Juez Marcelo Aguinsky. Cortesía La Nación
Tribunal en lo Penal Económico analizó contratos de provisión de bienes y servicios en el marco del fideicomiso bilateral Argentina- Venezuela y halló que existen presuntas pruebas de corrupción y una supuesta defraudación al Estado Venezolano, cuyas autoridades no dieron respuesta a sus rogatorias para colaborar en la investigación
Transparencia Venezuela, 28 de mayo de 2023. La justicia argentina procesó a un grupo de empresarios de ese país, que hicieron negocios con Venezuela, por lavado de dinero y sobreprecios. Según reseña la prensa argentina, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky acordó el procesamiento por el presunto lavado de cientos de millones de dólares a los hermanos Juan José, Carlos Alberto y Alejandro Levy, “Clan Levy”, quienes participaron en el fideicomiso bilateral que el entonces presidente Néstor Kirchner acordó con el gobierno de Hugo Chávez.
Aguinsky explicó que en el expediente se analizaron “hechos relacionados con una serie de contratos de provisión de bienes y/o servicios suscritos en el marco de un acuerdo binacional entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”.
“Apoyado en documentación contable, bancaria y societaria, tanto local como del exterior, además de documentos internos del clan Levy, el juez estimó que existen pruebas sobre una presunta trama de corrupción bilateral que incluyó varias etapas. La primera, una supuesta defraudación al Estado venezolano, la segunda el cobro de cientos de millones de dólares y, la tercera, la canalización de esos fondos a través de paraísos fiscales para ocultarlos, ya fuera para evadir fondos o el pago de retornos a funcionarios, entre otras opciones”, reza la nota de La Nación.com.
En la exposición del magistrado destacan sus intentos de obtener la colaboración de las autoridades venezolanas, a quienes habría enviado más de 20 exhortos, pero no tuvo respuesta. “Venezuela siempre mantuvo una posición cerrada ante la incesante y continua solicitud de asistencia jurídica internacional formulada por este poder judicial con el propósito de ahondar en los presuntos hechos delictivos ocurridos en dicho territorio. Su renuencia a responder a las comisiones rogatorias y aportar pruebas ha sido igualmente constatada por el intento de la defensa, que no obtuvo ningún resultado. El avance de la investigación del delito de legitimación de bienes ha sido posible con la verificación de un escenario más detallado de la maniobra, aportado a través de los datos proporcionados por otros Estados requeridos por los que circuló el dinero observado”, dijo el magistrado, recoge la nota del portal Infobae.
Destaca además que “para el juez desde el Gobierno argentino no se hizo nada para prevenir la maniobra investigada”.
Sobreprecios y embargo
Según la decisión de Marcelo Aguinsky, los procesados se habrían embolsado más de USD 282 millones de ese fideicomiso, tras venderle productos a Venezuela con sobreprecios de entre 47% y 441%, por lo que el juez decretó embargos multimillonarios, que en el caso de Juan José Levy ascendió a cerca de USD 345 millones -al tipo de cambio oficial-, ante la eventualidad de que deba devolver los fondos bajo sospecha a las arcas públicas, además de afrontar costas y una indemnización civil, apunta la información de La Nación.
El magistrado procesó también como partícipes necesarios a Julián Francisco Rubio, Maximiliano González Kunz y Manuel Vicente González, y consideró que existen pruebas suficientes para avanzar sobre la responsabilidad penal de cuatro empresas del grupo: Laboratorios Esme, Bleu Tel, Corporación Gulfos y Grupo Núcleo. Estas firmas vendían desde productos de higiene personal y suavizante de telas, hasta televisores y antenas, decodificadores y transmisores para televisión digital.
En su defensa, Juan José Levy indicó que los precios de los productos que entregó a las empresas venezolanas Suvinca y CANTV registraban diferenciales por el “riesgo Venezuela”, al considerar que el Gobierno venezolano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro pagaba “tarde, mal y nunca”. Pero, Aguinsky estimó probado que las operaciones carecieron de todo “riesgo comercial”, y que el uso intensivo de cuentas y sociedades offshore sólo buscaba “hacer perder el rastro del origen” del dinero que embolsaron.
Según apunta la prensa argentina, es ahora la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico quien deberá analizar si confirma los procesamientos decididos por Aguinsky.