La juez de Primera Instancia en lo Civil del estado Carabobo, Omaira Escalona, prohibió el jueves 30 de junio a García, Berrizbeitia y el exgobernador del estado Aragua, Carlos Tablante, difundir información sobre el antiguo titular de Alimentación, quien previamente había demandado a estos tres dirigentes políticos “por daños y perjuicios morales”. “Mi demanda contra los ciudadanos Tablante, García y Berrizbeitia obedece a no seguir permitiendo más injurias a mi reputación y honor”, explicó el alto oficial de la Fuerza Armada Nacional a través de su cuenta en Twitter.
García, vicepresidente de la Comisión de Contraloría, respondió a Osorio y la jueza Escalona con el artículo 199 de la Constitución, que reza: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los electores o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitución y con los Reglamentos”.
El parlamentario recordó que el mayor general no compareció ante la AN cuando se le llamó, para que se defendiera de los cuestionamientos en su contra. “Seguimos esperando a Osorio y será citado nuevamente”, acotó. Negó, además, que este caso represente una ofensa a la FAN, pues opina que la mayoría de los militares son honestos y “víctimas” de la escasez de alimentos y medicinas que padece la nación entera.
García apuntó que Osorio y su sucesor en la cartera de Alimentación, el recién ascendido general de división Rodolfo Marco Torres, administraron en los últimos años 27 mil millones de dólares y, pese a esa suma, los anaqueles están vacíos. Acto seguido, propuso –y así fue votado por la mayoría- llevar el expediente al despacho de la fiscal Luisa Ortega Díaz, “para que demuestra su disposición a luchar contra la corrupción”.
Berrizbeitia enfatizó que el desabastecimiento de productos básicos es una “tragedia” provocada “por la corrupción y mala administración” de los funcionarios del Gobierno. Acusó a Osorio de mancillar el uniforme militar y fustigó al presidente Nicolás Maduro por no exigirle a su subalterno que “diera la cara” ante el Parlamento.
La fracción chavista ni siquiera intervino en la discusión. Sus principales portavoces en esta instancia, Pedro Carreño (PSUV-Delta) y Hugo Carvajal (PSUV-Monagas), no estuvieron presentes en toda la jornada, razón por la cual nadie rompió una lanza por el exministro.
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El diputado José Ricardo Salazar (UNT-Bolívar) señaló que las políticas públicas ejecutadas por el Gobierno han estimulado la corrupción y las importaciones ficticias. “Maduro no puede abstraerse de la responsabilidad política”, advirtió Salazar, quien afirmó que Osorio también dejó “cuentas pendientes” durante su gestión al frente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Más allá de censurar el desempeño del actual comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Central, Richard Arteaga (PJ-Anzoátegui) criticó lo que calificó como una “complicidad continuada” por parte del Gobierno, al no corregir las desviaciones que habrían penetrado aduanas, puertos y aeropuertos del país.
“En cada caso de corrupción siempre está metido un militar”, denunció Robert Alcalá (AD-Sucre), para quien Maduro “se burla del hambre del pueblo” cuando firma los ascensos de Osorio, Marco Torres y el general Manuel Barroso, expresidente de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
En esta sesión de la Comisión de Contraloría solo participó un legislador del Polo Patriótico, Rafael Rodríguez (PSUV-Sucre). Alcalá hizo notar la ausencia de los miembros de la bancada chavista, les acusó de no cumplir con su trabajo y, en especial, cargó contra su colega y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello (Monagas). “Tiene meses que no asiste a la AN”, remarcó.
El parlamentario adeco solicitó aplicar a los chavistas que faltan “la suspensión proporcional de la remuneración correspondiente a cada inasistencia o ausencia”, tal como lo establece el artículo 14 del Reglamento Interior y de Debates del Poder Legislativo.