Transparencia Venezuela 18 de septiembre de 2026.– Desde Transparencia Venezuela nos complace que el tribunal especial cuarto en funciones de Control de Caracas haya acordado el cierre de la causa contra Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, quien fue arbitrariamente sometido a un proceso judicial sin sustento legal con el único fin de criminalizar su labor en defensa de los derechos de los venezolanos, especialmente de la libertad de expresión.
Correa fue acusado injustamente y sin ningún fundamento legal de delitos muy graves como financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales, asociación, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria.
Espacio Público difundió la boleta de notificación del sobreseimiento firmada por la juez con competencia en casos asociados a terrorismo, Yuly Sierra Goyo, documento en el que se lee que “el hecho objeto del proceso no le puede ser atribuido…” al activista.
La medida se tomó a partir de la solicitud hecha ante el tribunal por fiscales del Ministerio Público, un organismo que ha sido parte esencial del aparato represor en Venezuela.
Carlos Correa nunca debió ser sometido a un proceso judicial que fue nulo desde el principio. Es un patrón de actuación del sistema de justicia en Venezuela que ha servido para someter a decenas de personas a enjuiciamientos arbitrarios que violentan el debido proceso, el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Muchos de los señalados injustamente están aún tras las rejas y otros en libertad bajo régimen de presentación.
La acción del Estado contra Carlos Correa fue una muestra de la criminalización generalizada contra la población y en especial contra defensores de los derechos humanos y del espacio cívico en Venezuela.