nacionales. Para blanquear el dinero obtenido por las actividades ilícitas, presuntamente, El Aissami ha comprado ciertos activos y realizado operaciones comerciales a través del venezolano Samark López Bello, quien sería su testaferro.
Pese a que el Ministerio Público de Venezuela detuvo a varios funcionarios cercanos a El Aissami como parte de las averiguaciones sobre el caso Pdvsa-Cripto, al cierre del primer semestre de 2023 las autoridades venezolanas no habían confirmado ninguna investigación contra el funcionario relacionada con corrupción o con narcotráfico. Su paradero es desconocido.
En septiembre de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció una recompensa de USD 5.000.000 por información que conduzca a la detención o condena de Rodolfo McTurk, el exjefe de Interpol de Venezuela, quien presuntamente colaboró con el narcotráfico.
Según una acusación presentada en el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, McTurk y el exjuez venezolano, Benny Palmeri-Bacchi, se asociaron y colaboraron con el líder del cartel del Norte del Valle, el colombiano Jamie Alberto Marín-Zamora, mejor conocido como Beto Marín, para evitar que este fuera detenido en 2009.
Por este caso Palmeri-Bacchi fue arrestado en 2014 en Miami y, en febrero de 2015, lo condenaron a seis años y ocho meses de cárcel. Quedó en libertad, pero años más tarde se supo nuevamente de él cuando volvió a ser detenido, esta vez en Venezuela.
En enero de 2021, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que Palmeri -Bacchi fue detenido en el marco de una investigación por el presunto tráfico de 4,2 toneladas de cocaína incautadas en aguas internacionales.
Además de la presunta participación de las FARC en el tráfico de drogas que circulan por Venezuela, según la acusación en el expediente del cartel de los Soles, las investigaciones desarrolladas por Transparencia Venezuela también arrojan indicios de la presencia del Ejército de Liberación Nacional, ELN en, al menos, seis estados del país, así como su vinculación con el narcotráfico y otros delitos.
A inicios de 2022 se registraron fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC e integrantes del ELN en Apure, estado venezolano fronterizo con Colombia. Según reportes, el conocido Cartel de Sinaloa habría estado mediando entre los guerrilleros para evitar que se viera afectado el paso de la droga, desde Colombia y Venezuela.
La actuación del cartel de Sinaloa en Venezuela fue reportada en el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU en 2021, cuando se aseguró que ese grupo criminal tenía presencia en el estado Zulia, también fronterizo con Colombia. Según la organización, los mexicanos estarían aprovechando las pistas de aterrizaje clandestinas que hay en el estado para construir centros de tránsito y recogida de estupefacientes, con el apoyo del ELN.
La entrevista a pobladores y expertos en tres regiones fronterizas de Venezuela, los estados Zulia, Sucre y Bolívar, ha permitido conocer con mayor propiedad los agentes que operan las economías ilícitas en esas zonas y sus formas de interacción. Las fuentes consultadas coinciden en la presencia de carteles nacionales e internacionales, así como de grupos guerrilleros y bandas nacionales que presuntamente actúan con el visto bueno de algunos funcionarios del Estado y efectivos de cuerpos de seguridad y defensa.
El Zulia a merced de lo ilícito.
En el norte los grupos criminales, en el sur los guerrilleros del ELN y las disidencias de las FARC.
“Uno se empieza a tomar una botella de ron aquí y se la termina en Colombia”, comenta un habitante del peligroso municipio Jesús María Semprún, al suroeste de la entidad y limítrofe con Colombia. La cercanía entre ambas naciones ha impactado durante décadas la criminalidad en Zulia por la presencia de la guerrilla colombiana que se dedica principalmente a tráfico de drogas, en especial los entrevistados reportan la preponderancia del ELN.
Después del ELN estarían las llamadas disidencias de las FARC. La situación se ha hecho tan común que los lugareños no tienen problemas en admitirlo: “Aquí decimos algo, nosotros no colindamos con Colombia sino con las FARC”.
