Un rastreo realizado en julio permitió la identificación de 92 buques petroleros cercanos a nuestros puertos, de los cuales 24 no mostraron sus identificadores marítimos y 12 están catalogados como ´furtivos´, mientras que un número indeterminado apaga y enciende su señal. La cifra real de los buques fantasmas podría ser significativamente mayor, pues los navíos aplican la práctica sistemática de apagar los sistemas de rastreo.
Transparencia Venezuela, 22 de agosto 2025. En julio, mes sin licencia para la operación en territorio venezolano de la petrolera estadounidense Chevron, Transparencia Venezuela documentó maniobras opacas de comercialización del crudo venezolano, un recurso público sobre el cual se desconocen el volumen de las ventas, los ingresos y cómo se están utilizando esos recursos.
A lo largo de julio no menos de 92 tanqueros de hidrocarburos se aproximaron a ocho puertos petroleros venezolanos, con una concentración en Amuay, Punta Cardón y el complejo petroquímico de Jose. Pero la cifra real podría ser significativamente mayor: la práctica sistemática de apagar los sistemas de rastreo por parte de numerosas tripulaciones impide registrar con precisión el flujo de buques en aguas territoriales de Venezuela.
De los navíos que pudieron detectarse, 24 no mostraron sus identificadores IMO –número único otorgado por la Organización Marítima Internacional a cada embarcación– en las proximidades de los puertos venezolanos, sumando más de una cuarta parte de los tanqueros que llegaron a aguas territoriales del país para cargar petróleo, gas y productos derivados de la industria nacional.
Otros 68 buques sí fueron identificados (74%), aunque en muchas ocasiones apagaron sus señales de AIS, el sistema de monitoreo reglamentario dispuesto por las autoridades internacionales de regulación del tráfico marítimo.
Buena parte de los buques descubiertos (80%) operan bajo banderas de conveniencia de paraísos regulatorios, como Panamá (23 buques), Islas Comoras (7 buques), Guinea (4 buques), Islas Marshall (3 buques) o Liberia (3 buques). De estos, al menos 12 están catalogados como ‘furtivos’ por compañías especializadas en riesgo de la industria naviera mundial.
La situación se agrava con la presencia recurrente de barcos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como el ROSALIN, que lleva bandera de San Tomé y Príncipe, y el MARÍA CRISTINA, de Cuba.
Incluso se detectó una embarcación vinculada a la llamada ‘flota oscura’ rusa, el BANDRA o SENSUS, que navega con doble identidad bajo la matrícula IMO 9296585.
La información recolectada también apunta a un patrón de exportación hacia China, Cuba, Países Bajos y Rusia. Asimismo, a finales de julio fueron confirmados al menos cinco trasiegos de carga (en inglés ship-to-ship o STS) en las cercanías de la terminal de la bahía de Amuay, en la península de Paraguaná, estado Falcón, con la presencia simultánea de 24 embarcaciones no detectadas por AIS.
Apagar las señales AIS y manipular los datos de ubicación e identidad reales de los buques forma parte de una práctica ilegal conocida internacionalmente como spoofing.
El riesgo permanente de desvío de fondos
Todos los hallazgos evidencian un riesgo permanente de desvío de recursos públicos puesto que las operaciones requieren de intermediarios dispuestos a transgredir normas, que pueden ocultarse y falsear información no sólo a quienes sancionan, también a la propia empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa). Así ocurrió entre 2019 y 2023, años en los que investigaciones de Reuters y Armando.Info develaron que la petrolera perdió la pista de sus intermediarios, acumuló cuentas por cobrar que rondaron los de USD 16.960 millones y aún hoy se desconoce cuánto de ese dinero se perdió o fue recuperado, si ingresó a las arcas públicas o fue nuevamente desviado.
La actividad petrolera es vital para la economía venezolana por ser la principal fuente de divisas y de ingresos fiscales, pero está bajo el monopolio de un régimen que, desde hace dos décadas, transformó la estructura de gobernanza y administración, generando grandes oportunidades de corrupción con impunidad.
La caída del bolívar, con una depreciación de 57,25% frente al dólar entre enero y julio de 2025, junto con una inflación acumulada de 229% a mayo y una contracción económica proyectada para finales de año de 4% –según estimaciones de fuentes independientes-, contrastan con las cifras enviadas por el gobierno venezolano a la OPEP según las cuales aumentó la producción de petróleo en el mes de julio a 1.084.000 barriles diarios, y contradicen la propaganda que afirma que no hubo impactos en la producción luego de la revocatoria de la licencia petrolera N° 41 y otras.
Si bien los precios internacionales del crudo venezolano sin sanciones (USD 58,14 por barril) y con sanciones (alrededor de USD 32 por barril), influyen en la dinámica económica actual, no es menos cierto que este problema viene azotando al país desde el año 2014, justo después del mayor boom petrolero de nuestra historia y mucho antes de que entrara en vigor la primera sanción financiera en 2017 y la acordada contra Petróleos de Venezuela en 2019.
El anuncio a finales de julio de una nueva licencia petrolera a la empresa Chevron para seguir operando en Venezuela permitirá retomar algunas actividades de comercialización de hidrocarburos formales ¿Qué tantas? Dependerá de su alcance aún incierto y de si habrá nuevas licencias que arropen a otras empresas como Repsol, Eni, Maurel & Prom o Reliance.