Transparencia Venezuela, 8 de agosto de 2025. El gobierno de Venezuela tiene múltiples cajas chicas o fondos extrapresupuestarios que le permiten gastar en tecnología para vigilar a todos en la oposición y a sus propios aliados. Estos fondos se utilizan sin supervisión y ante la inacción de los órganos de control, pero sobre todo escapan del escrutinio del ciudadano.
En la ley de Presupuesto Nacional de 2024, documento obtenido mediante una filtración porque no se publica desde el año 2016, se incluyó el proyecto “Mantenimiento en los equipos de captación de información de Contrainteligencia Militar”, del Ministerio de Defensa, con una asignación de 909.743.046 bolívares, que según el tipo de cambio de aquel momento (35,67 Bs/$) representaban 25.5 millones de dólares.
Mientras que el Ministerio de Interior, Justicia y Paz (MIJP) tiene el proyecto para “preservar la Soberanía Nacional, mediante la detección preventiva y neutralización de amenazas que pongan en riesgo la estabilidad del sistema democrático” con Bs. 1.949.814.175 asignados, equivalentes a USD 54.6 millones.
En 2025 hay un proyecto de Mejoras en el flujo de información del sistema de Contrainteligencia Militar (DGCIM) con Bs. 1.015.137.058 que, de acuerdo al tipo de cambio del día que fue aprobado el presupuesto, estimado en 47,72 bolívares por dólar, equivalía a 21.3 millones de dólares.
El MIJP es responsable en 2025 de un proyecto similar al de 2024 para “contribuir con el desarrollo, paz política, protección social y despegue económico mediante el fortalecimiento de las acciones de prevención e investigación alcanzando niveles superiores en materia de seguridad del Estado”, con 3.772.099.762 bolívares asignados, equivalentes a 79.05 millones de dólares.
Tales cantidades son una referencia del gasto en inteligencia y espionaje, registradas en la Ley de Presupuesto un documento que, como tantos otros, forma parte de la política de opacidad del gobierno. A lo largo de los años de análisis del Presupuesto Nacional de Venezuela, Transparencia Venezuela ha podido corroborar que no ha sido un instrumento comprehensivo de todos los ingresos y los gastos públicos.
Hay otros fondos que se manejan aún con mayor discrecionalidad y secretismo desde antes de 2009 y que van desde la creación del Fondespa, del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), de los fondos con China que administraron más de USD 50.000 millones, o el Fondo Independencia que se creó para sacar provecho de las ganancias cambiarias con la vigencia de varios tipos de cambio oficial desde 2010, hasta el manejo totalmente opaco y discrecional de transacciones estatales con criptoactivos.
El Fonden, Pdvsa, el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), la Corporación Venezolana de Minería (CVM), el Banco Central de Venezuela (BCV) o las billeteras digitales creadas por la Sunacrip son algunas de las opciones que tiene el gobierno para cubrir gastos de interés del gobierno, no necesariamente del país y de los venezolanos.
Con sello chino
China ha sido un proveedor importante de tecnología para el espionaje. En materia de seguridad interna, la empresa Corporación China de Importaciones y Exportaciones Electrónicas – CEIEC por sus siglas en inglés- es el proveedor de software y hardware para el bloqueo de páginas web Gran Cortafuegos, “una versión similar al Gran Muro digital aplicado en China, con el que Beijing mantiene una estricta censura sobre los contenidos de Internet y controla la información a la que acceden los ciudadanos, para evitar la difusión de datos y opiniones que no favorezcan al Partido Comunista”, según Infobae.
La empresa ZTE, multada en Estados Unidos por vender equipos de telecomunicaciones a Irán y Corea del Norte, es proveedor global de equipamiento de telecomunicaciones y soluciones de redes, según su página web. Fue la encargada, por un costo de USD 70 millones, de construir la base de datos del Sistema Patria y los carnés con código QR, según Reuter, que han sido calificados como instrumentos de vigilancia y coacción social porque se utilizan para el seguimiento no consentido de la población que recibe subsidios no contributivos, alimentos y servicios sociales como salud y educación.
Entre China y Venezuela se han identificado 15 acuerdos suscritos en materia de defensa y 51 en el área de telecomunicaciones desde 1999 hasta 2024.
La Encuesta de Presupuesto Abierto, medición que evalúa la transparencia de los documentos presupuestarios, la participación y la fortaleza de las instituciones de vigilancia en 125 países, ha calificado a Venezuela con cero (0) sobre 100 puntos máximos desde 2017, el peor desempeño de toda América y el penúltimo de todos los evaluados.