Cifras del Ministerio Público no muestran avance en la lucha anticorrupción
Transparencia Venezuela, 25 de abril de 2022.- Desde que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente lo designó como fiscal general de la República, Tarek William Saab viene asegurando que el castigo a la corrupción es una de sus prioridades. Sin embargo, los datos que el propio funcionario ha proporcionado revelan que el Ministerio Público venezolano es hoy menos eficiente en esta tarea, de lo que era durante la gestión de la ahora disidente Luisa Ortega Díaz, informa Suprema Injusticia.
“Hemos judicializado a 113 funcionarios, 99 han sido aprehendidos, 95 han sido acusados y 32 han sido condenados. Además, hay 97 órdenes de aprehensión por materializar”, afirmó Saab el pasado 8 de abril el presentar su informe de gestión del Ministerio Público, correspondiente a 2021 ante la Asamblea Nacional.
Asimismo, reportó a los diputados que el año pasado fueron detenidas 1.453 personas por presuntos hechos de corrupción, de las cuales 1.871 fueron imputadas, 1.693 acusadas y 723 fueron condenadas por admisión de los hechos y otras 75 tras juicios orales y públicos.
El número de fallos en los que los jueces declaran a alguien culpable de cometer irregularidades administrativas es donde queda de manifiesto el peor desempeño del Ministerio Público. En 2017, Ortega Díaz aseveró que un año antes sus fiscales imputaron a 3.165 personas por presuntos hechos de corrupción, mientras que terminaron acusando a 2.167 y consiguieron que los jueces enviaran a prisión a 979; es decir 18% más que lo registrado un lustro después.
Otro ámbito donde se observa un retroceso es en lo relacionado con los bienes y fondos incautados. Tarek William Saab informó a los diputados de la Asamblea Nacional que, en 2021, su despacho consiguió congelar activos por un valor de USD 14.000.000, una cifra que es tres veces menor a la que se presentó en el último año de gestión de Ortega Díaz, cuando solamente en el marco de las investigaciones relacionadas con ilícitos cambiarios se recuperaron USD 45.000.000, según figura en el informe del Ministerio Público del 2016.
