Los Clap han resultado insuficientes para mitigar la crisis alimentaria y contrarrestar las deficiencias nutricionales de la población, especialmente las de los más vulnerables, que requiere al menos 126 salarios mínimos mensuales para cubrir el costo de la canasta básica, estimado por el Cendas en USD 491
Transparencia Venezuela, 16 de octubre de 2023. Una de las aristas más devastadoras de la Emergencia Humanitaria Compleja que ha enfrentado Venezuela durante los últimos años, a causa de la corrupción, tiene que ver con la inseguridad alimentaria. El colapso de la economía derivado del descalabro de la industria petrolera y las deficientes políticas fiscales, junto con desacertadas medidas en materia de seguridad social e irregularidades en los programas destinados a aliviar las carencias, han llevado a la población a padecer una prolongada crisis alimentaria, que tuvo su pico en 2017, y que continúa afectando de forma dramática a los sectores de menores ingresos.
Las políticas sociales del Ejecutivo para mitigar la crisis social se han limitado a la asignación de compensaciones, sin incidencia salarial, entre ellas el llamado Bono de Guerra, que beneficia de forma diferenciada a empleados públicos, trabajadores del sector privado y pensionados y jubilados. Pese a que las asignaciones se hacen en el equivalente en bolívares a entre USD 20 y USD 30, a través del Sistema Patria, ni con los bonos se cubre el costo de la canasta alimenticia que, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), en agosto de este año se ubicó en USD 491 o Bs 16.756,48. Esto significa que una familia promedio requiere de 126 salarios mínimos para adquirir los productos de la cesta básica.
En este contexto, otro programa gubernamental que ha demostrado ser insuficiente es el de los Comités Locales de Alimentación y Producción (Clap), que desde su creación hace poco más de 7 años ha estado rodeado de múltiples irregularidades. Estos combos alimenticios, que según lo anunciado por Nicolás Maduro llegan a 7,5 millones de hogares, representan un alivio para las familias más necesitadas, pero al parecer son muchos los llamados y pocos los elegidos. Para Transparencia Venezuela, la implementación de este programa fue improvisada y trajo consigo la prolongación de la crisis de alimentos que ha vivido el país, tanto en producción como en distribución, pues no tuvo una sostenibilidad económica ni organizacional.
Los propios beneficiarios a través de las redes sociales y de la plataforma de denuncias Dilo Aquí, de Transparencia Venezuela han reportado malos manejos, como presunta sobrefacturación en la compra y distribución de los productos, utilización del beneficio con fines de control político y sobreprecio. De acuerdo con los registros de la oficina de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), entre 2016 y 2023, Dilo Aquí recibió 896 denuncias de irregularidades vinculadas con la distribución de la caja o la bolsa de los Clap. De esa cifra, 198 son reportes de suspensión del beneficio, 181 de distribución arbitraria, 172 de entrega esporádica, 163 de personas que no reciben el beneficio, 111 de irregularidades en el censo y 106 reportes de sobreprecio. El resto de las denuncias corresponden a discriminación (71), reventa de los productos (30), ausencia de rendición de cuentas (22), productos en mal estado (19) y manipulación electoral (13).
Y, más allá de la opacidad y la discrecionalidad manifiesta, expertos han advertido sobre la baja calidad de los productos que no cumplen con los estándares internacionales en cuanto a nutrientes y requerimientos calóricos de la población. Todos estos desequilibrios asociados a la dieta, suscita en el país una incidencia general de patologías sanitarias asociadas a la malnutrición como obesidad, retardo de crecimiento y deficiencias del sistema inmunológico.
El hambre no es poca cosa
La crisis alimentaria, que no alcanzan a satisfacer los Clap ni en calidad y ni en cantidad, es ampliamente reportada por organismos e instituciones nacionales e internacionales. De acuerdo con el informe Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina, publicado en enero de 2023 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Venezuela registra la mayor tasa de subalimentación de Suramérica, con 22,9% en el Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS); lo que significa que 6,5 millones de connacionales padecieron hambre entre 2019 y 2021. En tanto que el reciente reporte de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) señaló que en 7 de cada 10 hogares aún preocupa quedarse sin alimentos.
