Facilitarle a los ciudadanos la información relacionada con las adjudicaciones de contratos y el manejo del presupuesto público, así como con las contrataciones de funcionarios y el financiamiento de los partidos políticos. Esta es para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la mejor manera de combatir la corrupción, la cual, a su juicio, representa una amenaza para el goce y disfrute de las garantías fundamentales, en particular de los grupos más vulnerables. 

En su resolución número 1-18, la instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), por segundo año consecutivo, puso su atención en el flagelo de la corrupción y formuló a los países de la región una serie de recomendaciones para atacar los delitos contra el erario público, entre las cuales destacan medidas para erradicar la «cultura del secretismo» y hacer más transparente a las administraciones.

Resolucion-1-18-es