Luego del revuelo generado por el recorte no anunciado del Registro Nacional de Contratistas (SNC), y la falta de justificación sobre las razones que lo motivaron, así como la metodología que en el futuro regirá para seleccionar a las empresas contratantes con el Estado, el pasado 23 de agosto en horas de la noche, el SNC emitió un comunicado en el que aclaró que la modificación obedece “a las múltiples denuncias recibidas por parte de los contratistas donde se evidenció que la información de la consulta pública del portal web estaba siendo utilizada por el crimen organizado con fines de extorsión y secuestro.”

El comunicado emitido por el SNC, en conjunto con el Ministerio Público y organismos de seguridad del Estado, sugiere que hacer opacas las contrataciones públicas es una manera de combatir el crimen organizado. Por el contrario, Transparencia Venezuela defiende que una de las formas de disminuir el delito de corrupción y lavado de dinero, es precisamente mediante la promoción de la transparencia y la participación ciudadana.

La medida establece que sólo los funcionarios públicos, luego de recibir un código y contraseña y mientras tengan autorizado su uso, podrán acceder libremente a la información de las empresas. Esto limita severamente el derecho de rango constitucional que tienen todos los ciudadano de participar en el control de la gestión pública, aumenta la discrecionalidad de los funcionarios en el otorgamiento de la información pública y los riesgos de corrupción en las contrataciones que realiza el Estado, sobre las cuales, de acuerdo a la información emanada por los medios de comunicación, también se ha incrementado la denuncia en estos últimos años.

Esperamos que el Gobierno también trabaje conjuntamente para establecer acciones que permitan atacar efectivamente y disminuir los grandes riesgos de corrupción en esta materia.