“Rechazamos y condenamos la declaración del mayor general García Duque sobre el ataque del Ejército a una familia wayúu”. La vocería de Derechos Humanos de la Guajira respondió así la declaración del jefe de la REDI Occidente sobre el incidente ocurrido el miércoles en un puesto de control de Paraguachón, donde efectivos del Ejército dispararon contra un grupo que iba en tránsito hacia la ciudad colombiana de Maicao.
El mayor general Franklin García Duque, jefe de la Región Estratégica de la Defensa Integral (REDI) de Occidente, se había pronunciado tras conocerse la situación en la que dos personas resultaron heridas por una acción de efectivos del Ejército en el puesto de control de La 80, en San Rafael de Paraguachón, estado Zulia, a 2 km de la frontera con Colombia. García dijo que el hecho lo causó “un grupo de contrabandistas” que no atendió la voz de alto y por ello se ordenó disparar. El alto jefe militar aseguró sin embargo que el caso ya está siendo investigado.
“Las comunidades de la frontera lamentan mucho que el comandante García Duque tenga esa posición. ¿Dónde quedan entonces el derecho a la vida y las libertades del pueblo wayúu?”, dijo este viernes José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira.
Un grupo familiar wayúu que se proponía viajar en tres vehículos hasta Maicao fue detenido y sometido a extorsión por parte de un teniente de apellido Guevara, al mando de un pelotón de soldados apostados en esa alcabala. Unas 30 personas, entre adultos y niños que se dirigían a una celebración de cumpleaños, fueron obligadas a bajar de las camionetas. Los militares las requisaron y solicitaron Bs 5 mil para dejarlas pasar. Al negarse a pagar y subir de nuevo a los vehículos, el teniente ordenó a sus subordinados abrir fuego contra una de las camionetas. Alí Fernández, el conductor de 54 años, recibió un balazo en un pie y un menor de 4 años resultó lesionado en la cabeza.
Como reacción al incidente, grupos de pobladores de Paraguachón exigieron la salida inmediata de los militares de la zona. En asamblea de la comunidad, ocurrida en la misma noche de los hechos y con la presencia de la viceministra Indira Fernández, se decidió darle un plazo de 15 al gobierno nacional para la reapertura de la frontera.
“Exigimos la restitución del libre tránsito entre las dos naciones, la derogación del decreto de establecimiento del Distrito Militar No. 1 en la Guajira y que se haga una investigación completa de este incidente y de todos los casos de violación a los derechos humanos del pueblo wayúu”, resumió José David González.
Ayer jueves, representantes de los consejos comunales de la zona fronteriza y de organizaciones sociales de la Guajira venezolana sostuvieron una larga reunión con el comandante de la 13 Brigada de Infantería del Ejército, general Carlos Tang, para exponerle el reclamo por el incidente del que es responsable la unidad militar ubicada en el puesto de La 80. “No fue un enfrentamiento, como dice el jefe de la REDI. Fue un ataque de los soldados a toda una familia. Esos soldados estaban ebrios y drogados, como ya se determinó. Eso se lo probamos al general Tang”, manifestó González.
Los delegados wayúu mostraron al comandante de la base militar ubicada en Paraguaipoa las evidencias del ataque ordenado por el teniente Guevara.
“Esta clase de maltrato la viven todos los días el pueblo wayúu y el pueblo añú en la Guajira”, insistió el coordinador del Comité de Derechos Humanos del municipio indígena. “Si el gobierno nacional no atiende la exigencia de nuestras comunidades, aquí el pueblo está resuelto a sacar a los militares de la zona de frontera”.
Transparencia Venezuela – Capítulo Zulia