La corrupción también roba los derechos humanos
Durante una semana, Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción difundirán una serie de videos que evidencia las repercusiones del desvío de fondos en el funcionamiento de sectores esenciales, así como las iniciativas impulsadas por la sociedad civil y las exigencias ciudadanas al liderazgo para prevenir y erradicar este flagelo
Transparencia Venezuela, 07 de octubre de 2021. Recientes informes de mecanismos multilaterales, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), avalan las investigaciones y denuncias de organizaciones civiles nacionales que alertan sobre la magnitud de la corrupción en Venezuela y su devastador impacto en la disponibilidad, calidad y accesibilidad a bienes y servicios vinculados con los derechos fundamentales de las personas. Además, coinciden en que las irregularidades y la opacidad en la gestión pública “socavan el funcionamiento y la legitimidad de las instituciones y los procesos, las normas del Estado de derecho y, en última instancia, del Estado mismo”.
En este contexto, y como parte de las iniciativas impulsadas por Transparencia Venezuela, a través de la Coalición Anticorrupción, para prevenir y erradicar este flagelo, del 10 al 16 de octubre tendrá lugar la Semana sobre Corrupción y Derechos Humanos. A lo largo de siete días, la organización y el movimiento ciudadano publicarán una serie de informaciones y videos dirigidos a visibilizar la estrecha relación que existe entre la corrupción y la vulneración del pleno disfrute de los derechos humanos. La programación incluye cuatro piezas audiovisuales, además de la activación de campañas de difusión en redes sociales.
El video Derechos Humanos, que inaugura el ciclo el próximo domingo 10 de octubre, resume la cotidianidad de una población que sobrevive sin agua, electricidad, gasolina y sin gas; sin salud ni educación de calidad, expuesta al crimen y a la violencia. Esta realidad, agudizada por la pandemia de COVID-19, es consecuencia directa de la Gran Corrupción instaurada en el país durante las dos últimas décadas, causante de la Emergencia Humanitaria Compleja y de la crisis que ha empujado a casi 6 millones de connacionales a abandonar el país.
En el clip se muestra cómo con el desvío y despilfarro de más 52.000 millones de dólares, solo en los 236 casos de Gran Corrupción identificados por el Corruptómetro de Transparencia Venezuela, se perdió la posibilidad de darle a los ciudadanos condiciones de vida dignas y más oportunidades. El sector salud ha sido uno de los más afectados por la sustracción de los recursos que pudieron destinarse a la construcción, mantenimiento y dotación de la red hospitalaria, vital para atender la pandemia. Lo mismo ocurrió en el servicio de agua, la producción de alimentos y el sistema eléctrico, entre otros sectores.
Para el martes 12 de octubre, está previsto el estreno de Ayuda humanitaria, pieza que detalla los alarmantes indicadores económico-sociales que activaron una respuesta internacional sin precedentes para atender a la población más vulnerable. Con 95% de los venezolanos viviendo en situación de pobreza, se teme que, debido a la corrupción, la asistencia no llegue al que más lo necesita. Este video, incluye declaraciones de Susana Raffalli, reconocida nutricionista venezolana especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres, quien advierte sobre los costos de la corrupción en término de vidas humanas.
Participación y exigencia
La permanente vulneración al derecho al Acceso a la información es el tema del tercer audiovisual, a publicarse el jueves 14 de octubre, en el que se exponen los retrocesos que se han registrado en esta materia en los últimos años, con el ocultamiento del presupuesto nacional y de las memorias y cuentas de los entes públicos. De acuerdo con el material, la opacidad se ha convertido en una política oficial que pretende negar las dimensiones de la crisis.
Entre 2016 y 2018, de 279 solicitudes ciudadanas de información, 273 no obtuvieron respuesta. La situación se agrava con el acoso y persecución a quienes se atreven a exigir información. Más de 5,2 millones de venezolanos no tienen acceso a noticias debido al cierre de más de 200 medios de comunicación desde 2004. Además, en el actual contexto de pandemia, no existe información confiable sobre el manejo de la enfermedad ni el destino de los recursos. De igual modo, se ha impuesto el secretismo en torno al proceso de adquisición de vacunas y tampoco hay respuesta a las denuncias de abusos y privilegios.
Pese a los atropellos y las adversidades, la sociedad civil venezolana no desmaya en sus propuestas de cambio. Expertos y 15 organizaciones solicitaron ante la CIDH priorizar las denuncias de violaciones de derechos en el país como consecuencia de la corrupción. Allí plantearon sus exigencias al Estado, dirigidas a garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos destinados a proteger la salud y la vida de los ciudadanos, en especial en tiempos de pandemia, y el cese de las persecuciones y amenazas contra el personal de salud, periodistas y pacientes que se atreven a denunciar.
El ejercicio del derecho a saber y exigir quedó plasmado en el cuarto y último video de la serie, Exigencias al liderazgo, que estará disponible en los portales y redes de Transparencia Venezuela y de la Coalición Anticorrupción a partir del sábado 16 de octubre. La pieza comienza señalando que la emergencia sanitaria no excluye la rendición de cuentas y que el acceso a datos públicos es clave para garantizar la participación ciudadana y para superar la emergencia.
Ante este escenario, que plantea la necesidad de un liderazgo político capaz de asumir con determinación la lucha contra la corrupción, las más de 900 organizaciones civiles que integran la Coalición Anticorrupción proponen un compromiso a los líderes en todas las áreas e instancias. Entre las acciones a asumir con urgencia destacan aprobar y cumplir las normas de acceso a la información pública; defender un sistema de selección de funcionarios basado en méritos y no en lealtades partidistas; respetar la separación de poderes; rechazar toda práctica de nepotismo y denunciarla; difundir el seguimiento a proyectos y servicios públicos; y establecer canales de consulta con los ciudadanos.
Mientras organismos como la ONU exhortan a los países a que los derechos humanos sean la guía de la reconstrucción postpandemia, en nuestro país debemos seguir en la lucha para erradicar la corrupción, pues solo eso garantiza estos derechos. La Coalición Anticorrupción trabaja para visibilizar este flagelo como factor determinante en la violación de los derechos humanos en Venezuela.
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¡Únete tú también a la lucha anticorrupción!