Coalición Anticorrupción exige investigación del caso de la abogada Eva Leal

El movimiento ciudadano realizó una denuncia pública por los hechos ocurridos el pasado 23 de junio  durante la detención del vehículo y la agresión a la profesional del derecho en Barquisimeto, estado Lara. En el “procedimiento” apuntan a la comisión de al menos cinco irregularidades.

Transparencia Venezuela, 26 de junio de 2020. El movimiento ciudadano Coalición Anticorrupción, conformado por más de 600 organizaciones de la sociedad civil, hizo una denuncia pública por los hechos ocurridos el pasado 23 de junio durante la detención del vehículo y la agresión a la profesional del derecho Eva Leal, en Barquisimeto, estado Lara. La Coalición apunta a la comisión de al menos cinco irregularidades, las cuales detalla en el texto de la denuncia.

Las organizaciones suscritas al movimiento demandan de las autoridades competentes, Guardia Nacional Bolivariana y Ministerio de la Defensa, la investigación del caso de la abogada Leal, las sanciones a las que haya lugar, así como recomiendan implementar sistemas anticorrupción y adelantar acciones para contrarrestar riesgos y oportunidades de que se cometan abusos y violaciones de los derechos de los ciudadanos, durante las labores de seguridad de los cuerpos policiales y militares.

A continuación, el texto completo de la denuncia publicada por la Coalición Anticorrupción: 

El cobro de “multa” termina en violencia contra una mujer a manos de efectivos de la GNB

El 23 de junio de 2020, día del abogado en Venezuela, la abogada Eva Leal fue atacada por la primer teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), María de los Ángeles Palmera, y luego detenida arbitrariamente, en un punto de control situado en el puente Macuto, ubicado en el acceso a la zona sur de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. Este hecho ha generado indignación en la comunidad larense, y en todo el país, debido a que se hizo viral el video que registró el momento del ataque. 

Según testigos y distintos medios de comunicación, en este incidente deplorable ocurrieron por lo menos cuatro irregularidades, que procedemos a numerar y detallar, con el propósito de exigir el inició de una investigación y de ser el caso se establezca sanción: 

Primera irregularidad: Cobrar una multa en efectivo. Un militar detuvo la camioneta en la cual se trasladaba la abogada con seis personas más y les indicó que por encontrarse en esa zona fuera del horario establecido para la circulación vehicular y peatonal, impuesto por la Gobernación del Estado Lara debido a la pandemia, debían pagar “una multa” de Bs. 350.000 y – adicionalmente- Bs. 150.000 por cada ocupante del vehículo, para poder continuar su paso. El sobrino de la víctima explicó, a través de un audio difundido en redes sociales, que “el (funcionario) de AMTT (Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito) me dice que, aparte de la multa, tenía que cancelar 150.000 bolos más por persona, de los que van en la camioneta (…) Quería que yo pagara 150 por cabeza y yo tenía a 7 en la camioneta y, aparte, los 350 de la multa de la camioneta (…)”.

Esta exigencia indebida de dinero, es un acto contrario a nuestro ordenamiento jurídico. Un guardia nacional no tiene competencia para imponer una multa, mucho menos para cobrarla. Ningún funcionario público puede exigir y cobrar dinero en efectivo en la vía pública. 

Es preciso mencionar que el artículo 71 de la Ley Contra la Corrupción establece que: “El funcionario público que arbitrariamente exija o cobre algún impuesto o tasa indebidos, o que, aun siendo legales, emplee para su cobranza medios no autorizados por la ley, será penado con prisión de un (1) mes a un (1) año y multa de hasta el veinte por ciento (20%) de lo cobrado o exigido”. 

Segunda irregularidad: La exigencia del pago en una cuenta personal, que de acuerdo a testimonios recogidos debía realizarse mediante el sistema pago móvil, constituye una arbitrariedad. Los funcionarios cuando imponen una multa solo emiten el acto administrativo, pero el pago se realiza depositando en la cuenta del Tesoro Nacional. Los movimientos bancarios de los funcionarios que se encontraban en el lugar, deben ser investigados.

Es pertinente indicar que además de lo establecido en el artículo 71 de la Ley Contra la Corrupción, el 69 agrega que: “El funcionario público que abusando de sus funciones, ordene o ejecute en daño de alguna persona un acto arbitrario que no esté especialmente previsto como delito o falta por una disposición de la ley, será castigado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años; y si obra por un interés privado, la pena se aumentará en una sexta (1/6) parte”.

