Transparencia Venezuela, a través de la oficina de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) y su App Dilo Aquí, recibe a diario decenas de reportes de ciudadanos que, superando el temor y la desconfianza en las instituciones, se atreven a alzar la voz para defender sus derechos y dar el primer paso para derrotar la impunidad y obtener justicia
Transparencia Venezuela, 23 de junio de 2023. Cada 23 de junio se celebra mundialmente el día del denunciante. Y, ¿qué se celebra? Para entenderlo es indispensable tener clara la esencialidad del denunciante. El denunciante da a conocer aquellos hechos que infringen la ley y afectan sistemáticamente los derechos humanos, lo que permitirá tomar medidas por parte de las autoridades competentes, para administrar justicia y evitar la impunidad.
En el caso de la corrupción, Transparencia Venezuela recibe a diario reportes de actuaciones irregulares de funcionarios, en el sistema de justicia o en los programas sociales, como los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), y otros ilícitos de corrupción en general. Para atenderlas la organización cuenta con una oficina de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), y su aplicación móvil Dilo Aquí, que ofrece asesoría jurídica gratuita a las víctimas y testigos.
A siete años de creada, la plataforma tiene experiencias exitosas de ciudadanos que, superando el temor y la desconfianza en las instituciones, se atreven a alzar la voz para defender sus derechos y dar el primer paso para derrotar la impunidad y obtener justicia. El caso más reciente fue el de un inquilino que permanecía ilegalmente en una local propiedad de la denunciante. A más de 2 años de la interposición de la denuncia ante el Ministerio Público, finalmente, el primero de febrero de 2023 se celebró la audiencia preliminar correspondiente a la causa.
En esa ocasión tuvo lugar la admisión de la acusación fiscal por parte del tribunal de control que estaba conociendo el caso, y se publicó el auto de apertura a juicio. Sin duda alguna, el hecho de que este caso haya pasado a esta fase, más allá de representar un avance para la consecución de la tan anhelada justicia, es un reflejo de la importancia de denunciar los hechos de corrupción y de la perseverancia de la víctima. Actualmente, se espera la realización de la audiencia de juicio, la cual estaba pautada para el 20 de junio de 2023, pero fue reprogramada.
El denunciante de corrupción
El papel del denunciante es y será clave para afianzar un estado de derecho sólido, pues la responsabilidad de tomar medidas en contra de quien viola la ley no es únicamente del Estado, sino que recae igualmente en todos los ciudadanos, quienes deben estar comprometidos de forma ineludible con la ética, la integridad y las buenas prácticas en el ejercicio de sus derechos frente a la administración de justicia.
La denuncia es un acto valiente y comprometido, donde los ciudadanos deciden romper el silencio y revelar situaciones irregulares de las que han sido víctimas o testigos. En Venezuela, denunciar es una herramienta vital para enfrentar la gran corrupción, causante de la Crisis Humanitaria Compleja que atraviesa el país e impacta negativamente en la iniciativa de los ciudadanos a denunciar, ya que genera desconfianza en las instituciones y temor a sufrir represalias por parte de los autores de hechos punibles.
Cuando las personas perciben que en las instituciones prevalece la corrupción, éstas pierden credibilidad, y los ciudadanos dudan de que su denuncia pueda ser investigada de manera imparcial y desencadenar en una sentencia justa. Además, la corrupción a menudo involucra complicidad y conexiones entre los investigados y las autoridades encargadas de realizar las investigaciones, por lo que las denuncias son una amenaza para estos vínculos. Por esta razón, los denunciantes con frecuencia se enfrentan a amenazas e intimidaciones por parte de aquellos a quienes señalan, a pesar de la vigencia de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, publicada en Gaceta Oficial N° 6.645 de fecha 17 de septiembre de 2021.
Con frecuencia la precitada ley no se cumple. En muchos casos en los que se solicitan medidas de protección para los denunciantes, las mismas no son concedidas; y en casos excepcionales donde son dictadas por los órganos jurisdiccionales, se quedan en el papel, puesto que no existe coordinación por parte de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de dichas medidas, por lo que no son acatadas, quedando en situación de indefensión y vulnerabilidad los denunciantes.