Los grupos guerrilleros están a la vista de los pobladores, de las autoridades y de los organismos de seguridad del Estado. El ELN tendría más de 2.350 combatientes de los cuales al menos la mitad estaría en Venezuela, sin contar con otros cientos de integrantes de las disidencias de la FARC, según reportes del año 2021 de la Fuerza Armada de Colombia.
Periodistas consultados afirman que en el Sur del Lago de Maracaibo- que comprende los municipios Colón, Francisco Javier Pulgar, Sucre, Catatumbo y Jesús María Semprún- hay presencia de distintos grupos irregulares.
Las fuentes sostienen, además, que en Zulia hay sembradíos de droga y que ya no se están destruyendo, tal como se hacía hace más de 20 años, cuando se realizaban operaciones en la Sierra de Perijá con la presencia de periodistas en las plantaciones. En algunas declaraciones oficiales, representantes de cuerpos de seguridad aseguran haber destruido cultivos de droga en el territorio nacional, pero en pocas cantidades.
Entrevistados de la región de Perijá cuentan que algunos pobladores se dedican a trabajar la hoja de coca o raspar coca, por lo general, en territorio colombiano, una actividad que es fácil distinguir porque causa una alergia que brota la piel de los brazos. Otras fuentes no saben decir si hay siembras en territorio venezolano o cuál es la nacionalidad de los jefes del ilícito.
Afirman que en el Lago de Maracaibo las embarcaciones con drogas son “naves con potencia” y que hay dos rutas de drogas: por la Guajira y el Sur del Lago, a través de Río Tarra.
El impacto del tráfico de drogas se ha profundizado porque la desinstitucionalización está consolidada, y solo existe un “precario equilibrio” entre algunas autoridades recién electas y quienes realmente tienen el control del territorio: los militares y la guerrilla, que actúan en simbiosis, según versiones recogidas entre los pobladores.
Las personas consultadas también coinciden en que en la región hay presencia de carteles mexicanos, particularmente el Cartel de Sinaloa. “Hasta hay un pueblo que se llama así, Sinaloa”, apuntan. Está ubicado en la parte más despoblada del Lago de Maracaibo, en la parroquia Bartolomé de las Casas, en Perijá. “El pueblo se llama San Felipe, pero le dicen Sinaloa y se dice que allí hay presencia de mexicanos”, añadió un entrevistado.
Uno de los legisladores entrevistados sostuvo que esta organización entró porque narcotraficantes ya establecidos- como el llamado Cartel de Los Soles- buscaban mejorar su estructura a partir de la experiencia de los recién llegados, pero “después hubo choques entre ellos”.
El Estado Sucre, un paraíso controlado por el narco y la trata
En el estado Sucre, ubicado al oriente de Venezuela, con salida al mar Caribe y gran cercanía a Trinidad y Tobago, el tráfico de drogas es la principal actividad ilegal, de acuerdo con las fuentes consultadas. Aun cuando en los últimos años la trata de personas se ha convertido en un grave problema en la entidad, los pobladores no dudan en afirmar que el narcotráfico es lo que mueve a las bandas criminales apostadas en la zona.
Sin embargo, pese a que muchos hablan fluidamente del repunte de casos de trata de personas, se resisten cuando se consulta sobre el tráfico de estupefacientes, principalmente por temor a represalias por parte de las redes involucradas. “Lo que pasa es que en la Península de Paria (al extremo norte del estado Sucre, donde se encuentra Güiria) desde hace varios años se institucionalizó la delincuencia organizada”, refirió una periodista que cubre temas de violencia en la zona.
Los locales aseguran que desde hace más de 15 años, organizaciones criminales tomaron el control de poblaciones enteras para dedicarse principalmente al tráfico de drogas que tienen como destino Norteamérica y países europeos. “En San Juan de Las Galdonas, Unare, Santa Isabel (todos en la Península de Paria) se mueve la droga pareja. Ahí no puede ir el que quiera, sino el que pueda. Todo, absolutamente todo, lo deciden los grupos criminales”, afirma un funcionario de un cuerpo de seguridad de Sucre que prefirió no ser identificado.
Un efectivo militar del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro que fue enviado a la zona hace más de cinco años coincide. Asegura que las organizaciones criminales tienen tanto poder por las alianzas que han sabido establecer con altos dirigentes políticos, así como con efectivos de cuerpos de seguridad y defensa. “A nosotros nos enviaron a San Juan de las Galdonas y la orden fue atacar a unas bandas, caerles a plomo, pero nos pidieron expresamente no meternos con otras. No entendíamos. De qué sirve que nos matemos con una banda si a la otra no le podemos hacer nada. Ahí entiendes qué es lo que pasa y por qué esos grupos tienen tanto poder”, dijo.
La dimensión del delito ha sido reconocida por el gobierno nacional. La Superintendencia Nacional Antidrogas señaló que, en 2021, Sucre ocupó el tercer lugar de incautación con más de 2.000 kilos de droga en 148 procedimientos y 208 detenidos.
Alrededor de la identificación de las bandas involucradas en narcotráfico que operan en la entidad hay más hermetismo. De la información recabada, de publicaciones en medios y del trabajo de campo realizado en el estado, se desprenden los nombres de el Tren del Llano, el Tren de Aragua y las guerrillas colombianas.
“El Tren de Aragua se vino a meter en la Troncal 9, la vía que atraviesa el estado hasta Güiria, tiene muchos negocios incluyendo el narcotráfico”, dijo una de las fuentes consultadas. No obstante, la participación de la megabanda venezolana en el tráfico de drogas no es suficientemente clara, según otros expertos consultados.
La tentación del oro, la destrucción del territorio y la indefensión de su gente
En el estado Bolívar, al sur de Venezuela y en frontera con Brasil también hay reportes de circulación de drogas procedentes de Colombia, pero varios entrevistados aseguran que gran parte de los estupefacientes que llegan a la entidad son para el consumo, principalmente de mineros, por lo duro que es el trabajo de extracción y procesamiento de oro.
“Sí hay tráfico de drogas, lo manejan las mismas organizaciones criminales que controlan el negocio del oro, pero muchas de esas drogas son vendidas a los propios mineros y molineros. La única forma de que esa gente trabaje en las condiciones en las que lo hacen es por el uso de drogas”, dijo una académica entrevistada en la entidad.
Las jornadas de trabajo a las que se someten los mineros y las condiciones en las que lo hacen resultan demasiado demandantes para cualquier persona sin importar su edad o capacidad física. Gran parte de la explotación de oro es aún artesanal y solo en algunos casos mecanizada. Hombres y mujeres que se dedican a esta actividad cumplen con jornadas que pueden llegar a superar las 72 horas continuas de trabajo con solo algunas paradas para cubrir necesidades básicas.
“Para aguantar tanto tiempo en esos huecos de 20, 30 o 40 metros de profundidad, sin ventilación y sin los equipos adecuados tienen que consumir drogas”, coincidió otra de las fuentes consultadas. Agregó que también lo hacen para no pensar y poder aguantar estar tanto tiempo alejados de sus hogares, pues muchos de los mineros que trabajan en las minas del estado Bolívar provienen de otras regiones de Venezuela.
Las personas entrevistadas aseguran que el microtráfico de las drogas está a cargo de las organizaciones conocidas como El sistema, grupos criminales que han logrado alzarse con el dominio de importantes yacimientos auríferos y además gobiernan sobre muchos de los productos ilegales que se mueven en la zona. La información sobre la identidad de estos agentes criminales y su ubicación se amplía en el siguiente punto de este informe.
Las corporaciones
criminales para
el contrabando de oro
La minería ilegal y el contrabando de oro en Venezuela son problemas que se remontan decenas de años atrás, con un grave impacto en el ejercicio de los derechos humanos, principalmente de las poblaciones que residen en la región Guayana, integrada por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Sin embargo, las dimensiones de estos delitos han alcanzado niveles superiores desde que, en el año 2011, el mandatario venezolano Hugo Chávez nacionalizó la industria del oro y, peor aún, desde que en 2016 se creó el denominado Arco Minero del Orinoco.
Aunque las leyes venezolanas establecen que las actividades de exploración, explotación y comercialización del oro solo pueden ser ejercidas o aprobadas por organismos públicos, empresas mixtas o alianzas estratégicas, investigaciones nacionales e internacionales, denuncian que una parte importante de la producción aurífera nacional es el resultado de actividades ilícitas con fines de contrabando.
Por tratarse de delitos de carácter trasnacional, distintas operaciones de contrabando de oro venezolano han terminado siendo investigadas por policías y fiscalías de terceros países. De acuerdo con el registro de casos de Transparencia Venezuela, solo entre 2019 y 2021 países como Reino Unido, Brasil, República Dominicana y Estados Unidos han abierto investigaciones por presunto tráfico ilícito de oro venezolano o de sustancias asociadas a la explotación ilegal del mineral, como el mercurio.
Del análisis de las causas por contrabando de oro es posible corroborar la participación de diferentes tipos de agentes que integran las redes delictivas, entre ellos, organizaciones criminales trasnacionales, muchas de las cuales están vinculadas a su vez con el tráfico de drogas; funcionarios públicos de varios países que ayudan a falsificar documentos para borrar el verdadero origen del oro; cuerpos de seguridad y defensa que cobran sobornos para dejar transitar los cargamentos; así como empresas formales que facilitan el lavado del dinero ilícito. Algunos de estos casos se recogen aquí:
Un grupo de actores claves, dentro de la explotación ilegal y el contrabando de oro desde Venezuela, es el integrado por las bandas criminales que controlan los yacimientos mineros en la región Guayana. Son organizaciones muy bien armadas que han logrado surgir, consolidarse y mover sus mercancías en esas poblaciones hacia el exterior, gracias al respaldo de efectivos de cuerpos de seguridad, militares y funcionarios del gobierno local, regional y nacional, según diferentes reportes recogidos por Transparencia Venezuela. Sin embargo, esta situación ha estado cambiando desde finales de 2022.
Después de muchos años de enfrentamientos para conseguir el dominio de importantes yacimientos auríferos en el estado Bolívar, la mayoría de las bandas criminales, conocidas como El Sistema, lograron llegar a una suerte de acuerdo entre ellas que les permitía desarrollar sus actividades ilegales sin mayor resistencia. Extorsión en el contexto minero, tráfico de drogas, combustible, armas y municiones, entre otros delitos.
A inicios de 2022, la consolidación y poderío de estas organizaciones era tal que en los pueblos mineros del estado Bolívar, por ejemplo, podían recitar fácilmente los nombres de sus líderes. “Ronny Matón” es el jefe del Tren de Guayana, con presencia en los municipios Caroní, Roscio y El Callao; “El Totó”, con control en minas de El Callao; “El Run”, a la cabeza de la Organización R, dominante en Tumeremo y con presencia en El Callao; El “Negro Fabio”, líder criminal de El Dorado; “Juancho” y su equipo, con poder sobre Las Claritas y el Km 88. Además de integrantes del Tren de Aragua, que llegaron a la entidad.
Asimismo, además de los integrantes de El Sistema, en minas al noroeste del estado Bolívar y en yacimientos ilegales del Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas, también se advertía de la presencia de integrantes del Ejército de Liberación Nacional y de otros grupos presuntamente guerrilleros que no estaban identificados plenamente.
Pero a propósito de los operativos militares desplegados, desde finales de 2022, en la región Guayana han ocurrido algunos cambios en la conformación y poderío de los agentes criminales de estas zonas. Las operaciones Autana en el estado Amazonas, Roraima en Bolívar y Wara en Delta Amacuro lideradas y promocionadas por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), general en jefe Domingo Hernández Lárez, han incrementado la presencia militar en la región y han replegado a algunos grupos irregulares.