La misma medición reveló que, aunque en 2022 la pobreza mostró un leve descenso con respecto al año anterior, con 53% de la población en pobreza extrema y 81,5% en situación de pobreza, el país aún registra niveles alarmantes de desigualdad, que se expresan en una mayoría de la población dependiente de un salario mínimo de Bs 130, y un reducido sector que concentra los mayores ingresos.
Entre otros factores, esto se debe a que, una vez que estalló la burbuja de “mejoras económicas” que experimentó el país en 2022, para este año el fantasma de la hiperinflación ha vuelto a rondar a los venezolanos. De hecho, según el reciente informe del Banco Mundial sobre inseguridad alimentaria, Venezuela lidera la lista de los 10 países con la inflación nominal más alta del mundo, registrando un alarmante 414%. En tanto que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió en julio de este año que los elevados precios de los alimentos darán lugar a una situación de inseguridad alimentaria aguda, en medio de una limitada producción doméstica de combustible que afecta la disponibilidad e impacta en los precios.
La organización estimaba que, para el cierre de 2022, en Venezuela cerca de 9.000 niños sufrían de desnutrición aguda. En tanto que Cáritas-Venezuela ha alertado que la situación alimentaria de los niños menores de 5 años en el país sigue siendo crítica. Según la ONG, la desnutrición infantil en el país sigue siendo de 65%, lo que tendrá un impacto a largo plazo en las generaciones futuras que se encuentran mal alimentadas y sin los nutrientes necesarios en plena etapa de desarrollo.
Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, que opera desde 2021 en 2.000 escuelas de ocho regiones del país, ha complementado la dieta familiar de 450.000 niños, además de ofrecer comida caliente en los centros escolares a unos 16.000 menores. El organismo ha anunciado que para este año maneja un presupuesto de USD 120 millones, con los que aspiran a llegar a un millón de infantes.
Pero la asistencia internacional no logra cubrir del todo las deficiencias de políticas gubernamentales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que según el análisis del Presupuesto 2023 realizado por Transparencia Venezuela tuvo una asignación de poco más de USD 167 millones, es decir, Bs 1.984.414.532. La organización señaló que “si hay una población escolar de 4.691.421 niños, niñas y adolescentes, a cada uno le corresponden 424 bolívares por año escolar de 180 días. Es decir, cada uno recibirá apenas 2,35 bolívares en alimentos por jornada, equivalente a 0,20 dólares”.
Venezuela preocupa
Organizaciones de la sociedad civil, activistas y agencias internacionales han manifestado su preocupación por las secuelas que, a largo plazo, dejarán las carencias nutricionales en la población, tras considerar que durante años el Gobierno nacional ha negado la existencia de la crisis alimentaria y ha demorado su respuesta para la asistencia humanitaria que requiere la población más vulnerable, en particular, niños, embarazadas y adultos mayores.
Por ello, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, Transparencia Venezuela reitera el llamado a establecer políticas coherentes, efectivas y concertadas con la participación del sector empresarial, la sociedad civil y las instituciones públicas, para la atención de la población vulnerable que requiere asistencia humanitaria. Así como a establecer el tema de la alimentación como un asunto prioritario en las políticas públicas y en el diseño de los programas de gobierno, además de implementar mecanismos anticorrupción, de transparencia y de rendición de cuentas en las iniciativas de auxilio alimentario presentes en el país, incluidos los promovidos por el Ejecutivo, como los Clap.
De igual modo, la organización invita a los ciudadanos a continuar denunciando la corrupción y las irregularidades vinculadas con este programa a través de la aplicación móvil Dilo Aquí, por el correo electrónico [email protected] o por los números 0412-3122629 y 0212-2841287.
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