El diputado Pedro Carreño (PSUV-Delta Amacuro) se negó este miércoles 24 de febrero a presentar el informe de su gestión como presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional entre 2012 y 2015, ante los nuevos integrantes de esta instancia parlamentaria.
Carreño se rehusó a exponer su balance al considerar que la actual Comisión de Contraloría se está utilizando para “darle patente de corso a organismos internacionales dedicados a la extorsión”. Esta acusación fue la respuesta del parlamentario chavista al derecho de palabra que en la sesión del miércoles 17 de febrero ejerció el legislador Julio Montoya (PJ-Apure), mediante el cual solicitó reabrir el caso del Banco de Andorra.
Montoya señaló a unaserie de exfuncionarios venezolanos por presuntamente haber participado en una red de corrupción y lavado de dinero en el Banco de Andorra, que manejó más de 4,2 mil millones de dólares. En particular, el representante mencionó los siguientes nombres:
• Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica y expresidente de Cadafe.
• Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Energético y expresidente de la Electricidad de Caracas.
• Carlos Luis Aguilera, exdirector de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), exdirector de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la República, exsecretario de la Presidencia, exviceministro de Gestión Comunicacional, exviceministro de Gestión Administrativa y expresidente de la Fundación Pueblo Soberano.
• Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez.
• Alcides Rondón, exviceministro de Interior y Seguridad Ciudadana.
Carreño rechazó la denuncia de Montoya, a quien acusó de formar parte de una “red de extorsión”. Comparó a su colega opositor con el exmagistrado Eladio Aponte Aponte y el exministro Rafael Isea, quienes habrían ofrecido información sobre presuntas irregularidades al Gobierno de Estados Unidos a cambio de protección.
El asambleísta del Polo Patriótico opinó que, por el hecho de escuchar al dirigente de Primero Justicia y retomar el caso del Banco de Andorra, la mayoría de la Comisión de Contraloría está “inhabilitada ética, moral y políticamente”. Igualmente, cuestionó el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, impulsado por la Unidad Democrática, pues a su juicio beneficiará a personas incursas en hechos de corrupción.
El diputado Guillermo Luces (VP-Aragua) criticó a Carreño y aseguró que su negativa viola el artículo 197 de la Constitución, que obliga a los parlamentarios a rendir “cuenta anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas”.
Luces agregó que el oficialista también está vulnerando el artículo 49 del Reglamento Interior y de Debates de la AN, que reza: “Al final de cada período anual de sesiones ordinarias, las comisiones permanentes están obligadas a presentar cuenta de su actividad y a evaluar públicamente el trabajo realizado durante el año, con participación de ciudadanos, ciudadanas y organizaciones de la sociedad que hayan contribuido al desarrollo del mismo. En esa oportunidad se propondrá, además, el programa de trabajo del próximo período de sesiones”.