Transparencia Venezuela, 13 de noviembre de 2026. Venezuela necesita renegociar su deuda para recuperar la confianza, atraer inversiones, acceder al sistema financiero internacional, crear condiciones sostenibles para la reconstrucción económica del país y contar con capital para superar la crisis eléctrica, de salud, educación para solventar los problemas que afectan la calidad de vida de los venezolanos.
En nuestro nuevo reporte El proceso de reestructuración de la deuda pública venezolana: La transparencia es la prioridad analizamos las condiciones necesarias para resolver el problema de nuestro endeudamiento externo.
Una deuda insostenible de más de 170.000 millones de dólares requiere de una reestructuración que debe guiarse por principios y prácticas de transparencia:
1. Realizar una auditoría de la deuda: para verificar su legitimidad, identificar todos los acreedores y cuál es el monto global.
2. Determinación de responsabilidades por irregularidades: un proceso abierto, transparente, objetivo e imparcial de auditoría de toda la deuda pública incluye realizar una auditoría especial de las condiciones bajo las cuales se emitió la deuda, en particular los casos de ciertas emisiones privadas de bonos por los que se recibieron bolívares al tipo de cambio oficial para ser pagados en dólares, en momentos de amplias brechas cambiarias.
3. Sostenibilidad: reducir y reorganizar las obligaciones para que sean compatibles con la capacidad real de pago del país. La elaboración del análisis de sostenibilidad de la deuda no puede quedar en manos de los asesores financieros privados. Se debe garantizar el apego estricto a los principios constitucionales, mediante procedimientos fiscales transparentes que fomenten la participación y el diálogo con el sector académico venezolano y con las organizaciones no gubernamentales.
4. Seguridad jurídica: resolver litigios, evitar ejecuciones desordenadas y proteger los activos públicos.
5. Recuperación económica: recuperar el acceso al financiamiento y liberar recursos para inversión y servicios públicos.
6. Equidad intergeneracional: impedir que las condiciones de pago hipotequen los ingresos petroleros y fiscales de las próximas generaciones.
7. Independencia del sistema nacional de control fiscal junto a la capacidad de la Oficina Nacional de Crédito Público para crear condiciones institucionales sólidas que permitan acompañar el proceso de renegociación con transparencia.
8. Apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI): Los datos económicos de los análisis deben elaborarse con la colaboración del FMI, creando así espacios para el diálogo institucional.
9. Prevención de legitimación de capitales: en caso de canje de los bonos actuales por nuevos bonos, como resultado de un proceso transparente de renegociación
Lee y descarga el informe aquí