La comunidad internacional, en especial los organismos del sistema de derechos humanos, ya están comprendiendo que la corrupción en Venezuela está causando muertes. La crisis humanitaria está afectando a 19 millones de personas, el robo de los recursos destinados a través de contratos a los hospitales, medicamentos, equipos médicos, alimentos, el servicio de agua, el sistema del servicio eléctrico entre otros, es causa directa e indirecta de muertes en Venezuela.
Transparencia Venezuela, diciembre de 2022.- En las últimas dos décadas Venezuela consiguió ingresos petroleros extraordinarios. Tan solo entre 2004 y 2014 a las cuentas nacionales ingresaron más de un millón de millones de dólares por las ventas de hidrocarburos, pero nada de esto impidió que a partir de 2015 el país se precipitara hacia una Emergencia Humanitaria Compleja. ¿La razón de la crisis? Una gran corrupción instaurada en el país, que ha quedado registrada en más de 300 investigaciones que involucran más de 67.000 millones de dólares. De acuerdo con las pesquisas de Transparencia Venezuela, más de 140 de esas investigaciones han sido abiertas por tribunales, fiscalías y parlamentos de más de 20 países.
El robo de dinero público continuado es una de las principales causas de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que padece Venezuela desde 2015, y que se explica por el colapso prolongado de las capacidades nacionales. Una crisis que ha producido 19 millones de venezolanos con necesidades humanitarias sobre una población estimada en 28 millones, de acuerdo con el informe de seguimiento de HumVenezuela de 2022.
La fama de la corrupción en Venezuela trasciende las fronteras. Con 14 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 de Transparencia Internacional, este es uno de los países con los más altos niveles de percepción de corrupción en una escala en la que el número 100 representa menor corrupción y el cero la mayor corrupción. Ocupa el puesto 177 entre 188 países del informe, en detrimento de la calidad de vida y el respeto a los derechos humanos de las personas.
“El del índice de percepción de corrupción en Venezuela refleja la opacidad generalizada, el clientelismo, y la mala gestión que caracteriza a la mayoría de los sectores y ramas de la administración pública del país; condiciones que sustentan a la que se ha convertido en la red de macro-corrupción y cooptación institucional más compleja del mundo”, se explica en Súper red de corrupción en Venezuela: Cleptocracia, nepotismo y violación de derechos humanos, una investigación de la Fundación Vortex y SciVortex Corp.
Seis hospitales sin construir, contenedores vacíos y otros actos de magia
HumVenezuela advierte que el colapso del sistema sanitario público se evidencia en la privación de servicios de salud que, antes de la pandemia, llegó a reducir sus capacidades en más de 80% en 2021. Esto afecta a 89,7% de la población que depende del sistema sanitario público para la atención de sus necesidades de salud; un 91,5% que no tiene protección financiera para gastos de enfermedad y en el contexto de una pobreza generalizada que ubica al menos al 58% sin recursos económicos mínimos para cubrir esos gastos de su bolsillo.
Aunque nunca la detuvieron, la Fiscalía ordenó la aprehensión de la exministra de Salud, coronela Eugenia Sader, por desviar una suma milmillonaria que estaba destinada a la construcción de seis hospitales de alta tecnología, y la compra de medicamentos e insumos médicos. Al final, quedaron seis hospitales sin construir, 25 contenedores con medicamentos vencidos, 32 contenedores de material médico quirúrgico e insumos vencidos, 13 contenedores de yeso y cinco contenedores vacíos por la módica suma de 1.500 millones de dólares que se esfumaron.
Con los MexiCLAP estafaban a los ciudadanos
Los CLAP han sido investigados en México, Colombia y Estados Unidos. En octubre de 2018 la Procuraduría General de México (mediante la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada) anunció el desmantelamiento de una red de empresas y particulares mexicanos que exportaba alimentos de baja calidad y con sobreprecio al gobierno de Venezuela y luego el mismo gobierno revendía a los “beneficiarios” del CLAP) al 112 % por encima del costo real a la población venezolana.
Este grupo obtuvo recursos y los desvió de sus fines humanitarios para adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, mientras se aprovechaba de la crisis hiperinflacionaria venezolana. El monto desaparecido en el acto fue de 140 millones de dólares.
1.700 millones de dólares en apagones
El país experimentó 138.200 fallas eléctricas durante nueve meses de 2022, de acuerdo con el Comité de Afectados por Apagones. Solo en el mes de septiembre hubo 27.569 fallas en 23 estados. Es muy difícil de explicar esta situación en un país con una de las más poderosas fuentes hidroeléctricas además de enormes yacimientos de petróleo, pero la electricidad es uno de los sectores con mayor corrupción en Venezuela.
España abrió investigaciones por presunto lavado de dinero en el sector eléctrico por 1.700 millones de dólares. La Fiscalía Anticorrupción presentó una acusación formal contra algunos de los principales directivos de Duro Felguera, grupo empresarial especializado en los sectores energético, industrial y de Oil & Gas, por delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales vinculados a fondos públicos venezolanos. Las pesquisas apuntan a que Duro Felguera pagó 105 millones de dólares al exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, para que usara su influencia en beneficio de contratos milmillonarios para la empresa.
La Gran Corrupción eterniza la impunidad
La desinstitucionalización producto de la cooptación del sistema judicial por la Gran Corrupción es al mismo tiempo garantía de su perpetuación. Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela lo expresa claramente cuando dice que “uno de los efectos más devastadores de la corrupción es que los poderosos toman el control de las decisiones de todo el sistema judicial: de la investigación, del procesamiento, de la sentencia, y es así como los ciudadanos, las víctimas de la corrupción, no pueden acudir al sistema de justicia para pedir protección. Por el contrario -explica- hemos visto cómo se criminaliza a las víctimas y a quienes intentan denunciar a poderosos involucrados”.
“La corrupción en Venezuela es un problema complejo», reflexiona De Freitas. “Hablamos de una gran corrupción que tiene vínculos con el crimen organizado transnacional, que tiene participación y actores involucrados en las economías ilícitas, lo que los convierte en actores muy poderosos no solo por su posición dentro de las estructuras del Estado sino por las redes en las que participa y por los recursos a los que tiene acceso”.
Esta situación produce además un fenómeno de revictimización. “Esta indefensión hace que haya un importante número de la población que se siente en situación de indefensión, porque es víctima directa de estos grupos ilícitos y corruptos, pero también es revictimizada por un sistema de justicia que no les permite defender sus derechos, y ni siquiera exigirlos”.
No habrá respeto a los derechos humanos si hay corrupción. Esta ha sido la postura de Transparencia Venezuela, reconocida en la Resolución 1/18 de la Comisión Interamericana de DDHH (OEA), donde se admite claramente que “la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo. La corrupción debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. Por lo que recomienda a los Estados adoptar mecanismos para combatirla.