La pérdida de condiciones y garantías electorales ha sido un proceso continuo, agravado paulatinamente por cada nueva directiva del Poder Electoral
Eugenio G. Martínez.
Transparencia Venezuela, 9 de febrero de 2026. Reconstruir la capacidad del Estado venezolano para organizar, administrar y arbitrar la competencia política bajo parámetros electorales de confianza, verificabilidad y aceptación de resultados se convierte en una tarea indispensable para la transición en Venezuela, especialmente si los procesos electorales se entienden como el mecanismo para la relegitimación de los cargos de elección popular, la reinstitucionalización de los poderes públicos y la resolución de las disputas por el poder.
Después de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, las elecciones municipales y regionales y los comicios parlamentarios de 2025, la credibilidad, autonomía y neutralidad de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) quedó severamente erosionada, lo que impide que futuras elecciones funcionen como un mecanismo legítimo para resolver conflictos de poder en medio de un proceso de transición política.
No obstante, el deterioro de las garantías y condiciones electorales no es atribuible exclusivamente a los actuales rectores del organismo comicial. El menoscabo en las condiciones del ciclo electoral venezolano ha sido un proceso sostenido durante las últimas dos décadas.
La actuación de las diferentes directivas que a partir de 1999 han precedido al organismo electoral generalmente han estado impactadas por las decisiones e intromisión de otros poderes. Esta dinámica demuestra que es indispensable revertir la politización en la composición del árbitro y crear condiciones verificables de autonomía para las decisiones técnicas y legales reforzando la independencia del Poder Electoral y evitando la captura institucional del organismo, los nombramientos discrecionales y la rotación basada en lealtades políticas.
La independencia real requiere un rediseño de la gobernanza interna: delimitación de competencias de órganos subalternos, protocolos que restrinjan sustituciones irregulares y extralimitaciones, y una carrera técnica que reduzca la discrecionalidad política en nombramientos en áreas operativas.
En términos constitucionales, este esfuerzo se alinea con la obligación de garantizar confiabilidad, imparcialidad, transparencia, eficiencia de los procesos y cumplir con el mandato de despartidización y descentralización de la administración electoral. En este sentido resulta indispensable la redacción de un Estatuto Electoral Especial que pueda normar la actuación de un CNE ad hoc para una etapa de transición política.