Según Hernández Lárez, el desarrollo de operativos en la región Guayana tiene como propósito el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. Solo entre octubre y diciembre de 2022, el general anunció la detención de más de 40 personas presuntamente vinculadas a las organizaciones criminales Tren de Guayana, Organización R o 3R, Motor Guayana y UMB 30. Además, a inicios de 2023, Hernández Lárez siguió informando sobre la detención de integrantes de los Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos) y publicó fotos con prendas de ropa alusivas a las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, segunda Marquetalia.
Estas operaciones, que han sido catalogadas como la “invasión militar”, por parte de los pobladores de las zonas mineras, han tenido un efecto sobre ciertas organizaciones delictivas, según los testimonios recabados. “Al menos cuando inició, a finales de 2022, fueron de frente contra los integrantes de la Organización R o 3R en Tumeremo. Por un tiempo dejó de escucharse información sobre este grupo, aunque es muy difícil saber si realmente acabaron con él. Sin embargo, con las otras bandas no se han comportado igual. Hay quien dice que los líderes de esas organizaciones están fuera del país, se han replegado”, afirmó un investigador del estado Bolívar que hace seguimiento a las actuaciones de los cuerpos de seguridad.
En los mensajes publicados por el general Hernández Lárez no se ha hecho mención a los integrantes de todas las bandas criminales identificadas por las poblaciones mineras y ampliamente investigadas por organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Hasta el primer semestre de 2023, el efectivo no se había referido a organizaciones como las del Negro Fabio, con gran poder en El Dorado y solo había hecho menciones puntuales a la banda de Juancho, con presencia en el Km 88.
Un recorrido por las poblaciones mineras en el estado Bolívar, en junio de 2023, permitió corroborar que, aun cuando ya no hay tanta presencia de efectivos de seguridad y defensa como al inicio de la operación Roraima a finales de 2022, sí es posible identificar mayor presencia instalada de cuerpos de seguridad que en años anteriores.
Por la troncal 10, la vía que atraviesa los pueblos mineros del estado Bolívar y que llega hasta la frontera con Brasil, circulan constantemente transportes militares blindados identificados con las siglas del GPAMO, el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco, una nueva unidad militar que se creó en 2022 y que está adscrita al Ceofanb. De hecho, entre las poblaciones de Upata y Guasipati, el GPAMO tiene uno de sus centros de operaciones en los que se suele ver a militares entrenando.
Igualmente, al interior de poblaciones mineras como El Callao hay estructuras formales de asentamiento militar, que indica una mayor presencia de cuerpos de seguridad como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). En las cercanías de la zona El Perú, una de las más peligrosas y con gran presencia de minas y molinos, es fácil identificar estructuras con el logo de la Dgcim y del #TeamEspartano, una iniciativa impulsada por el teniente coronel Alexander Granko Arteaga, que usa para patrocinar actividades deportivas de distintas disciplinas.
La mayor presencia de los cuerpos de seguridad en la zona refuerza el control del gobierno nacional en el negocio del oro en el que se ha incrementado el establecimiento de alianzas estratégicas con personas cercanas, como se desarrollará en una próxima entrega de Economías ilícitas bajo el manto de la impunidad.
Los agentes que
participan en el
contrabando de gasolina
El subsidio a la gasolina, que durante décadas ha mantenido el gobierno venezolano, representa un gran incentivo para las actividades ilegales de diversas organizaciones criminales nacionales e internacionales. Estos grupos han armado diferentes estructuras necesarias para extraer la gasolina del territorio venezolano, venderla a ciudadanos comunes de otros países a precios muy por encima del monto al que la adquirieron o usarla para el mantenimiento de otras economías ilícitas, como la producción de drogas o la minería ilegal de oro.
