El manejo a discreción de los recursos de la renta petrolera, la poca rendición de cuentas, la concentración del poder y el filtro político en la toma de decisiones generó un caldo de cultivo que ha dado paso a altos niveles de corrupción en la administración pública venezolano lo que ha afectado el disfrute de los derechos, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.

Transparencia Venezuela presentó un informe inédito ante el Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas con motivo del examen del tercer informe periódico del Estado venezolano, donde hace un análisis de cómo los hechos de corrupción afectan directa o indirectamente al ciudadano, ya que el destino que debería dársele a los recursos del tesoro público no son utilizados en aras del beneficio colectivo, sino de beneficios individuales.

En el informe se evalúa el caso específico de las misiones sociales, creadas por el ex presidente de la República, Hugo Chávez en el año 2003, como consecuencia de una coyuntura política desfavorable que obligó al Gobierno a buscar afectos a través de programas sociales. Ya para el año 2015, el actual presidente, Nicolás Maduro, les dio rango legal a las misiones y las incluyó en el llamado plan de la patria.

A lo largo de todo este tiempo, los recursos destinados a estos programas provienen de la renta petrolera, y son inyectados en fondos paralelos manejados a discreción del Ejecutivo y con pocos niveles de transparencia.

“Con espacios evidentes de discrecionalidad y arbi­trariedad, la inversión a gran escala en Misiones y programas sociales, pueden llevar a la búsqueda de beneficios personales y/o políticos evidentes, que llamamos riesgos de corrupción. La falta de normas, sistemas y procedimientos y responsables que impi­dan, limiten y sancionen estos abusos se traduce en impunidad ante el incumplimiento y violación de de­rechos”, precisa el texto.

Asimismo, se evalúa como en Venezuela se cumple de forma destacada todos los elementos de la fórmula concentración de poder o monopolio, más discrecionalidad en el manejo de los recursos e impunidad. Toda esta situación genera que el país aparezca en los últimos diez lugares en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparency International, con 19 puntos sobre 100.

Todo este panorama favorece el hecho de que en Venezuela haya derechos no garantizados y esto se debe un poco a la carencia de redes políticas anticorrupción, alta discrecionalidad en las decisiones del Gobierno, falta de autonomía de los poderes, riesgo y casos de corrupción en algunos programas sociales lo ha que ha incidido en el aumento de la pobreza.

Frente a estas situaciones Transparencia Venezuela recomendó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, exhortar a Venezuela a implementar medidas que permitan cumplir con la autonomía de los poderes, entre ellas la elección de los magistrados del TSJ, del Contralor General de la República y del Defensor del Pueblo.  Cumplir las normas de ingreso mediante concurso y mérito a los funcionarios de la administración pública. Además también sugieren la aprobación de leyes que garanticen el derecho de acceso a la información, leyes de prevención de conflictos y leyes de protección al denunciante.