La provisionalidad judicial y las inhabilitaciones fueron algunos de los temas en las que los la delegación venezolana trastabilló durante el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, realizado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los pasados 10 y 11 de octubre en Ginebra, Suiza
Transparencia Venezuela, 16 de octubre de 2023.- Si la Constitución de Venezuela establece que los jueces deben ingresar al Poder Judicial “por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes” entonces ¿por qué la mayoría de los jueces venezolanos son provisorios a dos décadas de aprobada la carta magna venezolana?
Si la Carta Magna venezolana establece que solamente un juez puede impedirle a un venezolano postularse para un cargo público, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral (CNE) podría impedirle a un candidato opositor inhabilitado participar para las próximas elecciones presidenciales cuando la sanción administrativa que pesa sobre ellos no les fue impuesta por un juzgado, sino por la Contraloría General de la República?
De acuerdo con Suprema Injusticia, estas fueron algunas de las preguntas que el Estado fue incapaz de responder ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que se sometió los pasados 10 y 11 de octubre, en Ginebra (Suiza).
“Los jueces suplentes y provisorios tienen los mismos derechos constitucionales, los mismos sueldos y salarios y prestaciones. Todos tienen los mismos derechos y las mismas exigencias”. Con estas palabras el segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Henry Timaure, pretendió restarle importancia al hecho de que alrededor del 80% de los jueces de los más de 2.200 jueces que hay en el país son provisorios, temporales o accidentales, indicó el portal.
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Al responder las numerosas preguntas que el comisionado portugués José Santos Pais formuló respecto a la situación de los jueces y la independencia judicial, el magistrado Henry Timaure se enredó. Así quiso presentar la labor del Comité de Postulaciones Judiciales como una prueba de que estaba combatiendo la provisionalidad.
Pero no solo el magistrado Henry Timaure hizo pronunciamientos alejados a la realidad, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, quien encabezó la delegación que participó en el examen, también soltó algunas perlas sin sustento o que abren las puertas para confusiones, en particular en lo relacionado con las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría.
“No hay una persona en Venezuela, a menos que haya una decisión de un tribunal, que haya perdido el derecho a elegir o ser electo. Hay algunos personeros políticos han sido inhabilitados para cumplir funciones dentro de la administración pública. Ellos (los inhabilitados) pueden participar en una elección, puede elegir o pueden ser electos”, expresó.
Gil, con sus palabras, reitera la tesis que el TSJ ha impuesto en este asunto y según la cual una persona que ha sido sancionada por la Contraloría puede votar e incluso puede postularse para una elección, pero no puede administrar fondos públicos. Una decisión que, en la práctica, impide la materialización del derecho político a ser electo.
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