Alrededor de 21% de la población no tiene acceso a información local
De acuerdo con el balance de la ONG Espacio Público, durante el primer trimestre de 2023 se mantuvo el patrón restrictivo, de falta de transparencia y opacidad que han caracterizado a las instituciones públicas en los últimos años, en tanto que Ipys-Venezuela denunció que más de 7 millones de personas viven en estos espacios vacíos de información
Transparencia Venezuela, 28 de septiembre de 2023. El acceso a la información pública se refiere a la libertad de los ciudadanos de buscar, solicitar, acceder, recibir, utilizar, reutilizar y difundir información sobre temas de interés colectivo vinculados con la actividad del Estado. Sin embargo, la falta de políticas públicas de transparencia, gobierno abierto, rendición de cuentas y acceso a la información, así como la opacidad institucional que han caracterizado la gestión pública en Venezuela durante las décadas recientes, menoscaban el ejercicio de este y otros derechos de la sociedad venezolana.
Si bien la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es un hecho que en lugar de regular específicamente el acceso a la información pública, garantizando a los ciudadanos la posibilidad de dirigir peticiones de información a todos los entes de la administración pública y obtener de éstos respuesta oportuna y adecuada en los lapsos contemplados por la Constitución y las leyes, este instrumento normativo se ha convertido en una herramienta más para garantizar el secretismo que impera en las instituciones del Estado.
Transparencia Venezuela ha advertido que dicha ley, lejos de asegurar el cumplimiento del ejercicio de este derecho humano, lo limita y, además, parte de conceptos contrarios a la Constitución venezolana y a los estándares internacionales y tratados de los cuales es signatario el Estado, por lo que estaría condenada a su inaplicación.
No obstante, en la práctica deja por fuera la transparencia y no establece como obligación que los entes y órganos públicos deban ir incorporando cada vez más información en formatos permanentes de libre acceso, para garantizar que esté disponible sin necesidad de recibir solicitudes de información. Tampoco establece los datos mínimos que deben ser difundidos por portales institucionales.
En su balance sobre la situación general del acceso a la información entre enero y junio de 2023, la ONG Espacio Público estableció que en Venezuela se mantuvo el patrón restrictivo y sistemático de opacidad por parte de las instituciones públicas del Estado. Según la organización, el patrón en torno a las solicitudes de la sociedad civil, a los organismos gubernamentales sobre temas esenciales para los ciudadanos, sigue siendo el silencio administrativo.
En oídos sordos
De acuerdo con los hallazgos de Espacio Público, el Estado “ignora la obligación constitucional que tiene de compartir información de manera accesible, comprensible y eficaz, siendo un mecanismo de rendición de cuentas y una manera de generar una cultura de transparencia, necesaria para el desarrollo de sociedades democráticas”.
El Derecho al Acceso a la Información Pública, también llamado “Derecho a Saber”, es uno de los pilares del modelo de Gobierno Abierto que impulsa Transparencia Venezuela. Al respecto, la organización no solo se ha encargado de ofrecer capacitación a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para ejercer de forma adecuada este derecho, sino que ha sido una de las herramientas a las que ha recurrido para intentar que el Estado rinda cuentas sobre casos o hechos de corrupción que vulneran los derechos de los ciudadanos.
En mayo de este año, Transparencia Venezuela dirigió una exigencia de información al Ministerio Público a propósito del escándalo de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto, que se develó en marzo con la detención de empresarios, funcionarios públicos y particulares asociados a esta trama que desfalcó más USD 16.000 millones, según cálculos de la organización.
En ese momento, se formularon 12 interrogantes al titular de ese despacho, Tarek William Saab, en cuánto al estatus de las investigaciones y las acciones adelantadas por el Fiscal General en torno al caso que conmocionó a los venezolanos. Transcurridos más de cuatro meses de que se consignó la solicitud, el Ministerio Público no se ha pronunciado.
La misma suerte corrió la docena de peticiones realizadas en lo que va de año por los coordinadores regionales de Transparencia Venezuela y organizaciones de la sociedad civil de al menos ocho estados del país. Entre ellas está la solicitud dirigida en febrero a la Fiscalía con Competencias Ambientales del estado Mérida con respecto a las denuncias de intervenciones ilegales en el Parque Sierra Nevada. Aunque según la ley, desde el momento en que se consignó el documento, la Fiscalía tenía 20 días para responder, luego de siete meses el caso sigue engavetado.
Sequía informativa
Otro aspecto del derecho al acceso a la información o a saber, es el que tiene que ver con la posibilidad de que los ciudadanos puedan expresarse, manifestar sus demandas y obtener datos emanados por los órganos de gobierno a través de sus portales o de los medios de comunicación. En este ámbito también imperan las restricciones, la censura y el silencio oficial.
De acuerdo con el informe anual del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys-Venezuela), más de 7 millones de personas en el país, el equivalente a 21% de la población actual, viven en un “desierto informativo”, pues en al menos 133 localidades la ciudadanía no tiene acceso a la información.
La organización destacó que, pese a los avances en nuevas tecnologías de la comunicación, gran parte de la ciudadanía queda excluida de estos adelantos y, por ende, sin acceso a noticias relacionadas incluso con su propia comunidad. A esto se suman el cierre masivo de emisoras de radio, que arreció en 2022, y el bloqueo a medios digitales, que en 2022 ascendió a 261 portales.
En este contexto, y en el marco del Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información o del Derecho a Saber, Transparencia Venezuela reitera su llamado a que se cumplan las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes, así como en el marco normativo internacional, que garantizan el ejercicio pleno de este derecho a los venezolanos.
De igual modo, la organización reafirma su compromiso con la promoción de los principios de transparencia, rendición de cuentas y datos abiertos como pilares del modelo de Gobierno Abierto, herramienta fundamental para combatir la corrupción y asegurar la participación ciudadana en la formulación, ejecución y monitoreo de la gestión pública.a