Nicolás Maduro explicó, el pasado 1 de agosto, su inédita decisión de acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que sea esa instancia la encargada de resolver las dudas en el anuncio de su reelección. El TSJ no tardó en atender la petición, a pesar de que con ello echó por tierra su propia jurisprudencia.
Hace más de una década, la Sala Electoral recibió un recurso contencioso electoral, la misma figura que interpuso Maduro, de un grupo de trabajadores de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal), en el que se le solicitaba que asumiera las funciones de la Comisión Electoral de la Caja de Ahorros del organismo y “proceda (…) a levantar el acta de totalización de escrutinios definitiva y en consecuencia (efectúe) la proclamación, juramentación y toma de posesión de los legítimos vencedores”. Esto, en virtud de que denunciaban que dicha comisión había desplegó una “actuación irregular” y había incumplido el “cronograma electoral”.
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