Las principales víctimas de este ilícito son mujeres y niñas de entre 13 y 35 años.
Pese a los compromisos asumidos en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano, son pocos los esfuerzos que adelantan las autoridades nacionales para prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas con fines de explotación sexual, uno de los cinco principales mercados criminales que operan en Venezuela
Transparencia Venezuela, 23 de septiembre de 2023. La trata de personas es un delito complejo que puede perseguir, entre otros fines, el trabajo forzoso, la servidumbre doméstica, la mendicidad forzada y la extracción de órganos. Sin embargo, de acuerdo con el primer y segundo boletín el Clúster de Protección de Venezuela, el principal objetivo de este delito es la explotación sexual, práctica de esclavitud moderna que prevalece en distintos estados del país y de la cual son víctimas, principalmente, adolescentes y mujeres de entre 13 y 35 años.
De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2021, esta actividad constituye el negocio ilícito de mayor presencia a escala global, en tanto que, en Venezuela, el referido reporte determinó que constituye uno de los cinco principales mercados criminales. Pero, pese a los compromisos asumidos en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano, son pocos los esfuerzos de las autoridades nacionales para prevenir, erradicar y sancionar este ilícito.
Transparencia Venezuela advirtió que la opacidad y la falta de acceso de la información pública relacionada con estas prácticas, impide determinar la dimensión real de su impacto y de las medidas para combatirlas. Salvo algunas cifras publicadas por el Ministerio Público, poco se sabe respecto al cumplimiento efectivo de las acciones adelantadas por el Estado para hacer frente a este flagelo.
Ante esta realidad, en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, la organización reitera el llamado a que se establezcan políticas públicas para combatir la trata de personas y otras prácticas de esclavitud moderna, además de identificar y garantizar la atención adecuada de las víctimas y sobrevivientes, en su mayoría pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población, entre ellos mujeres, niños y niñas.
El informe Economías Ilícitas, bajo el manto de la impunidad, publicado recientemente por Transparencia Venezuela, reveló que este mercado criminal gana terreno, entre otras razones, por los altos índices de corrupción e impunidad existentes y por la crisis migratoria que ha llevado a más de 7,2 millones de venezolanos a abandonar el país, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad, lo que los deja expuestos a ser víctimas de las redes de tráfico humano.
Según la investigación, el éxodo masivo de connacionales ha incidido en el incremento de casos de trata de personas. De igual modo, evidenció que el riesgo de ser víctima de este delito está estrechamente vinculado con la falta de documentos de viaje, como pasaporte, prórrogas o visas, requisitos que son exigidos por funcionarios públicos de seguridad y migración en las fronteras terrestres y marítimas de los países de tránsito o destino.
Plan nacional es tarea pendiente
El Estado venezolano no ha avanzado en la publicación del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2021-2025, compromiso que adquirió ante el Comité de Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), instancia que manifestó su preocupación respecto a las escasas medidas para prevenir, enjuiciar y castigar los casos de trata de personas, en particular de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual y trabajo forzado.
El comité también advirtió sobre la ausencia de protocolos para la identificación temprana de las víctimas de la trata y de asistencia a las mujeres que emigran de Venezuela de modo que conserven sus documentos oficiales de identificación, educativos y profesionales, lo cual reduce el riesgo de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Con base en esas debilidades institucionales y la ausencia de políticas públicas detectadas, el CEDAW recomendó al Estado investigar todas las denuncias de formas de esclavitud moderna, así como enjuiciar y castigar adecuadamente a los culpables; asegurar la protección de las mujeres y las niñas víctimas de la trata con fines de explotación sexual; elaborar y publicar sin demora del Plan Nacional Contra la Trata de Personas, y asignar recursos humanos, técnicos y financieros para su aplicación.
De igual modo, lo instó a elaborar una ley amplia sobre la trata de personas, que abarque también la explotación de las mujeres y las niñas a través de Internet; formular un protocolo para la identificación temprana de las mujeres y niñas víctimas de la trata y su desviación a los servicios apropiados, especialmente en las zonas fronterizas, y asignar fondos suficientes para asegurar unos servicios de apoyo adecuados.
Adicionalmente, el comité aconsejó al Estado proporcionar información accesible y oportuna sobre las prácticas ilícitas de las redes de trata y de tráfico de mujeres y niños, y facilitar a las migrantes sus documentos oficiales de identificación, educativos y profesionales.
Las debilidades institucionales y la corrupción han impedido al Estado cumplir efectivamente con su deber de prevenir, erradicar y sancionar la esclavitud moderna. En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil han actuado de forma articulada para documentar, denunciar y difundir estas prácticas, así como para garantizar la atención adecuada de las víctimas, uno de los principales postulados del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.