Transparencia Venezuela 18 de marzo de 2026. Las debilidades de la Fiscalía General de la República en Venezuela no son puntuales ni recientes: son estructurales, acumuladas durante años y ampliamente documentadas por organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y expertos. El Ministerio Público ha sido caracterizado como una estructura que criminaliza, persigue y viola los derechos de todos los venezolanos, es visto como cómplice de la gran corrupción transnacional y garante de la impunidad. Es una de las instituciones instrumentalizadas para proteger la dictadura y se reconfiguró para hacerlo con gran efectividad. La Fiscalía no actúa como garante de la legalidad, sino muchas veces como instrumento del poder.
Esta acción criminal de la Fiscalía no es obra solo del fiscal general, se sostiene en un complejo entramado de leyes, normas, procedimientos y equipos que están alineados con el resto del sistema de justicia y que responden a los intereses del poder autoritario.
Ante el interés que ha despertado en muchas organizaciones venezolanas la elección de un fiscal general, desde Transparencia Venezuela insistimos en la importancia de considerar la necesidad de cambios en la estructura de la Fiscalía General de la República y no solo de la persona del fiscal.
En el listado de postulados publicado por la Asamblea Nacional vemos algunos nombres de reconocida trayectoria ética y profesional, y es meritorio que estén dispuestos a asumir esta gran tarea. Sin embargo, el reto de combatir la captura institucional previa, las redes de corrupción activas y la baja confianza pública debería comenzar con un nuevo diseño de la institución que tenga como propósito superar:
1. La falta de independencia frente al poder político.
2. La alta provisionalidad y falta de carrera en el Ministerio Público.
3. La concentración excesiva de poder en el cargo de fiscal general.
4. El uso político del sistema penal.
5. La impunidad estructural.
6. La falta de transparencia y rendición de cuentas.
7. La debilidad técnica y organizativa.
8. La desconfianza ciudadana y subregistro del delito.
Y para que el nuevo modelo de Fiscalía se implemente y tenga capacidad de ejecución se requieren dos condiciones:
1. Autonomía financiera, es decir, recursos para todo el sistema de justicia. Los recursos para los órganos del Poder Judicial no han llegado a 1,5% del presupuesto nacional en las últimas décadas.
2. Independencia política, funcional, relaciones de respeto y acatamiento ante – y sobre- el resto de los organismos de justicia, policiales, investigación, de prisiones, y los otros poderes del Estado.
Esta nueva estructura institucional le corresponde diseñarla a todo el país, bajo la dirección de un Poder Legislativo legítimo. Una Asamblea Nacional que realmente crea, sin ambages, en la democracia, la transparencia, la alternancia política y el respeto al derecho ajeno.
La Fiscalía General de la República tiene un papel fundamental en la Venezuela democrática e íntegra por la que trabajamos: acabar con la impunidad y recuperar el Estado de derecho y el debido proceso. Para ello tendrá que investigar y procesar a los miembros de la red de gran corrupción y de economías ilícitas; de las organizaciones criminales; a los violadores de derechos y torturadores; a los grupos de extorsión; y demás responsables de la destrucción de Venezuela. Pero muchos están aún en el poder.
¿Podrá un(a) fiscal en el contexto actual castigar a quienes saquearon y siguen saqueando a Venezuela y criminalizaron a todo el que disentía?
¿El resto de las instituciones va a respetar las decisiones que tome la o el fiscal contra los perpetradores de la gran corrupción y los responsables de crímenes de lesa humanidad?
¿Contará con recursos financieros y profesionales?
En los procesos de transición las cosas no necesariamente ocurren con criterios técnicos, pero ¿estamos ya en un proceso de transición o solo vivimos el reacomodo del mismo poder autoritario?
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