La desinformación, aliada de las economías ilícitas

Transparencia Venezuela, 21 de agosto de 2023.  Silencio, mentiras y medias verdades han sido los recursos discursivos más utilizados por el gobierno para mantener la opacidad que ha caracterizado el manejo de los asuntos públicos, durante las dos últimas décadas. Esta política comunicacional le ha permitido manipular a las audiencias y crear escenarios distintos a la realidad que vive la mayoría del país, tal como se ha evidenciado en recientes estudios de Transparencia Venezuela.

La desinformación, aliada de las economías ilícitas, cuarto informe de Economías ilícitas bajo el manto de la impunidad, investigación que analiza las redes criminales que operan en el país y sus vínculos con actores del poder, hace un inventario de las decisiones, acciones y omisiones del gobierno, durante los últimos tres años, en torno a actividades como narcotráfico, extracción ilegal de oro, contrabando de combustible y esclavitud moderna.

De acuerdo con el informe, el Gobierno venezolano utiliza las diferentes formas de desinformación como instrumentos de manipulación política, y para tratar de crear matrices de opinión favorables a su gestión, incluyendo la victimización, según se desprende de un monitoreo hecho a distintos portales informativos, páginas web de organismos del Estado, de organizaciones no gubernamentales y declaraciones de funcionarios de gobierno.

Para ello se vale de la hegemonía comunicacional implantada de forma progresiva con el cierre o bloqueo de medios independientes y de la creación de una red de medios oficiales o pro gobierno, lo que le da a quienes detentan el poder una evidente ventaja con respecto a cualquier otro emisor de mensajes. También se apoya en estrategias discursivas impulsadas por las autoridades sobre un supuesto combate contra los ilícitos –con detenidos y acusados- que nunca llega a las altas esferas del poder involucradas en ellos.

Los resultados del seguimiento realizado por la organización revelan que el gobierno sólo actúa, o parece actuar, en casos públicos y notorios, e informa muy poco sobre el desarrollo de investigaciones, tal como se evidenció recientemente con el escándalo de la trama Pdvsa-Cripto, que según estimaciones de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica supone una pérdida de alrededor de USD 16.600 millones, dos veces el presupuesto nacional de 2023.

Del dicho al hecho

La desinformación, aliada de las economías ilícitas muestra cómo el gobierno venezolano utiliza la omisión, el silencio administrativo y comunicacional, o se vale de estrategias discursivas que reflejan situaciones sesgadas, manipuladas o medias verdades que no corresponden con la realidad. Además, su permisividad o complicidad, ante graves hechos de corrupción, han puesto al país en la mira de organismos internacionales, por ser parte o no atender casos de violaciones de derechos humanos.

El informe refiere que durante 2021 y 2022 algunas circunstancias le permitieron al poder esquivar verdades, como las medidas adoptadas a propósito de la pandemia de Covid-19, o la ligera recuperación económica observada a partir del último trimestre de 2021, con el famoso slogan “Venezuela se arregló”, han sido aprovechadas comunicacionalmente para desviar la atención de situaciones y hechos de interés nacional que afectan la vida de los ciudadanos.

Según el reporte, la explotación y la comercialización del oro siguen siendo los secretos mejor guardados por el Ejecutivo. No obstante, muchas de las irregularidades y las redes criminales que rodean la actividad minera, en especial en la zona que abarca el Arco Minero del Orinoco, han salido a la luz pública gracias a las denuncias de la sociedad civil y las comunidades afectadas.

Lo mismo ocurre con ilícitos como el tráfico de drogas y el contrabando de gasolina, sobre los cuales voceros del gobierno hacen anuncios de detenciones o desmantelamiento de redes, pero no apuntan a los cabecillas de las bandas, con lo que desvían la atención de los verdaderos responsables. La manipulación del discurso oficial es evidente cuando se trata de tráfico de drogas y terroristas, señala el informe, que ahonda en declaraciones de jerarcas del gobierno que antes de la llegada de Gustavo Petro al poder adosaban el problema a Colombia.

Las contradicciones comunicacionales del gobierno también están presentes en el manejo informativo del comercio ilícito de gasolina y la distribución de combustible en el país. En tanto que es poco lo que se conoce de los casos de trata de personas, una de las formas de esclavitud moderna, que se incrementó a raíz de la crisis migratoria y de la pandemia.

El informe advierte que el tráfico sexual se ha convertido en un lucrativo negocio, y que las autoridades se limitan a dar la información que resulta de los operativos que efectúan, una vez se han hecho públicos los casos, pero omiten señalar las razones que llevan a una parte de la población a aceptar propuestas –muchas veces bajo engaño- que terminan vulnerando sus derechos humanos.

Otro ilícito que cobró fuerza en el país desde los tiempos de pandemia fue la extorsión, que según La desinformación, aliada de las economías ilícitas sigue encubierto en la retórica oficial. En este espectro entran las actuaciones arbitrarias de policías y militares, que han ganado visibilidad gracias a las denuncias de periodistas y ciudadanos que graban los procedimientos irregulares para darlos a conocer.

El informe concluye que el seguimiento y validación de la veracidad, oportunidad y credibilidad de la información relacionada con los ilícitos, es la primera condición no solo para el diseño e implementación de políticas y procedimientos para atacar las irregularidades, sino para la acción preventiva y protección de los ciudadanos, ante el aumento continuo de las economías ilícitas y las organizaciones criminales que las dirigen.

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