Expertos reconocen que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU contribuyó a revelar lo que ocurre en Venezuela, y recomendaron a la Comisión de Derechos Humanos renovar el mandato de dicha instancia, para que ahonde en el impacto ambiental y las consecuencias económicas y sociales de la extracción ilegal de oro en el país
Transparencia Venezuela, 26 de septiembre de 2022. La extracción masiva y descontrolada de oro, en la franja de territorio al sur de Venezuela que abarca el Arco Minero del Orinoco (AMO), ha resultado en un ecocidio de dimensiones incalculables y en graves vulneraciones de los derechos humanos cometidos por grupos criminales que controlan la actividad. Ante esta realidad, organizaciones civiles y agencias internacionales exigen medidas urgentes para contrarrestar la situación y establecer responsabilidades.
El tema fue analizado por expertos que participaron en el seminario virtual Ecocidio, corrupción y violaciones de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, organizado por el Centro por los Derechos Civiles y Políticos (CCPR), Fundación Debido Proceso Legal (DPLF), SOS Orinoco, Transparencia Venezuela y Fundación Vortex. El evento se desarrolló en el marco del 51° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, bajo la moderación de Jan-Michael Simon, investigador senior del Max Plank Institute.
Los panelistas coincidieron en señalar que tras la minería ilegal actúa una red criminal -conformada por grupos armados, militares y paramilitares, con la anuencia o colaboración de autoridades-, responsable de la vulneración de los derechos humanos de la población de la zona. Además, destacaron que el vínculo entre la corrupción, la violación de los derechos humanos y el ecocidio que se comete en el AMO es un tema que debe ser atendido por la comunidad internacional.
“La corrupción es un impedimento para los derechos humanos y un ejemplo es lo que ocurre en el AMO”, dijo Katherine Valencia, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés). En su intervención insistió en la necesidad de eliminar la brecha que existe entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la comunidad anticorrupción para trabajar en conjunto por los derechos económicos, sociales, ambientales y políticos de los afectados por la minería ilegal.
Valencia afirmó que se necesita un poder judicial independiente y renovar el mandato de la Misión para que las organizaciones civiles expongan la información y tengan incidencia en un tema de gran impacto en los derechos de los ciudadanos.
En el mismo tenor se expresó Lázarie Eeckeloo, oficial de DDHH del Centro por los derechos Civiles y Políticos, quien afirmó que detrás de “una violación de derechos humanos de la magnitud de la que ocurre en el AMO están la defensa del poder y el sostenimiento de un sistema que, de otra manera, se vería afectado en sus operaciones”.
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Sistema criminal en el Arco Minero del Orinoco
Masacres en los pueblos mineros; desapariciones forzadas; asesinato de líderes indígenas; explotación laboral de adultos y niños; prostitución forzada; la contaminación del agua, suelo y aire, y la proliferación de enfermedades como la malaria han sido documentadas por organizaciones civiles que monitorean lo que ocurre en el AMO.
Para Cristina Vollmer de Burelli, presidenta de SOS Orinoco, Venezuela sufre la peor catástrofe ambiental del continente. Expresó que más que una zona geográfica determinada por el gobierno para la explotación minera, el AMO es la política minera oficial del Estado.
Vollmer mencionó que la explotación de oro en el Arco se hace a un elevado costo por el impacto medio-ambiental que genera el uso de sustancias altamente contaminantes como cal, mercurio y arsénico en la actividad minera.
Dijo que la organización ha investigado el impacto del mercurio, que utilizan para extraer el oro, en la flora y la fauna autóctona, así como en la población, mediante la recolección y análisis de muestras de agua, especies animales y humanos.
Vollmer agregó que los medios de comunicación, ONG de otros países y la comunidad internacional en general no han comprendido que la magnitud de la destrucción generada por el AMO lleva a otro nivel la crisis medioambiental venezolana, y afecta la estabilidad el hemisferio. “El Consejo de Derechos Humanos debe extender el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos, la cual ha abierto los ojos al mundo sobre mucho de lo que ocurre en Venezuela.”
Durante el evento se proyectó un video preparado por Transparencia Venezuela, en el que se describe la red de corrupción que opera alrededor de la actividad minera en la zona, la cual genera ganancias por más de 900 mil millones de dólares. También menciona el impacto ambiental por el uso de sustancias como cal, mercurio y arsénico en el proceso de extracción del oro.
Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de la organización, destacó que la actividad criminal alrededor de la minería ilegal ha convertido al estado Bolívar en la tercera entidad más peligrosa del país. “Los grupos criminales tratan de disfrazar sus operaciones con organizaciones caritativas que distribuyen ayudas sociales en comunidades, escuelas y centros de salud en áreas desasistidas”.
Señaló que el informe Economía ilícitas muestra cómo el Estado convive con los grupos criminales, los cuales, a través de esas “obras sociales”, obtienen el control político y social en las comunidades; especialmente, en zonas como El Callao y Las Claritas.
De Freitas destacó que, para poder subsistir, la población se ve obligada a formar parte del esquema de operaciones ilícitas que desde 2019 se ha autodenominado “El sistema”. Según el informe, los mineros deben entregar mensualmente sacos del oro que obtienen a esta organización, lo que genera una ganancia aproximada de 18 millones de dólares al mes para las bandas que controlan el mercado.
“Sí hay presencia del gobierno venezolano, pero en lugar de ser una solución se suman al problema. La convencía del Estado con los grupos criminales se ha vuelto tal, que ya no se puede diferenciar donde termina uno y empieza el otro», apuntó De Freitas.
“Expertos estiman que todavía hay mucho oro en el subsuelo venezolano, pero eso no se ha traducido en bienestar para la gente. Por el contrario, se ha incrementado la presencia de grupos criminales”, concluyó.
Respecto a la confusión de los límites entre las organizaciones criminales y el Estado, Eduardo Salcedo-Albarán explicó que Vortex ha venido mapeando la cooptación mutua, cómo funcionan y su impacto. “Estas redes se han definido como una superred de corrupción que se extiende a miles de individuos y empresas”.
Destacó que al inicio identificaron 5.000 nodos, entre individuos y empresas, que superan por varios órdenes al caso de corrupción más grande de la región, como es el caso Lava Jato. No obstante, la más reciente medición identificó 9.469 nodos, “que amparan, reflejan y sostienen la violación de los derechos humanos y el ecocidio que cometen las empresas y bandas que se cooptan mutuamente en Venezuela”.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela presentará su tercer informe en septiembre de 2022, momento en el que se espera que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU vote sobre la renovación de su mandato. Para la sociedad civil venezolana y las víctimas de violaciones de derechos humanos y corrupción, especialmente en la región del Arco Minero del Orinoco, es crucial que el mandato de la Misión se extienda para que pueda continuar con su trabajo único y vital de documentación y análisis.