En este orden de ideas, el Servicio de Asistencia Legal Anticorrupción de Transparencia Internacional, en su reciente informe sobre Mecanismos de Protección Física para personas que denuncian corrupción, publicado en enero de 2023, estableció que, a nivel global, “no todas las personas que denuncien hechos de corrupción podrán recurrir a cada uno de estos mecanismos de protección. En definitiva, es posible que para algunas haya un “vacío” de protección (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [ONUDD], 2015).”
Este vacío de protección es evidente en la legislación venezolana, al punto de que no existe regulación expresa en torno de la figura del alertador o denunciante de corrupción, lo que evidencia el precario desarrollo legislativo en la materia y la necesidad de que se tomen las acciones conducentes a adoptar dicha figura en nuestro marco legal.
Un modelo para legislar
Respecto al denunciante de corrupción o alertador, la Organización de Estados Americanos desarrolló un instrumento de Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a los denunciantes y testigos. En dicho instrumento normativo, se asimila como denunciante de buena fe, siendo definido dicho rol en su artículo 2, literal b) como: “persona que pone en conocimiento de la autoridad receptora la comisión de un presunto acto de corrupción en materia administrativa y/o penal para investigación”.
Se destaca que toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un acto de corrupción está en el deber de informar a la autoridad competente, sin que ello implique que se ponga en peligro su integridad, su familia, sus bienes o su situación laboral, en virtud de que el sistema de justicia debe disponer de la estructura y recursos necesarios para brindar y garantizar protección al denunciante.
Además, contempla expresamente la posibilidad de denunciar de forma anónima, sin necesidad de revelar los datos de identidad bajo ningún concepto, destacando que contiene un conjunto de condiciones que estructuralmente facilitan la denuncia, tales como: trámites de custodia documental distinto a los procedimientos ordinarios; designación de funcionarios especializados en materia de atención a la víctima; y disposición de medios telemáticos seguros para denunciar; entre otros.
Por otra parte, establece incentivos por denunciar actos de corrupción, lo que implica la posibilidad de que los denunciantes puedan recibir beneficios económicos, en los casos en que su aporte permita que las autoridades impongan penas pecuniarias a los responsables de los actos de corrupción.
Derechos y deberes
La Ley Modelo contempla medidas de protección personal, como protección policial, cambio de residencia u ocultación del paradero (esta medida podrá tener una aplicación extraterritorial de manera excepcional) y asistencia médica y psicológica; también prevé medidas de protección laboral que contemplan traslados de dependencia administrativa dentro de la entidad y de lugar de trabajo sin desmejorar sus condiciones laborales, y licencia con goce de sueldo. Las medidas de protección a los denunciantes son aplicables a los testigos, resaltando que, se incluyen una serie de medidas adicionales para garantizar su seguridad durante el proceso.
No obstante, los denunciantes también tienen que cumplir con una serie de obligaciones durante el proceso y la vigencia de las medidas de protección, ya que en caso de incumplimiento tienen responsabilidad civil frente al Estado, al igual que los funcionarios tienen la obligación de cumplir con sus deberes inherentes al otorgamiento de las medidas, ya que las inobservancias les pueden acarrear consecuencias administrativas, y hasta su destitución.
En este Día Mundial del Denunciante es necesario reconocer y agradecer la valentía de aquellos que han decidido alzar la voz y denunciar. Pero también es propicio un llamado a la reflexión. Por un lado, los ciudadanos necesitan comprender que su denuncia es fundamental para la construcción de un mejor país; por el otro, las autoridades deben garantizar la protección y seguridad de los denunciantes, así como investigar y sancionar de manera efectiva los casos reportados.
La denuncia es un poderoso instrumento de cambio.
¡Alza tu voz, por una Venezuela íntegra!
Si desea formular una denuncia, escríbenos a [email protected] o llama a nuestros números 412-3122629 y 0212-2841287.