Esta es la segunda vez menos de cuatro años que PJ sufre una medida de esta naturaleza. La primera vez el TSJ entregó las riendas del partido diputado José Brito, quien denunció que no había democracia interna bajo el mando de la directiva tradicional
Transparencia Venezuela, 23 de abril de 2024. Primero Justicia (PJ) pasó a engrosar las filas del 75% de los partidos políticos del G4 que han sido descabezados por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia desde 2020. Acción Democrática y Voluntad Popular también vieron cómo sus autoridades eran removidas por el TSJ. Y aunque Un Nuevo Tiempo estuvo a punto de correr la misma suerte, la Sala Constitucional del TSJ jamás tramitó la petición que buscaba su intervención y tres años después la desechó.
La Sala Constitucional tomó la medida en su sentencia número 207, dictada el pasado 22 de abril de 2024 y cuyo contenido íntegro no ha sido publicado todavía en el sitio web del TSJ.
Aunque la sentencia ordena que Primero Justicia lleve “adelante el proceso de reestructuración”, una tarea que le encomendó a una junta directiva ad hoc que designó y la cual estará encabezada por el diputado José Brito, lo que no se conoce es cuánto tiempo tendrá los interventores para “organizar la consulta interna para la necesaria actualización y modificación de los Estatutos de la organización a los fines de su adecuación”.
Este dictamen tiene lugar en un contexto electoral complejo, caracterizado por las trabas al derecho a la participación, en el cual los magistrados siguen jugando un rol clave.
Decisiones como la suspensión de las elecciones primarias opositoras en la que resultó electa María Corina Machado y la ratificación de su inhabilitación, entre otras decisiones más recientes, son para esta instancia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) evidencia de “las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, apuntó en marzo de este año Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU.