Aun cuando la grave escasez de combustible que se registró en Venezuela a inicios de 2020 y el consecuente ajuste de precios realizado por el gobierno nacional hicieron que, por momentos, se revirtiera el contrabando de combustible, desde países como Colombia a Venezuela. El mantenimiento de un sistema de taifas diferenciadas en el territorio nacional, con una gasolina dolarizada y una subsidiada, así como el alza de los precios del combustible en países vecinos hace que aun sea atractivo el contrabando de la gasolina venezolana.
Asimismo, en el país se sigue registrando un desvió de combustible hacia el mercado negro, que se hace más evidente aún en los estados fronterizos como Zulia, Bolívar o Sucre. En el trabajo de campo realizado en estas entidades, Transparencia Venezuela pudo comprobar que aun en las estaciones de servicios formales de las ciudades se siguen registrando grandes filas de vehículos para cargar gasolina, mientras que al acercase a las fronteras de esos estados es posible conseguir vendedores informales que pueden llegar a cobrar hasta el doble o el triple por un litro de combustible.
Aunque son diversos los agentes que participan en este ilícito, una constante es la complicidad que existe entre grupos meramente criminales nacionales o extranjeros con funcionarios de Petróleos de Venezuela, Pdvsa, la principal empresa petrolera estatal; militares venezolanos con responsabilidad en la custodia de estaciones de servicio o puestos fronterizos; cuerpos de seguridad de los países de destino, entre otros.
Las denuncias sobre la participación de funcionarios en las redes de contrabando de combustible han sido admitidas por las mismas autoridades del gobierno nacional. Muestra de esto son las declaraciones que el exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, dio a inicios de 2022.
El funcionario informó en su cuenta oficial de Twitter que el fiscal superior de Delta Amacuro, Jorge Peña, fue aprehendido por las autoridades por su presunta vinculación con una red de traficantes de gasolina que conecta a los estados Anzoátegui, Bolívar y Delta Amacuro.
Peña era el cómplice de una red delincuencial para desviar la gasolina, según detalló El Aissami. Por este hecho también fue detenido un trabajador de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) identificado como Juan García Barragán.
Poco tiempo antes, había sido detenido Manoel Gil Da Silva, un fiscal superior del estado Bolívar, quien junto al alcalde del municipio Independencia de Anzoátegui, Carlos Vidal, lideraban una red delictiva que traficaba gasolina para favorecer a grupos mineros del sur de Venezuela, según el Ministerio Público.
Pese a que, a inicio de 2022, tanto el Ministerio de Petróleo como la Fiscalía venezolana promocionaron mucho la lucha contra el tráfico ilegal de combustible, durante 2023 el tema se dispersó del discurso de ambos entes.
A nivel internacional también hay más pistas sobre el tipo de agentes que participan y han participado en el contrabando de gasolina desde Venezuela. En octubre de 2017, la Policía Federal de Roraima inició un operativo llamado Operación “Bachaquero”, en referencia al término usado por el gobierno venezolano para referirse a contrabandistas.
La operación permitió desarticular una banda dedicada al contrabando de combustible desde Venezuela, que contaba con la ayuda de, al menos, cuatro funcionarios públicos brasileños.
Según la Policía Federal, el grupo actuaba de manera conjunta para comprar combustible barato en Santa Elena de Uairén, Venezuela, y revenderlo en Roraima, Brasil. Presuntamente, movían mínimo USD 315.000 al mes, en reales brasileños.
De acuerdo con las declaraciones oficiales, los funcionarios investigados, entre los que había tres policías militares, hacían acuerdos con los contrabandistas para facilitar el cruce de combustible en la frontera.
Para facilitar el transporte del combustible entre Boa Vista y Santa Elena, los contrabandistas utilizaban almacenes en comunidades indígenas y en la región selvática. En Boa Vista, los principales compradores de este combustible ilegal eran, según la Policía Federal, taxistas convencionales, conductores de autobús y mineros.
