30 de julio de 2021. El desplazamiento masivo de venezolanos hacia otros países, en condiciones precarias, conjuga factores que atentan contra la integridad y, en general, contra los derechos humanos. Más de 5 millones de personas han abandonado el país para escapar de la crisis económica y política, y de la devastadora Emergencia Humanitaria Compleja generada por la corrupción, agravada luego por la pandemia de COVID-19. Las restricciones al libre tránsito en la ruta migratoria impuestas por los gobiernos de la región para frenar los contagios, han dejado a la diáspora venezolana expuesta a nuevos riesgos de corrupción. 

Esta realidad ha sido retratada por Transparencia Venezuela en el estudio Corrupción y migración en contexto de la COVID-19, cuando las condiciones de vulnerabilidad se agudizan por las restricciones de la emergencia. La investigación revela un alarmante incremento en el registro de casos de trata de personas, hechos de violencia a manos de grupos irregulares o del crimen organizado, que operan en las zonas fronteriza; a los que se suman actos irregulares que se generan en la interacción de estos factores. 

De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes Venezolanos RV4, hasta julio de 2021, al menos, 5.649.714 personas, de nacionalidad venezolana, entre migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, habían sido reportadas por los gobiernos de los países de acogida. Esto sin tomar en cuenta a quienes no tienen un estatus migratorio regular, por lo que la cifra puede ser más alta. Sin embargo, la diáspora está catalogada como el segundo mayor desplazamiento humano del mundo y el más grande de América Latina.

El éxodo es un proceso inédito para Venezuela, país de escasa tradición en migraciones como las registradas en los últimos años. La mayoría de los ciudadanos que aún permanece en el país está en un espiral de carencias que violentan las más elementales garantías. Quienes optaron por el exilio también se someten a riesgos enormes, propios de la migración forzada, que se recrudecen en medio de la pandemia.

El abuso, la explotación y otras irregularidades a las que están expuestos los venezolanos en la ruta migratoria tienen un impacto diferenciado en las mujeres. De allí que en el análisis de las distintas formas de la corrupción que, directa e indirectamente, afectan a la diáspora, hace énfasis en la población femenina en situación irregular y de vulnerabilidad, la cual es sometida a mayores peligros en un marco de restricciones sin precedentes. El estudio toma en cuenta su condición migratoria, es decir, si se encontraban migrando, retornando al país o si formaban parte de la población de migrantes pendulares.

De acuerdo con los hallazgos del informe, las mujeres necesitan atención inmediata y especializada ante estos riesgos de corrupción, ya que no solo se detectó la presencia de explotación sexual, sino también de formas de violencia atroz como trata de personas, abuso sexual y tráfico humano. 

Los hallazgos de la investigación también revelan que además de la debilidad institucional, los riesgos de corrupción involucran la existencia de una gran necesidad (de un beneficio que legítimamente nos corresponde como ciudadanos) que se une a una profunda escasez, o a las limitaciones estructurales las instituciones (como falta de personal, de recursos o de equipos) que limitan el derecho de la ciudadanía a un documento, permiso o servicio.

La población migrante venezolana, que utiliza como principal ruta la frontera con Colombia, para buscar oportunidades en países de América del Sur, es uno de los grupos más vulnerables no solo por estas circunstancias sino porque se trata de personas, en su mayoría, en pobreza extrema.

El informe analiza los riesgos de corrupción a los que se sometieron las personas migrantes venezolanas al inicio de la crisis por la COVID-19, cuando se registró el retorno masivo por las circunstancias adversas en los países receptores, entre marzo y octubre de 2020; así como los peligros típicos a los que se expusieron centenares de personas con el éxodo iniciado desde 2015. De igual modo, para delinear el impacto en el lapso comprendido entre marzo de 2020 y junio de 2021, además de la investigación de campo, se realizó el análisis de la data obtenida a partir de encuestas dirigidas a personas de la población migrante, activistas, defensores de derechos humanos nacionales y extranjeros; gremios profesionales y empresariales.  

La investigación tuvo el aporte de unas 20 organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de ellas enfocadas en el trabajo en la frontera entre Colombia y Venezuela, entre ellas una ubicada en territorio fronterizo, específicamente en Cúcuta, en el Norte de Santander. También se examinaron casos registrados por Transparencia Venezuela a través de la aplicación de denuncias Dilo Aquí; hechos recopilados en informes de las organizaciones y registrados por medios de comunicación independientes, así como algunos difundidos en redes sociales, entre el 15 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021; a lo que se sumó la revisión de documentación legal.

El análisis de la data permitió identificar, al menos, 12 hechos y situaciones de potencial corrupción, que representan la violación de garantías fundamentales de las personas que han sido víctima de estas circunstancias, y que van desde la exigencia de pagos irregulares (dinero o actos de naturaleza sexual); robos y extorsión; pasando por la exposición a tratos crueles, inhumanos y degradantes; hasta enfrentamientos armados, como los suscitados en marzo de 2021 en el estado Apure.

A partir de la evaluación de estos hallazgos, en este estudio se formulan recomendaciones para prevenir y minimizar los riesgos de corrupción que afectan a la población migrante venezolana, en particular la que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad, algunas de las cuales tienen que ver con afianzar el conocimiento de sus derechos.

En este contexto, urge instruir a las personas migrantes sobre los pasos necesarios para activar los mecanismos de protección, a quién acudir en búsqueda de resguardo y la importancia de la denuncia de este tipo de hechos. También es necesario promover campañas para que los organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil garanticen la protección de estas personas.

Desde el ámbito de los Estados, el estudio de Transparencia Venezuela reitera que el Estado venezolano, y la sociedad venezolana, con el apoyo de los gobiernos de los países cercanos a sus fronteras, debe poner atención a los riesgos de corrupción a los que se expone la población migrante, colocando el acento en el establecimiento de sistemas de denuncias fortalecidos y mecanismos de protección.  

Resulta alarmante que las organizaciones responsables de la atención de víctimas en la ruta migratoria, como la Cruz Roja Internacional o la agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), no cuenten con sistemas de recepción de denuncias sobre los abusos constantes y graves a los que se someten miles de personas que migran, especialmente en un escenario tan terrible como la pandemia. Esta situación llama a la acción inmediata.