Pese a la leve mejoría que experimentó la economía, el país se ubicó como el tercero con la mayor inflación alimentaria en un reciente informe publicado por el Banco Mundial, en tanto que los indicadores de pobreza y acceso a los servicios esenciales se mantienen como los más desalentadores de la región
Transparencia Venezuela, 19 de agosto de 2022. La crisis generada por la COVID-19 tuvo gran impacto en el panorama humanitario mundial. En sus proyecciones para este año, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA-ONU) estima que 274 millones de personas en 63 países requerirán protección y asistencia. La cifra representa un aumento significativo con respecto a los 235 millones de personas necesitadas en 2021, considerado el registro más alto en décadas.
En Venezuela, que padece los estragos de la Emergencia Humanitaria Compleja preexistente, el impacto ha sido mayor. Desde 2016, agencias internacionales expresaron preocupación por la severa escasez de alimentos y medicinas que enfrentaba la población, al punto de que, en 2018, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) calificó la situación venezolana como “catastrófica”. En 2021, el Comité Internacional de Rescate (IRC) la incluyó entre las 20 crisis humanitarias más devastadoras del mundo.
Desde entonces, diversas organizaciones han aunado esfuerzos para ayudar a los venezolanos en situación de pobreza extrema, inseguridad alimentaria e insalubridad. A las labores de campo en las comunidades más deprimidas de varios estados se sumaron más de 700 trabajadores humanitarios quienes, en lo que va de este año, han asistido a más 1,1 millón de personas.
Aunque el país ha experimentado leves signos de recuperación en la economía, el descenso de la hiperinflación registrada desde 2017 no se tradujo en mejoras en los precios. De hecho, en un reciente informe publicado por el Banco Mundial, el país se ubicó como el tercero con la mayor inflación alimentaria en un escenario global, donde los costos de los rubros agrícolas se elevaron como consecuencia del conflicto Rusia-Ucrania.
De igual modo, tal como lo registró la Encuesta Condiciones de Vida (Encovi) 2021, los indicadores de desigualdad, pobreza y acceso a los servicios esenciales se mantienen como los más desalentadores de la región. Ante esta realidad, voceros del Plan de Asistencia para atender la crisis regional causada por la situación en Venezuela, han advertido que aún persisten en el país las necesidades humanitarias.
Pobreza, desnutrición y éxodo
De acuerdo con los hallazgos de Encovi 2021, 94,2% de los venezolanos está en situación de pobreza. Esto significa que su ingreso mensual es insuficiente para cubrir el precio de la canasta alimentaria que, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), en junio de 2022, se ubicó en 459,84 dólares.
En contraste, el salario mínimo fijado por el gobierno de Nicolás Maduro es de aproximadamente 30 dólares. De estas cifras se infiere que el actual ingreso no alcanza para cubrir 10% de esa canasta, para lo cual se requieren al menos 20 salarios mínimos.
La imposibilidad de acceder a rubros alimentarios básicos influye en los índices de inseguridad alimentaria y desnutrición. Susana Raffalli, nutricionista e investigadora de la organización Cáritas de Venezuela, declaró que el consumo de proteínas en Venezuela cayó 80%. Lo que más preocupa, según la especialista, es la carne roja, una importante fuente de hierro, lo que a su juicio explicaría los elevados niveles de anemia existentes en el país.
Por otra parte, aún se registran apagones, escasez de combustible y de dinero en efectivo, altos índices de inseguridad, colapso del sistema sanitario y dificultades en el acceso al agua y al gas doméstico. Estas, entre otras condiciones, han provocado el mayor desplazamiento humano de la región y el segundo del mundo.
De acuerdo con los registros de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), hay 6.147.040 venezolanos regados por el mundo, de los cuales 5.087.495 se encuentran en países de Latinoamérica y el Caribe. El terrible drama que enfrentan los connacionales en las rutas migratorias, donde están expuestos a riesgos de corrupción y a delitos como trata de personas, sextorsión y explotación sexual; se extiende a muchos países de acogida, donde deben hacer frente a la xenofobia y la discriminación.
De mayores proporciones son los desafíos para quienes cruzan por el “tapón” de Darién, situado entre Colombia y Panamá, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Fronterizos de Panamá reportó que más de 28.000 venezolanos han atravesado ese inhóspito territorio y que, en lo que va de año, 10 perdieron la vida en el trayecto. La decisión de usar esa ruta, en lugar de hacer frente a los problemas en su país, habla de la magnitud de la crisis venezolana.
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“Significativas necesidades humanitarias”
En diciembre de 2021, la ONU estimó en 7 millones la cifra de venezolanos que requieren necesidades humanitarias en del país. De igual modo, el organismo apuntó a que se requieren $1.800 millones para garantizar la ayuda a los más necesitados dentro y fuera de nuestras fronteras.
En su reciente visita a Venezuela, el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de OCHA, Martin Griffiths, expresó que aún existen “significativas necesidades humanitarias” que deben ser atendidas. Además, reiteró la importancia de que la comunidad internacional se muestre solidaria con los venezolanos más vulnerables.
Griffiths anunció que publicarán el plan de respuesta humanitaria de 2022-2023, el cual requiere, solo para este año, alrededor de $795 millones destinados a asistir a 5,2 millones de personas. Este plan se enfocará en atender los servicios de salud, seguridad alimentaria, nutrición, fortalecimiento de los servicios básicos, educación, promoción de la protección y la movilidad humana.
En este contexto, y en el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Transparencia Venezuela reitera la necesidad de promover la transparencia y fortalecer los mecanismos anticorrupción para garantizar que la ayuda llegue a quien más lo necesita.
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