Este martes 30 de agosto, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional aprobó un Acuerdo en Rechazo a la Persecución Política Contra Voluntad Popular, Activistas y Demás Partidos Políticos de la Unidad Democrática.
El instrumento repudia la violaciones a los derechos humanos de los venezolanos y exige el cese de dichas acciones contra partidos políticos y dirigentes de los mismos.
El debate se llevó a cabo con la participación de los diputados: Freddy Guevara (VP-Miranda), Delsa Solorzano (UNT-Miranda), Richard Blanco (AVP-Dtto. Capital), Angel Medina (PJ-Bolivar), Miguel Pizarro (PJ-Miranda), Edgar Zambrano (AD-Lara), Simón Calzadilla (MVP-Aragua) y el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup (AD-Dtto. Capital), quien finalizó el debate.
Conoce el a continuación el Acuerdo:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Como Vocera del Pueblo Libre, Soberano y Democrático
ACUERDO EN RECHAZO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA VOLUNTAD POPULAR ACTIVISTAS Y DEMÁS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA
CONSIDERANDO
Que desde febrero de 2014 se han registrado sistemáticas violaciones a los derechos humanos de dirigentes de todos los partidos de la unidad, y en los últimos días con más fuerza contra activistas del partido político Voluntad Popular, quienes han sido víctimas de constantes agresiones y ataques por parte del Gobierno Nacional.
CONSIDERANDO
Que la desmedida y multiforme persecución política en contra de la dirigencia de esta organización con fines políticos, ha venido acompañada de detenciones arbitrarias, amenazas, acusaciones, siembras de evidencia, citaciones, allanamientos ilegales a sus sedes y domicilios, amenazas de ilegalización, además de difamación, injuria y sometimiento al escarnio público constante por parte de los más altos funcionarios del Gobierno venezolano contra miembros de este partido.
CONSIDERANDO
Que en el año 2015 su Coordinador Nacional, Leopoldo López Mendoza, fue injustamente condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas, a pesar de la absoluta precariedad argumental y probatoria; al igual que los activistas del estado Aragua, Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel, quienes fueron condenados a 8 años de prisión.
CONSIDERANDO
Que los dirigentes y activistas Daniel Ceballos, Rosmit Mantilla, Gilberto Sojo, Francisco Márquez, Gabriel San Miguel y Ángel Contreras permanecen injustamente privados de libertad; al tiempo que más de cuarenta y cinco activistas se encuentran bajo el cumplimiento de medidas cautelares sustitutivas de libertad y un gran número de activistas han sido detenidos de manera arbitraria o irregular.
CONSIDERANDO
Que durante su tiempo de reclusión, los prenombrados ciudadanos han sido objeto de tratos inhumanos, crueles y degradantes, de un severo aislamiento, de requisas nocturnas violentas, de humillaciones y vejaciones contra ellos y sus familiares, amenazas de muerte, privación de atención médica, privación forzosa de sus libros, anotaciones, periódicos y cualquier medio de esparcimiento.
CONSIDERANDO
Que producto de la implacable persecución política, varios activistas han tenido que abandonar el país por pesar contra ellos órdenes de captura, como es el caso de los dirigentes Carlos Vecchio y Antonio Rivero, o por existir graves amenazas contra su integridad y la de sus familiares.
CONSIDERANDO
Que muchos dirigentes de Voluntad Popular Activistas electos a cargos de elección popular han visto fáctica o jurídicamente suprimidos o mermados sus respectivos mandatos mediante artilugios fraudulentos y contrarios al espíritu democrático, como los casos de los alcaldes Lumay Barreto, David Smolansky, Daniel Ceballos, Patricia Gutiérrez de Ceballos, Warner Jiménez, Delson Guárate o el de los diputados electos a la Asamblea Nacional Rosmit Mantilla y Gilberto Sojo, o el del diputado estadal del Zulia, Lester Toledo.
CONSIDERANDO
Que con ocasión de la movilización nacional en torno a la firme exigencia de la realización del referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República en el año 2016, la persecución denunciada se ha visto radicalmente recrudecida, expresándose concretamente en la revocatoria de la medida de arresto domiciliario de Daniel Ceballos, en el endurecimiento de las condiciones de reclusión del dirigente Leopoldo López, el allanamiento de las residencias del diputado Lester Toledo y del Alcalde Delson Guárate, la emisión de una orden de aprehensión contra el alcalde Warner Jiménez, la detención arbitraria del dirigente Yon Goicochea, el traslado arbitrario de Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel, Francisco Márquez y Gabriel San Miguel a otros centros de reclusión y la intensificación de amenazas y amedrentamientos contra los diputados Freddy Guevara y Luis Florido y el alcalde David Smolansky.
CONSIDERANDO
Que el gobierno actual en su metódico proceder de silenciar las voces disidentes, ha violado de forma sistemática los derechos humanos de decenas de dirigentes de la Unidad Democrática, consagrados en distintos Tratados y Convenios Internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y documentos fundamentales del Sistema Interamericano sobre los Derechos Humanos, como son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José”
CONSIDERANDO
Que Venezuela se constituye como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que promueve como valor superior del ordenamiento jurídico y de su actuación la prevalencia de los derechos humanos, tal como lo disponen los artículos 2, 19, 22, 23 y 25 Constitucionales y que las actuaciones previamente referidas constituyen una terrible afrenta a dichos principios y valores.
ACUERDA
PRIMERO: Rechazar categóricamente la persecución política efectuada por el Gobierno Nacional contra las organizaciones que conforman la Mesa de la Unidad Democrática y en particular contra en Partido Voluntad Popular.
SEGUNDO: Expresar la más profunda solidaridad con todos los activistas y dirigentes que han sido víctimas de la persecución política en los últimos años.
TERCERO: Denunciar ante la opinión pública y ante la comunidad internacional las graves violaciones contra los derechos humanos que el Gobierno Nacional está produciendo deliberadamente en Venezuela.
CUARTO: Exigir el cese inmediato de la persecución y el retorno irrestricto de todas las Instituciones del Estado a los cauces constitucionales, legales y convencionales.
QUINTO: Dar publicidad al presente acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los treinta días del mes de agosto de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
HENRY RAMOS ALLUP
Presidente de la Asamblea Nacional
ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ JOSÉ SIMÓN CALZADILLA
Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente
ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS JOSÉ LUIS CARTAYA
Secretario Subsecretario