Juan Francisco Alonso- “Como Pedro por su casa”. Así se pasea la impunidad por los terrenos de la capitalina urbanización Lebrún, cerca de Petare, adquiridos en 2005 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a un costo de más de 78 millones de bolívares (78 mil millones de los antiguos) para edificar allí la Ciudad Judicial de Caracas, un enorme complejo a donde serían mudados los casi 300 juzgados que hay en la capital.

Aunque la iniciativa le terminó costando en 2006 el cargo a su promotor, el exdiputado chavista devenido en magistrado, Luis Velásquez Alvaray, hasta el momento nadie ha sido enjuiciado por este hecho. Esto, a pesar de que el escándalo fue revelado por el entonces ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, quien acusó a Velásquez de convertir la compra “en una adjudicación directa de una obra de remodelación (…) con lo cual presumimos que se saltó lo estipulado en la Ley de Licitación”.

Haciendo memoria

Velázquez, tras ser elegido magistrado de la Sala Constitucional en diciembre de 2004 fue escogido por la mayoría de sus colegas del máximo juzgado como director Ejecutivo de la Magistratura (DEM), comenzó a impulsar el proyecto de las ciudades judiciales y contó con el respaldo del entonces presidente del TSJ, magistrado Omar Mora Díaz, y de sus demás colegas. Sólo la magistrada Blanca Rosa Mármol de León se opuso a la propuesta que implicaba desechar los palacios de Justicia que desde la década de los 90 se venían construyendo en el país, con el apoyo del Banco Mundial.

A las semanas de asumir las riendas del organismo que administra el 85% de los fondos del Poder Judicial, el entonces magistrado inició conversaciones con la Electricidad de Caracas para comprar un terreno de 16 mil metros cuadrados y un edificio de 7 pisos por 26,8 millones de bolívares y otro a Inversiones AZ2000, con 11.686 metros cuadros menos que el anterior y un edificio de 4 pisos, pero por un monto superior (50,1 millones).

A esta última empresa, creada el 3 de septiembre de 1999 por el panameño Edgar Azrak y la venezolana Maritza Charr Arslanian, con un capital de apenas un millón de bolívares de la época (mil actuales) para la “compra, venta, importación, exportación, distribución, almacenaje, representación y manufactura de artículos de vestir, vestido, calzado y sombrerías y telas y productos textiles en general, artículos de cuero”, en 2002 se incorporó Antonio Chambra, dueño de tiendas Traki; y en 2005 se hizo con la mayoría de las acciones José Luis Iglesias, dueño de Pepeganga.

Mes y medio antes de que se concretara la negociación con la DEM, AZ2000 cambia de razón social y a partir de allí su propósito será  “todo lo relacionado con inversiones inmobiliarias, compra, venta, administración, promoción, construcción, refacción y remodelación de inmuebles e inversión en empresas dedicadas a tal ramo”.

No obstante esto, Velázquez firma un contrato por más de 30 millones de bolívares para que esta empresa le venda no solo los terrenos y un edificio, sino para que lo acondicione. Estas irregularidades llegaron a manos del ministro Chacón, quien encabezaba una Comisión Ministerial contra la Corrupción; desde la que pidió al Consejo Moral Republicano iniciar el procedimiento para remover al magistrado.

En mayo de 2006 el entonces fiscal, Isaías Rodríguez; el contralor, Clodosbaldo Russián; y el defensor del pueblo, Germán Mundaraín, admitieron la petición y calificaron la “falta grave” del magistrado, quien dos meses después fue destituido por la misma Asamblea que lo nombró.

Aunque Velázquez siempre negó cualquier irregularidad, rechazó ir al Parlamento a defenderse y se limitó a enviar un documento y acto seguido de trasladó a Costa Rica, donde permanece refugiado. En 2010 negó a la prensa que estuviera incurso en los delitos de evasión de procesos licitatorios, concurso con contratistas y peculado que le imputa el Ministerio Público y atribuyó todo a una campaña en su contra urdida por Chacón y por el exvicepresidente José Vicente Rangel, quien, según él, ampararía una banda de jueces, fiscales y abogados corruptos que él dijo que combatió desde el TSJ.

“No tengo relación con ellos (con los empresarios Iglesias y Chambra) ni conozco a esos señores. No firmé ningún acuerdo. Apliqué una decisión de Sala Plena aprobada mayoritariamente. Yo lo que hice fue paralizarlo inmediatamente, porque se hicieron críticas (en referencia al proyecto). Mi actuación oportuna evitó un daño a la nación”, declaró.

En el olvido

Diez años después en los terrenos de Lebrún, no se ven hombres vestidos de toga y con maletines llenos de leyes y códigos ni tampoco policías ni personas ávidas de conseguir justicia por un asesinato, robo, para lograr un divorcio o para demandar una manutención para un hijo, pues allí no se levantó un solo juzgado. Por el contrario, hay un par de torres de la Misión Vivienda Venezuela que albergan a poco más de 200 familias, pues en 2012 la entonces presidenta del TSJ, magistrada Luisa Estella Morales, decidió ceder los terrenos al Gobierno, alegando que el Poder Judicial no los necesitaba.

La huida de Velázquez es la razón que desde el Ministerio Público dan para que la investigación permanezca paralizada y solo se haya reactivado parcialmente en 2011, cuando el exmagistrado fue detenido brevemente en Colombia, donde hizo una escala; y Venezuela intentó conseguir su extradición, lo cual no logró por su condición de refugiado.

Sin embargo, nadie más ha sido imputado por esta causa ni los empresarios señalados ni ningún exdirectivo de la DEM ni mucho menos ninguno de los magistrados que dieron luz verde al cuestionado proyecto, el cual desde el principio generó dudas en el máximo juzgado.