Tercera irregularidad: Violencia física contra una ciudadana por grabar el momento de una irregularidad. Según testigos, mientras el conductor y el funcionario discutían, la abogada Leal se dirigió al militar para solicitarle el fundamento legal del requerimiento. También afirma que la abogada comenzó a grabar en video la discusión con su teléfono celular.

Este último hecho, de acuerdo a lo informado por allegados a la abogada, originó que la primer teniente de la GNB, María de los Ángeles Palmera, se abalanzara contra Leal, agrediéndola, lanzándola contra el pavimento y sometiéndola, causando contusión en la frente que ameritó cinco (5) puntos de sutura. En el audio difundido a través de las redes sociales, el sobrino de la abogada agredida aseguró: “Con la rodilla le estaba presionando la cabeza y le rastrilló la cara con el pavimento”.

La violencia ejercida ante exigencia de información y defensa de los derechos ciudadanos, constituye la tercera y más grave irregularidad registrada en este altercado. El abuso en que incurrió la teniente de la GNB vulneró el derecho a la integridad de la abogada e incluso colocó en riesgo su vida, lo que también puede encuadrarse dentro de la definición de trato cruel y la violación de artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En el video que circula por distintos medios de comunicación se evidencian gritos de personas exigiendo que dejaran de agredir a la abogada y se puede escuchar cuando afirmaban: “la están matando”, “le reventó la cabeza”. Sin embargo, la acción no se detuvo y el resto de los funcionarios presentes no intervino para evitar el ataque.

En plena agresión, la primer teniente María de los Ángeles Palmera comenzó a gritar que la abogada Leal le había quitado el arma de reglamento, estando en el piso y bajo sus rodillas, sin poder ver la totalidad de la escena. En los registros audiovisuales se puede observar claramente que la abogada Eva Leal no sostenía arma alguna en sus manos y los testigos afirman que nadie le había quitado el arma a la militar.

Cuarta irregularidad: Detención arbitraria y presentar a un civil ante la justicia militar. De acuerdo a la información obtenida, la abogada Leal fue detenida arbitrariamente lo que viola el derecho humano a la libertad, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Nacional y el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Ser llevada a la sede del Destacamento N° 121 de la GNB, ubicado en la Avenida Morán de Barquisimeto, para ser presentada ante tribunales militares, constituye una violación del principio del juez natural y del debido proceso, consagrado en los artículos 49 y 89 de la Constitución Nacional y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el Estado venezolano. 

Quinta irregularidad: Luego de haber pasado 48 horas detenida arbitrariamente, algunos medios reportaron que la abogada Eva leal fue puesta en “libertad” esta tarde, siendo trasladada de manera clandestina al tribunal militar en el estado Lara. Se le imputó el delito de ataque al centinela tipificado en el artículo 501 del Código Orgánico de Justicia Militar y se acordó una medida cautelar de presentación cada vez que el tribunal así lo requiera. El proceso continúa, allegados a la abogada sostienen que el día de hoy irá al médico forense y que se encuentra muy adolorida por los golpes que recibió al momento de la detención.

La actuación mostrada por los efectivos de la GNB en este “procedimiento”, y especialmente la actitud agresiva de la primer teniente María de los Ángeles Palmera, pone en evidencia el terrible efecto de la corrupción, que desencadena la violencia física y violaciones de Derechos Humanos por parte de los organismos creados para garantizar nuestra seguridad y enfrentar justamente hechos de corrupción. 

Es terrible que las funcionarias, posiblemente primeras víctimas de misoginia, sean victimarias y en algunas oportunidades sean usadas para acusar violencia de género. 

Todas estas violaciones y atropellos fueron cometidas sin obtener pronunciamiento alguno del comandante de la GNB del estado Lara ni del ministro de Defensa.

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Contra la Corrupción, exigimos: 

Primero: que se proceda a declarar la libertad plena de la abogada Eva Leal. 

Segundo: que la Fiscalía investigue los presuntos hechos de corrupción aquí mencionados, las violaciones a los Derechos Humanos causadas por la primer teniente María de los Ángeles Palmera y la complicidad de los funcionarios presentes. 

Tercero: que las autoridades de la GNB y el Ministro de la Defensa, realicen una investigación puertas adentro del componente militar involucrado y que implementen sistemas anticorrupción, que eliminen los riesgos y oportunidades que facilitan estos abusos, que se diseñen procesos de denuncia confiables y seguros para los denunciantes, al tiempo que se implementen sistemas de monitoreo, capacitación y evaluación permanente del desempeño de las unidades y de cada uno de los funcionarios. 

No a la impunidad.  

Por una Venezuela íntegra firman: