Monitor Legislativo, alianza de organizaciones de la sociedad civil, expresa su grave preocupación por el comportamiento de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y del bloque parlamentario oficialista en contra de la Diputada María Corina Machado.
El día martes, una vez más, la sociedad venezolana vio a través del canal televisivo de la Asamblea Nacional (ANTV) como se atacó y ofendió en su dignidad como persona a la Diputada Machado de manera arbitraria e inaceptable, en contra de lo previsto tanto en la Constitución como en el Reglamento Interior y de Debates.
Han sido días muy difíciles para la sociedad venezolana, la conmoción política y social es evidente. Por ello, resulta necesario que la Asamblea Nacional se convierta en el foro democrático, debe cumplir con el mandato constitucional deliberativo que sobre ella recae. Es el momento de que los parlamentarios asuman con sinceridad el debate democrático con absoluto respeto al pluralismo y tolerancia que garantiza y exige la Constitución.
Para ello es indispensable que cesen las amenazas, gritos e insultos contra la oposición y que prive el respeto entre todos los parlamentarios que representan las diferentes expresiones politicas que existen en la sociedad venezolana, todas ellas legítimas y con derechos.
El caso de la Diputada Machado merece toda la preocupación. Es un hecho notorio que ha sido atacada, incluso físicamente, dentro de la plenaria de la Asamblea Nacional. Esta actitud, que cada día se hace más agresiva, es un atropello a la Diputada, y una amenaza latente para el resto de los diputados de oposicion u oficialistas que se atrevan a levantar una voz crítica o presentar demandas legítimas, pues están bajo amenaza de ser destituidos arbitrariamente de sus cargos como diputados, como ya ocurrió en los casos de los Diputados Richard Mardo y María Mercedes Aranguren.
El proceso inició formalmente el martes 18 de marzo cuando, sin cumplir previamente con el procedimiento parlamentario, se presentó ante el Ministerio Público un documento con supuestas pruebas que justificarían solicitar el antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia y luego el allanamiento de la inmunidad parlamentaria e inhabilitación inmediata de la Diputada.
Queremos advertir que de repetirse el modo en que fue allanada la inmunidad de los Diputados Mardo y Aranguren se estarían violando, una vez más, mandatos constitucionales expresos, así como la voluntad popular. El proceso debido exige que para producirse tanto la separación del cargo como la inhabilitación política de un parlamentario, se debe en forma previa, contar con una sentencia firme condenatoria de un tribunal como resultado de un juicio, de modo que lo acordado por la mayoría simple es violatorio del artículo 49, numerales 1 y 2, de la Constitución venezolana.
Además, el allanamiento de la inmunidad, inhabilitación política y separación inmediata del cargo de la Diputada Machado, de acuerdo al artículo 187, numeral 20, de la Constitución, requeriría del voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes, y no se puede tomar en aplicación de normas de rango legal contrarias a tal exigencia.
La inmunidad parlamentaria es una garantía reconocida en el derecho nacional e internacional como mecanismo fundamental para la protección de la libertad de expresión, información, crítica, investigación, seguimiento, evaluación de personas o grupos poderosos de quienes se desempeñan como representantes del pueblo en el Poder Legislativo, pero en especial de la voluntad popular que eligió a ese representante, sin que el parlamentario se vea amenazado en su integridad y cumplimiento de funciones por actividades, expresiones o denuncias que realice.
Preocupa a las organizaciones que integran Monitor Legislativo las consecuencias que puede tener el que la Asamblea Nacional, como institución, esté siendo utilizada como herramienta de eliminación de adversarios políticos, pues la experiencia indica que esto genera un aumento de la violencia política o autocensura de diputados y demás venezolanos que por temor a ser víctimas del abuso de poder no se atreverán a realizar investigaciones, críticas, denuncias, es decir, cumplir con sus tareas institucionales y ciudadanas.
Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional a garantizar a todos sus miembros los derechos consagrados en la Constitución de la República, en especial los derechos de la Diputada Machado que han sido violados constantemente, así como a tomar las medidas necesarias para el restablecimiento del orden jurídico que ha sido abiertamente violado.
Asimismo, Monitor Legislativo le recuerda a las autoridades de la Asamblea Nacional que a más de tres meses de instalado formalmente el período Legislativo 2014 el pasado 05 de enero, y a más de un mes de la designación formal de la autoridades en las 15 comisiones permanentes, no ha presentado en plenaria la agenda legislativa anual. Instamos al Poder Legislativo a cumplir lo establecido en el artículo 68 del Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional el cual indica que al principio de cada período la Comisión Consultiva elaborará el programa básico legislativo anual que deberá contener la lista de los proyectos de ley que serán discutidos durante el año, que debe ser aprobada por la plenaria.
Caracas, 22 de marzo de 2014