El temor a represalias que sienten algunas fuentes y la ausencia de suficientes evidencias hacen que sea difícil precisar los nombres de los funcionarios y militares, presuntamente, involucrados en el desvío de combustible en regiones de Zulia. No obstante, las personas entrevistadas insisten en que entre 2022 y lo que va de 2023, incluso en los momentos de mayor escasez en las estaciones de servicio formales no se han dejado de reportar casos de contrabando.
“Los militares a veces “baipasean” las gandolas y las mandan para otro lado. También hay unos indígenas que traen gasoil”, señaló un habitante del municipio Semprún, en Zulia. La fuente sostiene que las mafias venden las gandolas- que transportan hasta 40.000 litros de combustible- a 0,80 dólares el litro, mientras el máximo precio permitido formalmente es de 0,50 dólares. “Uno ve la pipa, el tonel, la gente echando y sacando de la gandola. Eso ya es natural”, agregó.
Sobre la participación de los indígenas, otro de los entrevistados afirmó que los Yukpas tienen un acuerdo con los militares. “En la estación de servicio del km 19 le tienen que dar una gandola de gasolina. Y en la que está al lado del aeropuerto tienen que darle 6.000 litros cada vez que llegan, para ellos revenderlas en la vía”.
El beneficio a los indígenas sería una orden de la Guardia Nacional Bolivariana, porque los Yukpas “tienen su propia ley y Maduro los apoya. Esos son como unos equipos de choque que ellos tienen. Los primeros pobladores indígenas. Tienen una tajada del negocio ilícito. Ellos revenden esa gasolina, a la luz pública”, apuntó.
En el estado Sucre los señalamientos son similares. Aunque los habitantes de la entidad aseguran que su región es una de las menos favorecidas con el despacho de combustible, también reportan que diferentes cuerpos de seguridad del Estado facilitan el desvío de las estaciones formales.
“Aquí la gasolina llega desde el estado Anzoátegui y es muy poca. Como siempre hay escasez, a las personas que logran tener acceso a la gasolina les resulta un negocio venderla en 1, 2 y hasta 3 dólares por litro. Hasta los efectivos policiales que tienen privilegios para cargar gasolina luego la venden a través de terceros”, afirmó una representante de una organización de la sociedad civil en Cumaná.
Otra de las personas consultadas coincidió en que los efectivos que integran el Ven 911 (un sistema de respuesta inmediata conformado por policías y militares), han estado vinculados con la venta de gasolina en el mercado negro. “Tienen prioridad para cargar gasolina. Ponen cuando quieren y la cantidad que desean. Luego la sacan y la venden”, dijo.
En el estado Bolívar la gasolina se vuelve aun más codiciada por el uso que se le da en las actividades de explotación de minerales. Las plantas eléctricas, los martillos hidráulicos, las trituradoras y los molinos que se usan para extraer y recuperar el oro funcionan con gasolina o diésel.
Mientras más cerca se está de la frontera con Brasil es más fácil identificar a vendedores ambulantes de gasolina que ofrecen en producto en botellas de refrescos o de jugos. Pero, fuentes consultadas en la entidad aseguraron que por muchos años el negocio ha sido enviar gandolas con combustible directamente hacia las zonas mineras.
Estas actividades solo han sido posibles gracias al apoyo de militares que estarían involucrados en actividades ilegales vinculadas a la explotación minera, así como a las referidas bandas criminales o El sistema. Específicamente, se ha vinculado a la banda de El Juancho con el contrabando de gasolina. No obstante, desde 2020 esta situación también ha ido cambiando.
En los últimos años la Corporación Venezolana de Minería (CVM) ha logrado tener un mayor control sobre los insumos que llegan a las poblaciones mineras, de acuerdo con los testimonios recabados en la zona. Aunque hay gran opacidad alrededor de las actividades de este ente, el aumento de su presencia en la zona, así como el del Gpamo, han estado cambiando la forma en la que se configuran las actividades ilegales.
