Transparencia Venezuela identificó que 1.700 órganos públicos incumplen las modalidades de selección y contratan con empresas no calificadas, adquieren bienes sin planificación, realizan pagos sin soportes y reportan significativos retrasos en la ejecución de obras, todo lo cual genera daño patrimonial a la Nación

Caracas 30 mayo 2017. De la Memoria y Cuenta del Servicio Nacional de Contrataciones se desprende que a 5.540 de las 7.757 empresas reportadas por 1.700 órganos y entes del sector público, se les adjudicó al menos una contratación sin estar inscritas en el Registro Nacional de Contratistas, lo que se reporta como un obstáculo para la consolidación de la programación y rendición de las compras del Estado.

En el informe se admite “De los 1.700 órganos y entes del sector público que reportaron la ejecución de compras durante el primer semestre, al 71% de las empresas contratadas se les adjudicó una o más contrataciones sin dar cumplimiento a las modalidades establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas”.

Además, refleja el informe oficial, que un alto porcentaje de los entes y órganos del Estado no informan su programación anual de compras ni rinden cuentas.

Si una empresa no se ha inscrito en el RNC, no está habilitada para ser contratada por el Estado venezolano porque no se genera la información necesaria y pertinente que sirve de soporte para la toma de decisiones en los procesos de las adquisiciones de bienes, prestación de servicios y ejecuciones de obras. Tal situación propicia la opacidad, desconfianza, corrupción y la negociación con proveedores ineficientes.

Asimismo, en los informes de gestión de la Contraloría General de la República de los últimos años, también se señalan deficiencias significativas en los procesos utilizados para realizar las adquisiciones de bienes, servicios y ejecución de obras. Los documentos de la CGR destacan el incumplimiento por parte de los órganos públicos de las modalidades de selección, fianzas insuficientes, pagos sin soporte, anticipos no recuperados, contratación con empresas no calificadas, adquisición de bienes no planificados o necesarios. También se indica que hay significativos y reiterados retrasos en la ejecución de obras, ausencia de controles, expedientes incompletos y daño patrimonial. Sin embargo, los señalamientos no han trascendido, no hay funcionarios sancionados, ni empresas penalizadas.

Transparencia Venezuela destaca que a pesar de las seis últimas reformas de la Ley que regula las contrataciones públicas en un período de 15 años y de la publicación del Reglamento de la Ley de Contrataciones y sus distintas resoluciones, las quejas en la materia son recurrentes y dan cuenta de la ineficiencia del Sistema Nacional de Contratista y de los órganos contratantes porque no satisfacen las necesidades de la sociedad, seleccionan de forma inadecuada a sus proveedores y generan cuantiosos daños patrimoniales a la Nación.

Transparencia Venezuela insiste en la necesidad de que el gasto del Estado en la contratación de bienes, servicios y obras se realice de forma eficiente y transparente y se disminuyan los índices de corrupción e impunidad, para que se logre recuperar la confianza de los ciudadanos e impulsar el desarrollo de la sociedad y de la economía del país.

El Estado venezolano, a través de su poder de compra y la suficiente preparación de sus funcionarios puede influir en el crecimiento sostenible y planificado del país, fomentando la producción y comercialización de los bienes y servicios más adecuados en términos sociales, ambientales y económicos.