Los militares mantienen su poder en importantes cargos de la administración pública 

Estudio de Transparencia Venezuela revela que tras dos décadas de la autodenominada revolución persiste el interés, en altas esferas del poder, en mantener a uniformados activos y retirados en cargos de relevancia y con acceso a importantes recursos 

Transparencia Venezuela, 17 de noviembre de 2021. Un reciente análisis de Transparencia Venezuela revela que el poder de los militares en Venezuela no se ha debilitado, pues aunque han perdido espacio en la estatal petrolera Pdvsa, la presencia de representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantiene en importantes espacios como en las juntas directivas de al menos 103 empresas públicas y en 11 de los 34 ministerios del Ejecutivo, sin contar con las 24 empresas adscritas al Ministerio de la Defensa, la mayoría dedicadas a actividades que nada tienen que ver con fines castrenses.

Transparencia Venezuela ha hecho seguimiento de la FANB en el gobierno “cívico-militar” instaurado en las dos últimas décadas. Varias investigaciones publicadas por la organización muestran cómo el carácter político-partidista del sector militar, impulsado por Hugo Chávez y sostenido por Nicolás Maduro, que ha permitido a los militares acceder a cargos estratégicos en la administración pública, desde embajadas, ministerios y dirección de empresas propiedad del Estado, hasta gobernaciones y alcaldías.

Como resultado de la observación minuciosa del proceso que condujo a lo que algunos analistas han denominado como el “Estado cuartel”, la organización presenta Presencia militar en el Estado venezolano, informe que ofrece una visión actualizada del papel desempeñado por los castrenses en la estructura del Estado, cumpliendo labores que nada tienen que ver con las funciones establecidas en la Constitución venezolana, relacionadas con su deber de garantizar la independencia, soberanía, integridad y seguridad de la Nación.

El documento revela que, hasta octubre de 2021, hay más militares “comandando” empresas públicas porque forman parte de sus juntas directivas; especialmente en manufactura, y mantienen el control en un sector tan estratégico como el agroalimentario. Venezuela también tiene 14 embajadores, que han estado en el componente armado, y para las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) sigue reservando espacios a representantes de la Fuerza Armada que aspiran a ser gobernadores y alcaldes. 

De los 11 ministros militares hay 7 con sanciones internacionales. Los cuatro que no han sido objeto de esta medida son: Wilmar Alfredo Castro Soteldo (Agricultura Productiva y las Tierras), Raúl Alfonso Paredes (Obras Públicas), William Serantes Pinto (Desarrollo Minero Ecológico), e Ildemaro Moisés Villarroel Arismendi (Hábitat y Vivienda). Los 14 representantes diplomáticos que provienen de la FANB no han sido sancionados.

La paz de las armas

La notable presencia castrense en las altas esferas del Estado le ha garantizado al sector acceso a inmensos recursos y gran capacidad de maniobra política. De allí que se estima que tienen un peso específico en el grupo que controla el país. A esto se suma que están en posesión de las armas de la nación, con un papel determinante en el aparato represor para “mantener la paz social”.

El estudio determinó que de los 34 ministerios que integran el Ejecutivo, 11 se encuentran bajo la responsabilidad directa de un militar, lo que representa 32,35% del total. La cifra refleja un incremento con respecto a octubre de 2020, cuando solo estaban a cargo de ocho carteras ministeriales. De acuerdo con el informe, la mayoría de los militares que han estado o están al frente de algún ministerio, han sido sancionados por otros países o se encuentran bajo investigación por diversos tipos de delitos.

En 2020, Transparencia Venezuela evidenció que militares activos y retirados formaban parte de las directivas de 96 Empresas Propiedad del Estado (EPE), de un total de 706 compañías identificadas para ese año. Los nuevos hallazgos indican que, para septiembre de 2021, existen registros de 905 EPE, nacionales e internacionales, y que 103 de ellas tienen a representantes de las Fanb en las juntas directivas. 

Por otra parte, la mayoría de las 24 empresas adscritas al Ministerio de la Defensa no tiene fines militares y representan 2,6 % del total de las 905 EPE. En tanto que, al menos hasta septiembre de 2021, perdieron espacio en la directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la principal industria del país, que ahora está integrada por civiles. No obstante, mantienen su presencia en las empresas básicas centradas en el sector minero y metalúrgico. El holding de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) ha tenido 12 presidentes, de los cuales siete han sido militares activos o retirados. 

Cartera llena 

El secretismo que impera en materia presupuestaria impide tener un panorama claro de cuántos recursos maneja el sector militar, que tradicionalmente ha sido favorecido en la repartición de los fondos públicos. En 2019, el presupuesto para el Ministerio de Defensa fue de 4% del total de los recursos del país, mientras que el sector salud solo recibió 2%.

El rastreo realizado por Transparencia Venezuela durante el año pasado solo arrojó datos sobre el dinero asignado vía créditos adicionales, pues desde 2010 no se publican las cuentas de ejecución y gastos, y los informes de gestión y las Memorias y Cuentas desde 2015. Basados en esta información parcial, el monto asignado en 2020 a la cartera, que sigue desde 2014 bajo el mando del general en jefe Vladimir Padrino López, fue de USD 185.136.459. En tanto que, las 49 empresas propiedad del Estado en donde hay presencia de militares recibieron recursos por el orden de los USD $52.737.481,92, también a través de créditos adicionales.

Esta semana se realizará en Venezuela la elección de nuevas autoridades regionales y locales, en medio de un clima de denuncias por falta de garantías electorales y de respeto al voto. El oficialismo, a través del Psuv, sigue postulando a militares. Entre los candidatos provenientes de las Fanb destacan Carmen Meléndez, aspirante a la Alcaldía del municipio Libertador, en Caracas; Gilberto Pinto, excomandante general de la Armada, quien es candidato a la Gobernación del estado Sucre; mientras que el militar retirado de la Aviación, Julio León Heredia, aspira a la de Yaracuy.

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